En un movimiento que marca un hito en la interacción entre gobiernos estatales y criptomonedas, la legislatura de Arizona ha dado un paso decisivo en la creación de una reserva estratégica de Bitcoin y activos digitales. Con la aprobación de dos proyectos de ley en la Cámara de Representantes, el estado se posiciona como uno de los pioneros en proponer la adopción estatal de criptomonedas en sus reservas financieras, un precedente que podría influir a otros estados y al gobierno federal de Estados Unidos. Las leyes recientemente aprobadas, conocidas como Senate Bill 1025 (SB1025) y Senate Bill 1373 (SB1373), representan una iniciativa para permitir que Arizona invierta hasta el 10% de sus fondos públicos en Bitcoin y otros activos digitales, con el objetivo de establecer una reserva cripto. SB1025 busca enmendar los estatutos estatales para dar cabida a un fondo estratégico de Bitcoin, mientras que SB1373 amplía este concepto para incluir una reserva de activos digitales en sentido más amplio. El proceso legislativo culminó el 28 de abril de 2025 con una votación favorable para ambos proyectos.
En SB1025, 31 legisladores apoyaron la medida, mientras que 25 se opusieron. Por otro lado, SB1373 recibió apoyo de 37 miembros y fue rechazado por 19. Estas cifras reflejan no solo la división existente sobre la incorporación de criptomonedas en finanzas públicas, sino también un cambio emergente hacia la aceptación de estas tecnologías en ámbitos gubernamentales tradicionales. Uno de los defensores clave de esta propuesta, el representante estatal Jeff Weninger, destacó que esta legislación sigue la tendencia nacional donde al menos 15 estados evalúan medidas similares. Weninger señaló que aunque la autorización para invertir en Bitcoin probablemente comenzará como una opción voluntaria para el tesorero estatal, establecer el marco legal ahora facilitará su adopción futura a medida que el ecosistema financiero evolucione.
Arizona se posiciona así como pionero en los esfuerzos por integrar criptomonedas en la economía pública, superando en avances legislativos a otros estados. Por ejemplo, New Hampshire también ha avanzado en una legislación comparable, la cual ha aprobado la Cámara estatal y se dirige al Senado para su consideración. Sin embargo, Arizona es la primera en concretar la aprobación de dos proyectos con propuestas claras para la creación de reservas cripto estratégicas a nivel estatal. A pesar del progreso en la legislatura, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha expresado reticencias previas, anunciando que vetaría cualquier proyecto que no garantice una solución financiera bipartidista sólida que proteja servicios como la salud para arizonenses con discapacidades. No obstante, con la reciente aprobación legislativa, se especula que podría estar dispuesta a firmar las leyes, especialmente si se aseguran mecanismos adecuados para equilibrar la innovación con la protección social.
Este desarrollo estatal ocurre en un contexto amplio donde el gobierno federal de Estados Unidos también está considerando la creación de una reserva nacional en criptomonedas. El expresidente Donald Trump firmó en marzo un decreto ejecutivo que propuso la constitución de una “Reserva Estratégica de Bitcoin” y una “Reserva de Activos Digitales” para el país. Complementariamente, legisladores como la senadora de Wyoming, Cynthia Lummis, han introducido proyectos para que el gobierno federal pueda poseer y gestionar más de un millón de Bitcoins, incluso a través de criptomonedas incautadas en procesos civiles o penales. La posibilidad de que un estado como Arizona establezca una reserva estratégica en criptomonedas tiene múltiples implicaciones. En primer lugar, representa un reconocimiento del valor y la importancia creciente de Bitcoin y otros activos digitales como reserva de valor y como parte de la diversificación de activos públicos.
Además, sienta un precedente regulatorio para integrar criptoactivos en estructuras financieras estatales, impulsando la adopción y legitimidad de la industria cripto. No obstante, esta integración también conlleva desafíos. Las criptomonedas, reconocidas por su volatilidad, plantean riesgos para la estabilidad financiera de los fondos públicos. La fluctuación del valor de Bitcoin puede impactar positivamente o negativamente en el patrimonio estatal. Por lo tanto, la legislación busca implementar límites prudentes en la inversión —como el tope del 10%— para mitigar riesgos y permitir flexibilidad.
Desde la perspectiva tecnológica y económica, la creación de reservas en criptomonedas puede conferir a Arizona una ventaja competitiva en la atracción de inversiones y empresas del sector fintech, blockchain y criptomonedas. Al estar entre los primeros estados con marcos legales claros para la tenencia estatal de activos digitales, Arizona puede promover un ecosistema favorable para la innovación y el desarrollo económico ligado a esta industria emergente. La decisión de Arizona también refleja cambios culturales y políticos en la percepción de las criptomonedas. A nivel nacional y mundial, se observa un creciente interés en integrar Bitcoin y otros tokens digitales dentro de estrategias de manejo financiero público y privado, superando las dudas iniciales y el escepticismo que durante años caracterizó la relación entre entidades gubernamentales y criptoactivos. Aunque la aprobación en la Cámara de Representantes es un paso fundamental, el proceso legislativo aún requiere la firma de la gobernadora para convertirse en ley y su posterior implementación práctica.
Será crucial observar cómo se diseñan los mecanismos específicos para la adquisición, custodia, valoración y auditoría de estos activos digitales, elementos esenciales para asegurar la transparencia y seguridad de las inversiones públicas en criptomonedas. Más allá de Arizona, este movimiento es parte de una tendencia global donde gobiernos, instituciones y empresas exploran las múltiples aplicaciones de las criptomonedas y la tecnología blockchain, desde reservas financieras hasta pagos, contratos inteligentes y mejoras en procesos administrativos. La creación de reservas de Bitcoin a nivel estatal también podría influir en debates más amplios sobre políticas regulatorias, fiscales y monetarias en el contexto digital. La aceptación de Bitcoin en las finanzas públicas plantea interrogantes sobre el papel de las criptomonedas como activos oficiales, el equilibrio entre innovación y regulación, y la capacidad de estos activos para complementar o desafiar sistemas tradicionales. En conclusión, la aprobación de los proyectos de ley en Arizona para la creación de una reserva estatal de Bitcoin marca un avance significativo en la evolución de la relación entre gobiernos y criptomonedas.
Este paso no solo podría transformar la gestión financiera estatal sino también motivar a otros estados y al gobierno federal a explorar y adoptar modelos similares, impulsando así la adopción institucional de criptomonedas en Estados Unidos y estableciendo un precedente para el futuro del dinero digital a nivel mundial.
