En un contexto económico marcado por la volatilidad del mercado bursátil y la incertidumbre financiera global, el Congreso de Estados Unidos ha situado a los stablecoins como una de sus prioridades más urgentes. Pero, ¿qué son exactamente los stablecoins y por qué están captando tanta atención, incluso cuando la mayoría de la población desconoce su existencia? Más allá del ruido mediático, este nuevo tipo de criptomoneda está en el centro de un debate que mezcla tecnología, política, economía y conflictos de intereses. Los stablecoins son un tipo particular de criptomoneda diseñada para mantener una estabilidad en su valor, generalmente mediante la vinculación a monedas tradicionales como el dólar estadounidense. La idea principal detrás de estos tokens digitales es ofrecer la accesibilidad y rapidez de las criptomonedas convencionales, como Bitcoin o Ether, pero evitando sus fluctuaciones abruptas de precio. Para garantizar esa estabilidad, los emisores de stablecoins respaldan sus activos con reservas reales, como bonos del Tesoro de Estados Unidos u otros activos financieros confiables.
A simple vista, los stablecoins parecen la evolución natural y prometedora del dinero digital. Proponen un sistema de pagos más barato, rápido y accesible, especialmente en la era globalizada donde las transacciones internacionales siguen siendo costosas y lentas. Además, esta tecnología tiene un potencial significativo para ayudar a personas no bancarizadas, dándoles acceso a servicios financieros digitales sin la necesidad de intermediarios tradicionales. Sin embargo, la realidad es más compleja y llena de riesgos. La estabilidad prometida por estos tokens no es infalible.
A lo largo de los últimos años, se han producido varios episodios en que los stablecoins se han desvinculado de su paridad con la moneda fiduciaria, fenómeno conocido como “depegging”. Este tipo de eventos puede generar pérdidas significativas para los poseedores de estos activos y alimentar desconfianza en el sistema. Un ejemplo notorio fue el colapso de TerraUSD, un stablecoin algorítmico que no contaba con respaldo en activos reales y cuyo valor llegó a cero tras su quiebra. El sector de los stablecoins actualmente maneja un valor cercano a los 230 mil millones de dólares, cifra que atrae poderosamente la atención tanto de inversores como de políticos. Entre los actores más influyentes en esta arena se encuentra la familia Trump, quien ha lanzado su propio stablecoin a través de un proyecto financiero llamado World Liberty Financial.
Esta participación directa de una familia presidencial en el negocio del criptoactivo genera alertas sobre posibles conflictos de interés, especialmente cuando el propio presidente Donald Trump ha mostrado interés en convertir a Estados Unidos en un “centro global de la criptomoneda”. Ante estas circunstancias, dos proyectos de ley, conocidos como el STABLE Act en la Cámara de Representantes y el GENIUS Act en el Senado, buscan establecer un marco regulatorio para este sector emergente. Ambos borradores de ley comparten la intención de clarificar y delimitar el ámbito regulatorio de los stablecoins, permitiendo que ciertas entidades opten por regulaciones estatales menos estrictas en lugar de la supervisión federal completa. Además, plantean restringir el tipo de activos que pueden respaldar estos tokens, prohibiendo inversiones en activos de riesgo como Bitcoin. No obstante, esta regulación ha sido objeto de fuertes críticas por no ser lo suficientemente rigurosa.
Entre las preocupaciones se señala que permitir inversiones en fondos del mercado monetario, que ya han requerido rescates gubernamentales en el pasado, podría aumentar la vulnerabilidad del sistema. Asimismo, al permitir que entidades no bancarias entren al mercado de stablecoins, se construye un puente entre grandes empresas tecnológicas, como Meta o Amazon, y el sector financiero tradicional, abriendo la puerta a riesgos sistémicos importantes y preocupaciones sobre la privacidad y el control de datos financieros. Otro punto álgido es la exclusión insuficiente de emisores extranjeros de stablecoins denominados en dólares, lo que podría incentivar la migración de estos actores fuera de la supervisión estadounidense y favorecer prácticas ilícitas o riesgos adicionales para la seguridad financiera. Para muchos expertos, la urgencia en aprobar estas leyes no solo reside en la necesidad de modernizar el entorno financiero ante la revolución digital, sino también en el enorme volumen de dinero invertido en campañas electorales por parte de la industria cripto, que busca asegurar un marco normativo favorable. Esta dinámica política genera dudas sobre si el interés público está realmente en primer lugar o si prevalecen los intereses corporativos y personales.
