En un movimiento que refleja la creciente aceptación y legitimación de las criptomonedas en Estados Unidos, la Cámara de Representantes de Nuevo Hampshire aprobó recientemente un controvertido proyecto legislativo que autoriza la creación de una reserva estatal de Bitcoin junto con inversiones en activos tradicionales como metales preciosos. Esta iniciativa legal, conocida como HB302, busca cambiar la manera en que el estado administra sus fondos públicos, permitiendo diversificar sus inversiones y avanzar en la modernización financiera. El proyecto HB302 fue aprobado con un estrecho margen, con 192 votos a favor y 179 en contra, reflejando un intenso debate sobre los riesgos y beneficios que implica incluir activos digitales en la cartera de inversiones estatales. De ser ratificado por el Senado estatal, este proyecto permitiría que el Tesoro de Nuevo Hampshire destine hasta un 5% de sus fondos públicos a activos considerados elegibles, incluyendo Bitcoin, cuya capitalización de mercado supera ampliamente el umbral estipulado en la ley. El porcentaje contemplado en la ley fue ajustado durante el proceso legislativo; inicialmente se propuso destinar hasta un 10% de los fondos, pero finalmente se optó por una asignación más conservadora para minimizar riesgos.
La medida incluye la posibilidad de invertir no solo en Bitcoin, sino también en metales preciosos como oro y plata, que históricamente han sido refugios seguros en tiempos de incertidumbre económica. Nuevo Hampshire es conocido como el estado “Live Free or Die” (Vive libre o muere), con una tradición política marcada por el aprecio hacia la autonomía y la innovación. El representante estatal Keith Ammon, promotor principal del proyecto, ha defendido la iniciativa argumentando que mantenerse atados exclusivamente al dólar estadounidense limita las opciones financieras y que invertir en Bitcoin representa la oportunidad de acceder a una clase de activos con baja correlación con las inversiones tradicionales, lo que podría fortalecer la estabilidad y rendimiento en el largo plazo. La inclusión de Bitcoin como una clase de inversión para fondos estatales es una tendencia en crecimiento en Estados Unidos, aunque aún con escasa adopción formal a nivel subnacional. Además de Nuevo Hampshire, otros estados como Wyoming y Pensilvania han presentado proyectos similares, aunque con diversos grados de avance y aceptación.
La iniciativa de Nuevo Hampshire destaca por ser la más cercana a convertirse en ley, gracias al respaldo conseguido en la Cámara de Representantes. Esta legislación viene en un momento de intensa discusión global sobre el papel que las criptomonedas deben jugar en las finanzas públicas. Los críticos aluden a la alta volatilidad de Bitcoin y posibles problemas regulatorios, mientras que sus defensores destacan la transparencia y la descentralización que ofrece el activo digital, además de su potencial para actuar como cobertura contra la inflación y la depreciación de monedas fiduciarias. Por su parte, el proyecto también contempla rigurosos mecanismos para la custodia y manejo de los activos digitales adquiridos por el estado. Según el texto del proyecto, las criptomonedas deben ser resguardadas por un custodio calificado, el tesorero estatal con soluciones seguras o mediante productos cotizados en bolsa registrados, asegurando así la protección frente a robos o pérdidas y alineándose con las mejores prácticas financieras y regulatorias.
En términos cuantitativos, el Tesoro de Nuevo Hampshire disponía de aproximadamente 3.6 mil millones de dólares en fondos públicos según su último informe anual. Si la asignación máxima del 5% se dirigiera exclusivamente hacia Bitcoin, utilizando el precio actual del mercado, esto implicaría la adquisición de aproximadamente 2,269 bitcoins, un volumen significativo que convertiría a Nuevo Hampshire en uno de los primeros estados en poseer una reserva considerable de esta criptomoneda. Además de su impacto económico, esta iniciativa podría tener repercusiones políticas y sociales. La adopción de Bitcoin en la gestión estatal podría atraer la atención de inversores, empresarios y desarrolladores de tecnologías blockchain, fomentando un ecosistema más dinámico en Nuevo Hampshire.
Asimismo, podría impulsar debates en otros estados, incentivando reformas similares y posicionando al estado como pionero en innovación financiera en el ámbito público. Por otro lado, esta medida se suma a movimientos paralelos a nivel federal, donde recientemente el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin a nivel nacional, centrada en la administración de activos digitales incautados por el gobierno. Esta sinergia entre iniciativas estatales y federales podría allanar el camino para la incorporación definitiva de las criptomonedas como activos oficiales en la gestión pública de Estados Unidos. Aun así, el proyecto debe superar el escrutinio del Senado de Nuevo Hampshire, donde se anticipa un debate intenso. Algunos legisladores manifiestan preocupaciones sobre la volatilidad inherente al Bitcoin, la seguridad en el manejo de activos digitales y la necesidad de una regulación clara y robusta para evitar riesgos de pérdidas significativas que impacten el erario público.
Además, el proyecto llega en un contexto global donde las criptomonedas enfrentan fuertes regulaciones, incertidumbre económica y fluctuaciones en su valoración. Este escenario introduce elementos de riesgo que deben ser ponderados cuidadosamente por los responsables políticos y financieros antes de hacer inversiones sustanciales en activos digitales. El interés de Nuevo Hampshire en explorar inversiones en Bitcoin e incluir esta criptomoneda en sus reservas estatales refleja una tendencia creciente de aceptación dentro del mundo financiero institucional. Cada vez más gobiernos, fondos y corporaciones reconocen a Bitcoin no solo como una moneda digital, sino como un activo estratégico que puede complementar portafolios tradicionales y aportar ventajas en diversificación y resistencia financiera. En conclusión, la aprobación del proyecto HB302 por la Cámara de Representantes de Nuevo Hampshire representa un avance significativo hacia la integración de las criptomonedas en la gestión pública estatal.
Este paso no solo refleja un cambio en la percepción oficial respecto a Bitcoin, sino que también proyecta una visión innovadora para el futuro económico del estado y potencialmente del país. Si la ley es finalmente ratificada, Nuevo Hampshire podría convertirse en un referente para la adopción de activos digitales en el sector público, demostrando cómo las administraciones pueden adaptarse a las nuevas realidades financieras y tecnológicas para optimizar la gestión de sus recursos y generar beneficios para sus ciudadanos. El éxito o fracaso de esta iniciativa tendrá repercusiones más allá de las fronteras estatales, pues podría inspirar a otras jurisdicciones a explorar fórmulas similares, promoviendo un cambio en la manera en que se entienden y manejan las inversiones públicas en la era digital. Mientras tanto, la comunidad financiera, los legisladores y los ciudadanos observan atentos la evolución de este proyecto, conscientes de que podría marcar un antes y un después en la historia de la criptomoneda y su relación con el sector público.
