En el estado de Texas, un nuevo proyecto de ley está provocando una ola de preocupaciones entre propietarios de pequeñas librerías, defensores de la lectura y activistas por la libertad de expresión. La iniciativa, conocida como Proyecto de Ley 1375, pretende regular la distribución de material considerado obsceno o perjudicial para menores, permitiendo que individuos afectados puedan emprender acciones legales contra negocios que faciliten el acceso a tales contenidos. Sin embargo, esta propuesta ha generado controversia debido a su interpretación ambigua y las posibles implicaciones negativas para los comercios independientes y el acceso a la información. Uno de los principales actores en esta controversia es Arlene Kasselman, propietaria de la librería independiente Seven and One Books en el centro de Abilene. Kasselman ha utilizado las redes sociales para incrementar la conciencia pública sobre las posibles consecuencias del proyecto de ley.
Según ella, la comunicación constante con asociaciones de librerías y grupos regionales les ha permitido mantenerse informados sobre las amenazas legislativas que podrían afectar la viabilidad de sus negocios. La ley propuesta permitiría que cualquier persona pueda demandar a un establecimiento que venda o distribuya material catalogado como "perjudicial" para menores, con un estándar legal que facilita ganar estos litigios. El problema radica en la definición vaga de qué se considera material perjudicial, lo que abre la puerta a interpretaciones subjetivas y posibles abusos legales. Kasselman señala que esta indefinición pone en riesgo no solo a las librerías, sino también a bibliotecas y otras instituciones que manejan información educativa. Los autores de la ley pretenden proteger a los menores de contenido inapropiado, pero la forma en que está diseñada la medida ha alarmado a quienes defienden la libertad intelectual y el acceso a la literatura diversa.
Anne Russey, cofundadora de Texas Freedom to Read, expresa que la regulación no solo afecta a las escuelas o bibliotecas públicas, sino que extiende el control a negocios privados, limitando la capacidad de las librerías para ofrecer una amplia gama de libros y materiales. La preocupación principal radica en que un padre insatisfecho con ciertos libros pueda presentar demandas sin fundamento legítimo, alegando que los contenidos son perjudiciales. Este escenario generaría un clima de inseguridad jurídica para los libreros, que además sufrirían un impacto económico significativo, dado que las pequeñas librerías no tienen los recursos para afrontar costosos procesos legales. El Proyecto de Ley 1375 ha sido objeto de debate en el Comité de Justicia y Jurisprudencia de la Cámara de Representantes de Texas, donde tanto partidarios como opositores han presentado sus testimonios. Ryan Goodwin, presidente del Partido Republicano del Condado de Taylor, ha mostrado su apoyo a la idea de restringir libros inapropiados para menores, pero mantiene escepticismo sobre la viabilidad del proyecto en su forma actual, dadas las limitaciones en su patrocinio y la ausencia de coautores importantes.
Goodwin enfatiza la necesidad de que cualquier ley futura defina con claridad qué constituye contenido dañino para evitar confusiones y abusos. Hasta ahora, la iniciativa no ha avanzado más allá del comité, pero el interés y la preocupación que genera la mantienen en la agenda pública. El impacto de la censura literaria no es algo nuevo para Arlene Kasselman. Criada en Sudáfrica durante el apartheid, experimentó de primera mano cómo la supresión de información afectaba a una sociedad. En su librería, ha dedicado un espacio especial a libros que han sido prohibidos, entendiendo que proteger el acceso a estas obras es esencial para evitar repetir errores históricos que limitan la libertad y el crecimiento cultural.
Kasselman subraya que, aunque apoyar la venta de material explícito o excesivamente violento a menores no es su intención, la barra para considerar un libro como perjudicial se ha colocado de forma demasiado baja, amenazando obras educativas reconocidas y literarias importantes, tales como "El Diario de Ana Frank", los escritos de Octavia Butler y clásicos como "1984" o "Rebelión en la Granja". Más allá del ámbito legal, el debate sobre la censura literaria en Texas refleja una tensión mayor entre la protección de los derechos individuales y el control social mediante la regulación del contenido cultural. Las librerías independientes, como la de Kasselman, representan puntos clave de acceso a diversas narrativas que enriquecen la comunidad y fomentan el pensamiento crítico. La propuesta también ha destacado un fenómeno creciente en Estados Unidos: el aumento de intentos de prohibición de libros, especialmente en bibliotecas y escuelas públicas, que según informes recientes alcanzaron niveles sin precedentes en 2023. Texas no es ajeno a este fenómeno, e iniciativas como el Proyecto de Ley 1375 podrían significar un paso más hacia la limitación del acceso a materiales literarios y educativos bajo la justificación de proteger a las audiencias más jóvenes.
Los defensores de la ley argumentan que es indispensable proteger a los menores de contenido nocivo y que los padres deben tener voz para decidir a qué tienen acceso sus hijos. No obstante, sus críticos advierten que la norma actual pone en riesgo la libertad de expresión y puede fomentar la autocensura entre libreros y consumidores por miedo a litigios. La posible obligación de verificar la edad de los compradores y restringir la entrada de menores a las librerías también ha sido motivo de preocupación. Esto podría alterar de forma significativa la experiencia de compra y el modelo de negocio de muchas librerías pequeñas, que dependen en gran medida de un ambiente acogedor y accesible a todo público. En Abilene, la comunidad literaria y comerciantes están atentos a las decisiones que tome el Comité de Justicia y Jurisprudencia, pues están en juego no solo aspectos legales, sino también la diversidad cultural y el derecho a la información.
La respuesta de Seven and One Books ha sido un llamado a la reflexión sobre los riesgos de la censura y la importancia de mantener espacios abiertos a todo tipo de pensamientos plasmados en libros. Este episodio en Texas podría marcar un precedente para otros estados donde movimientos similares intentan legislar el acceso a contenidos. La conversación en torno a la censura, la protección de menores y la libertad editorial continúa siendo un tema apasionado y complejo, en el cual los pequeños negocios, consumidores y legisladores deben buscar un balance que respete derechos y proteja a todos los actores involucrados. Mientras tanto, Arlene Kasselman y otros defensores de la lectura libre siguen promoviendo la importancia de recordar el pasado y luchar contra la censura desde todos los frentes. Su labor en la librería y su postura firme son un ejemplo del compromiso para defender la diversidad cultural y el acceso libre a la educación en tiempos de crecientes desafíos legislativos.
La historia de Seven and One Books no solo es la de una librería más en Texas, sino la de una voz que representa la resistencia ante cualquier intento de limitar la libertad intelectual y cultural en la sociedad actual. A medida que el debate avanza, el rol de estas librerías independientes será fundamental para preservar el derecho a leer y el acceso plural de ideas en la era contemporánea.
