La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos enfrenta un dilema crucial que puede transformar radicalmente la forma en que los ciudadanos acceden a las transmisiones televisivas por aire. En pleno siglo XXI, cuando la tecnología avanza vertiginosamente y la conectividad se vuelve esencial para la vida diaria, surge una iniciativa preocupante que amenaza con privatizar las ondas públicas. Esta iniciativa se conoce como la "Transición ATSC 3.0", una actualización del estándar actual de televisión digital que incluiría la incorporación de Gestión de Derechos Digitales (DRM, por sus siglas en inglés) en las transmisiones. Esta propuesta, impulsada por la Asociación Nacional de Radiodifusores (NAB), busca que las señales digitales sean encriptadas, lo cual significaría que solo quienes posean televisores con llaves de DRM podrían recibir y decodificar la programación.
En consecuencia, millones de estadounidenses perderían el acceso irrestricto a un recurso público por el cual ya se ha establecido un pacto social: las ondas de transmisión de televisión son públicas y deben permanecer accesibles para todos sin barreras ni costos adicionales. Históricamente, las frecuencias del espectro electromagnético utilizadas para emitir señales de televisión han sido consideradas un bien público. La concesión de licencias a los radiodifusores conlleva la obligación de ofrecer contenido gratuito accesible a cualquiera dentro del área de cobertura. Esto ha permitido que comunidades remotas o en contextos económicos vulnerables puedan acceder a información, educación y entretenimiento sin necesidad de incurrir en gastos adicionales o depender exclusivamente de servicios de internet, que no siempre están disponibles de manera adecuada o asequible. La transición hacia ATSC 3.
0 y la adopción de DRM representan un giro radical. Al incluir sistemas de encriptado, se restringe qué dispositivos pueden recibir la señal, lo que conlleva a un modelo mucho más cercano a la televisión paga que al servicio público tradicional. En otras palabras, se estaría imponiendo un impuesto invisible en forma de la obligación de adquirir nuevos equipos que cumplan con estos estándares de seguridad digital para continuar accediendo a contenido que antes era libre. El discurso oficial presentado por los promotores de la actualización se centra en los beneficios técnicos como la mejora en la calidad de imagen, sonido, capacidades interactivas y funciones avanzadas que podrían popularizarse para beneficiar al público. Sin embargo, esta postura encuentra cuestionamientos profundos.
Primero, porque forzar la adopción del DRM no es la única forma de introducir innovaciones tecnológicas; el compromiso del desarrollo abierto y voluntario ha demostrado ser mucho más favorable para la adopción masiva y el respeto a los derechos de los usuarios. Segundo, porque la presencia de un "autoridad de seguridad" privada encargada de controlar las licencias, las claves de encriptación y el cumplimiento abre la puerta a una privatización velada del espacio público. Este control centralizado y poco transparente puede limitar la competencia, sofocar la creación de dispositivos y aplicaciones nuevas, además de introducir riesgos para la privacidad y la libertad del consumidor. En términos de innovación, establecer un sistema cerrado y dirigido por intereses privados recuerda experiencias pasadas poco exitosas. Un ejemplo paradigmático es el del mercado de reproductores de DVD que, desde su aparición en 1995, se ha visto lastrado por los controles implementados a través de licencias centralizadas, lo cual ha limitado considerablemente las mejoras y nuevas funcionalidades en estos dispositivos durante décadas.
Este estancamiento tecnológico pone de manifiesto cómo el control restrictivo sobre la tecnología puede ser un freno para el progreso, en lugar de un incentivo para la evolución. Otro aspecto crítico es el impacto en las llamadas limitaciones legales sobre los derechos de autor, en particular en lo que toca a las excepciones que permiten a los usuarios realizar ciertas acciones consideradas como uso justo o "fair use". Actividades cotidianas y ampliamente aceptadas como grabar un programa para verlo más tarde, saltarse los anuncios o hacer investigaciones de seguridad se verían directamente amenazadas por un sistema DRM, que dificulta o prohíbe tales prácticas. Además, la ley Digital Millennium Copyright Act (DMCA) incluye penalizaciones que castigan la manipulación o eludir sistemas DRM, aun cuando sea con fines legítimos. Esto implica que la ciudadanía común se vería imposibilitada para ejercer derechos básicos y legales sin tener que atravesar burocráticos procesos de petición al gobierno, un mecanismo impráctico y restrictivo.
