En un desarrollo judicial de gran relevancia para la industria cripto y el marco regulatorio de Estados Unidos, un juez federal en Texas ha sentenciado que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash fueron ilegales. Esta decisión implica que OFAC no podrá restaurar ni volver a imponer sanciones contra esta plataforma, marcando un hito en la lucha entre reguladores y servicios que operan en el ámbito descentralizado de las criptomonedas. Tornado Cash, una plataforma diseñada para mezclar transacciones en blockchain y ofrecer privacidad a los usuarios, fue sancionada inicialmente en agosto de 2022 por OFAC. El organismo estadounidense apuntó a Tornado Cash como un facilitador para el lavado de activos digitales relacionados con actividades maliciosas, en particular señalando vínculos con el grupo norcoreano Lazarus, conocido por realizar hackeos y robo de criptomonedas a gran escala. Pese a las acusaciones y la presión internacional, el camino legal de Tornado Cash ha sido complicado para las autoridades.
En enero de 2025, un tribunal determinó que las medidas tomadas contra la plataforma no se ajustaban a derecho, generando un proceso de revisión que culminó el 28 de abril con la resolución del juez federal Robert Pitman, quien declaró que OFAC no solo había actuado fuera del marco legal sino que además estaría prohibido restablecer las sanciones contra Tornado Cash. Este fallo llega después de que los usuarios de Tornado Cash, liderados por Joseph Van Loon, presentaran una demanda argumentando que la inclusión de las direcciones de los contratos inteligentes de la plataforma en la lista de personas especialmente designadas y bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés) de OFAC no cumplía con las normativas vigentes. La lista SDN es un mecanismo utilizado para sancionar a personas, empresas o plataformas que se consideran que representan un riesgo para la seguridad nacional o que están involucradas en actividades ilícitas. El caso de Tornado Cash representa un punto crítico en el debate sobre la regulación de herramientas que, aunque diseñadas para proteger la privacidad, pueden ser utilizadas malintencionadamente para ocultar fondos ilícitos. Para la comunidad cripto, esta disputa judicial refleja la tensión constante entre la necesidad de garantizar la privacidad financiera y el combate contra el lavado de dinero y financiamiento ilegal.
La batalla legal se intensificó cuando el Quinto Circuito de Apelaciones —una de las cortes federales superiores de EE.UU.— revocó la decisión inicial que favorecía al Tesoro y ordenó al tribunal inferior que concediera un juicio sumario parcial a favor de los demandantes. Esto llevó a que las sanciones fueran oficialmente revocadas, evidenciando fisuras en el enfoque regulatorio actual. De parte de OFAC y el Departamento del Tesoro, la respuesta fue evitar solicitar una sentencia definitiva, argumentando que la demanda se volvió irrelevante tras una resolución favorable a Tornado Cash.
Sin embargo, el fallo del juez Pitman ratifica que las sanciones deben quedar anuladas de manera permanente y que el organismo no podrá imponer las mismas o similares medidas contra la plataforma nuevamente. Este desenlace tiene importantes repercusiones para cómo serán tratadas en el futuro las plataformas y software de mezcla y anonimización en la cadena de bloques. Los defensores de la privacidad digital han señalado que penalizar a desarrolladores o plataformas por el uso que otros hacen de su tecnología es un precedente peligroso que podría asfixiar la innovación en el espacio cripto y perjudicar el desarrollo de herramientas legítimas para proteger la privacidad financiera. En ese sentido, la organización DeFi Education Fund presentó una petición formal dirigida a David Sacks, conocido como el "zar cripto" de la Casa Blanca, para solicitar que se retiren los cargos penales contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash. Storm fue acusado en agosto de 2023 de facilitar el lavado de más de mil millones de dólares en criptomonedas a través de la plataforma, y su juicio estaba previsto para julio.
Los defensores sostienen que responsabilizar a programadores por el uso indebido del software que crean sienta un precedente perjudicial para toda la industria blockchain. El enfrentamiento entre Tornado Cash y las agencias reguladoras estadounidenses evidencia el desafío de regular tecnologías disruptivas en un mundo digital que evoluciona rápidamente. Por un lado, está el imperativo de combatir delitos financieros que utilizan criptoactivos para burlar controles; por otro, la necesidad de respetar los derechos a la privacidad y la innovación tecnológica. El fallo en Texas sirve como advertencia de que la aplicación de sanciones sin el debido proceso y sin un marco legal sólido puede ser revertida por la justicia. A su vez, potencia el debate acerca de cómo deberían configurarse las regulaciones en la economía digital para equilibrar seguridad, derechos individuales y desarrollo tecnológico.
