La industria de las criptomonedas ha experimentado un notable aumento no solo en su popularidad y adopción, sino también en su capacidad para influir en decisiones políticas y regulatorias en Estados Unidos. Un fenómeno reciente y significativo ha sido la inversión millonaria de empresas cripto en super PACs y campañas políticas, que ha dado resultados palpables en la aprobación y avance de legislaciones favorables al sector. Este cambio en la dinámica política ha ocurrido en un contexto donde estas compañías buscan no solo legitimidad, sino también una reducción de la supervisión regulatoria que las ha afectado durante años. Durante las elecciones de 2024, un grupo de super PACs financiados mayormente por gigantes del sector cripto, como Coinbase, Ripple y Andreessen Horowitz, gastó más de 130 millones de dólares para apoyar candidatos afines a la industria. Estas inversiones estratégicas se dirigieron a carreras políticas reñidas en diferentes estados, con el objetivo claro de poner en el Congreso a legisladores que comprendieran o respaldaran las necesidades de las criptomonedas.
El resultado fue contundente: 53 de los 58 candidatos respaldados por estos fondos ganaron sus contiendas, marcando un cambio drástico en la representación política favorable a la cripto. Entre los beneficiarios destacados se encuentran figuras como el senador Ruben Gallego de Arizona, quien recibió alrededor de 10 millones de dólares para su campaña proveniente de estos super PACs. Gallego, tras ser elegido, ha mostrado un apoyo abierto a proyectos legislativos respaldados por la industria criptográfica, destacando la aprobación preliminar de la Ley GENIUS. Esta ley propone establecer reglas claras para la emisión y regulación de stablecoins, criptomonedas cuyo valor está ligado a un activo estable, típicamente el dólar estadounidense. La Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.
S. Stablecoins Act) representa un paso crucial para la industria, ya que pretende crear un marco regulatorio federal que permita a las empresas criptográficas emitir stablecoins con ciertas garantías y supervisión. Esta legislación apunta a ofrecer mayor seguridad y confianza a los consumidores, aunque no ha estado exenta de críticas. Grupos de consumidores y algunos sectores preocupados por la protección del usuario han señalado que las disposiciones podrían ser demasiado flexibles y favorecer excesivamente a la industria, dejando lagunas para posibles abusos o riesgos sistémicos. Sin embargo, la rapidez con que esta normativa avanza en el Senado y en la Cámara de Representantes evidencia un cambio en la agenda política.
La influencia del sector se fortalece no solo por el respaldo económico sino también por el posicionamiento estratégico de legisladores que, beneficiados por el financiamiento cripto, tienen cargos relevantes en comités clave, como el Comité Bancario del Senado y subcomités especialmente creados para tratar temas de criptoactivos. Paralelamente, la administración de Estados Unidos también refleja un cambio en su postura hacia las criptomonedas. Durante la presidencia de Biden, hubo una campaña de supervisión y sanciones más estricta contra empresas cripto, impulsada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Sin embargo, tras la toma del poder de la administración Trump, que incluye a personas con intereses en el sector y un enfoque más amigable hacia la innovación tecnológica, la dinámica regulatoria ha cambiado radicalmente. El gobierno ha flexibilizado su enfoque, retirando algunas demandas y promoviendo la idea de un «reserva nacional de criptoactivos», un concepto que involucra la acumulación oficial de Bitcoin y otras monedas digitales.
Esta posición del ejecutivo ha generado controversia, especialmente porque algunos expertos e incluso legisladores demócratas han señalado que ciertas acciones favorecen negocios vinculados a figuras políticas, incluido el propio expresidente Trump. La aparición de stablecoins vinculadas a empresas con lazos políticos ha aumentado las sospechas sobre un posible uso de la política pública para beneficiar intereses privados en el sector cripto. Más allá de la legislación sobre stablecoins, la industria también busca modificar las reglas sobre la estructura y supervisión del mercado de criptomonedas en general. El propósito es que la mayor parte de las criptomonedas no sean clasificadas como valores bajo el amparo de la SEC, lo que limitaría la capacidad regulatoria y reduciría la probabilidad de sanciones. A través de grupos de presión y cabildeo intenso, firmas como Coinbase, Ripple y Binance han desplegado una estrategia coordinada para lograr esta redefinición legal.
Los defensores del uso político del gasto de la industria cripto argumentan que el sector aporta innovación, generación de empleo y competitividad internacional, especialmente en un mundo donde las finanzas digitales ganan terreno. En sus campañas, los candidatos respaldados por las empresas de criptomonedas resaltan un compromiso con la actualización y adaptación de las leyes financieras a los cambios tecnológicos y con la protección del consumidor, aunque con regulaciones que permitan un crecimiento sostenible de la industria. No obstante, hay voces críticas que advierten sobre los riesgos de este enfoque. La historia del mercado cripto está marcada por volatilidades extremas y fraudes, y estos antecedentes generan preocupación respecto a la idoneidad de garantizar mayor autonomía a las empresas sin un monitoreo más riguroso. Hay temor de que la legislación propuesta, influida por la misma industria que busca facilitar sus operaciones, pueda dejar de lado aspectos clave como la transparencia en los activos que respaldan las stablecoins o la prevención del lavado de dinero.
La oposición política ha expresado inquietudes sobre que la industria esté logrando sus objetivos gracias a un gasto masivo, más que a un debate exhaustivo sobre los méritos y riesgos de sus proyectos. Algunos legisladores señalan que gran parte de sus colegas apoyan la agenda cripto sin un estudio detallado, influenciados por la presión electoral y los recursos económicos aportados. El futuro del sector cripto en Estados Unidos parece estar estrechamente ligado a la capacidad de su industria para mantener esta relación simbiótica con el poder político. La campaña electoral de 2024 marcó un antes y un después, acelerando la aprobación de iniciativas que antes parecían estancadas. La próxima votación en el pleno del Senado sobre la Ley GENIUS será un momento clave para determinar hasta qué punto la política estadounidense acomodará su regulación al interés de la innovación digital o si buscará fortalecer controles frente a un mercado que, a pesar de sus oportunidades, sigue envuelto en controversias.
En conclusión, el gasto político de la industria cripto está rindiendo frutos tangibles, transformando el mapa regulatorio y la relación entre el sector y las autoridades públicas en Estados Unidos. Mientras algunos celebran esta apertura como una oportunidad para modernizar el sistema financiero, otros llaman a la prudencia para evitar reproducir los errores del pasado con una regulación insuficiente. La tensión entre innovación y control continuará siendo motivo de intenso debate, con una industria que parece dispuesta a invertir cada vez más para asegurar su lugar en la mesa de decisiones.