El impacto social de esta transición también debe considerarse con especial atención. Una parte considerable de la población estadounidense depende exclusivamente de la televisión por aire para informarse, entretenerse y educarse. Esto incluye comunidades rurales y tribales, así como hogares de bajos ingresos. Para estas personas, la televisión gratuita es un recurso indispensable que conecta con el mundo y les proporciona acceso a información vital y contenidos culturales. Obligar a dichos sectores a consumir un sistema cerrado implica una nueva forma de desigualdad digital, donde la falta de recursos económicos podría traducirse en pérdida del derecho a la información y la cultura.
En un momento en que la polarización y las fake news representan un desafío, mantener libre y abierto el acceso a la radiodifusión pública resulta más importante que nunca. Por estas razones, diversas organizaciones defensoras de derechos digitales, entre ellas la Fundación Fronteras Electrónicas (EFF), junto a entidades como Public Knowledge y Consumer Reports, han hecho un llamado urgente a la FCC para que rechace esta propuesta dañina. Argumentan que el avance tecnológico no debe ni puede ser excusa para restringir la libertad de acceso ni para transferir al sector privado el control sobre un recurso que pertenece a toda la comunidad. Si los radiodifusores tienen funciones innovadoras que ofrecer, la verdadera medida de su valía será que el público las adopte voluntariamente, no que se impongan a través de medidas de encriptación y control obligatorio. Además, es fundamental recalcar que la seguridad y privacidad del público pueden empeorar bajo un modelo donde un organismo privado decida qué contenidos y dispositivos son autorizados.
Esta centralización del poder podría fácilmente degenerar en abuso, censura indirecta o exclusión arbitraria, hechos que erosionan la confianza pública en los medios y en las instituciones regulatorias. El espacio de transmisión pública debe seguir siendo una plaza abierta, un bien común gestionado con transparencia y con el único propósito del interés social y cultural. En conclusión, la FCC se encuentra ante una encrucijada que puede definir el futuro de la radiodifusión gratuita en Estados Unidos por las próximas décadas. La propuesta de implementar DRM en el estándar ATSC 3.0, promovida por poderosos intereses mediáticos, implica la privatización encubierta de las ondas públicas, afectando el acceso equitativo, ahogando la innovación y restringiendo derechos fundamentales de los usuarios.
El argumento tecnológico de "funciones nuevas" no justifica un modelo de exclusión que perjudica principalmente a quienes menos recursos tienen y que ha mostrado en otros escenarios significativos consecuencias negativas para la diversificación y competencia tecnológica. Es indispensable que la FCC escuche las voces sociales, técnicas y éticas que exigen mantener abiertas y libres las ondas públicas, reconociendo que estas son un patrimonio colectivo de la nación. La democracia, la equidad y el progreso tecnológico deben ir de la mano con la defensa del acceso universal y sin trabas a la información y cultura transmitida por televisión. Más allá de discursos sobre modernización, está en juego un principio básico del contrato social: las ondas públicas no deben estar sujetas a bloqueo ni a controles excluyentes bajo ninguna condición. El rechazo a esta propuesta por la FCC será un acto de responsabilidad hacia los millones de estadounidenses que aún dependen de la televisión por aire y que merecen un futuro digital inclusivo, innovador y libre.
Sólo así será posible preservar un ecosistema audiovisual que sirva realmente al interés público y que promueva el desarrollo tecnológico al servicio de la comunidad y no al revés.
