El pasado lunes 28 de abril de 2025, un apagón masivo sumió a gran parte de España y Portugal en la oscuridad, provocando un caos sin precedentes en la península ibérica. Desde la paralización del transporte público y la cancelación masiva de vuelos hasta la interrupción de servicios en hospitales, telecomunicaciones y supermercados, el corte eléctrico dejó en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas energéticos frente a fenómenos inesperados. La magnitud del apagón y la incertidumbre sobre sus causas alimentaron la preocupación tanto a nivel ciudadano como institucional, obligando a los gobiernos a declarar estados de emergencia y activar protocolos para contener el impacto y asegurar el restablecimiento del servicio lo antes posible. El anuncio oficial del apagón sorprendió a millones de residentes en ciudades como Madrid, Barcelona y Lisboa, quienes se vieron afectados directamente cuando la electricidad comenzó a fallar poco después del mediodía. El operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica de España, reportó una "oscilación muy fuerte en los flujos de potencia" que llevó al colapso del sistema y a la desconexión de la red ibérica del sistema eléctrico europeo a través de Francia.
Esta desconexión provocó la caída generalizada del suministro eléctrico, afectando no solo a hogares, sino también a infraestructuras críticas. Los primeros reportes indicaron que cerca de la mitad de la población española perdió el acceso a la electricidad y en Portugal más de 750,000 clientes quedaron sin servicio. La situación se agravó con la interrupción de servicios de transporte ferroviario, que dejó a decenas de trenes atrapados con pasajeros a bordo durante horas, y el cierre de aeropuertos como el de Lisboa, que paralizó vuelos y generó largas filas de viajeros sin información clara ni acceso a servicios básicos. Fuentes oficiales evitaron desde el comienzo especulaciones sobre la posible causa, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, instó a la población a no difundir rumores, asegurando que se estaban estudiando todas las hipótesis. Sin embargo, el operador portugués de la red eléctrica, Redes Energéticas Nacionais (REN), apuntó a un fenómeno atmosférico poco usual, describiéndolo como “anomalías oscilatorias” provocadas por cambios extremos de temperatura en la infraestructura española.
Esta vibración atmosférica, conocida como "vibración atmosférica inducida", habría afectado la sincronización entre las líneas de alta tensión, provocando fallas en la coordinación del sistema y el colapso progresivo de la red. Los expertos subrayaron que fenómenos de esta naturaleza, aunque raros, podrían incrementarse a medida que los efectos del cambio climático se manifiesten con mayor intensidad, con episodios inesperados de variaciones térmicas y climáticas extremas. Algunos plantearon que los cables eléctricos de alta tensión, al estar expuestos en superficie, podrían ser más vulnerables a estas oscilaciones y que, a futuro, una solución podría ser el soterramiento de estas líneas para protegerlas mejor; aunque esta opción implica altos costos y complejidades técnicas. Durante la tarde y noche del día del apagón, las autoridades implementaron diversas medidas para contener las consecuencias. En Madrid, se desplegaron unidades de la Guardia Civil y Policía Nacional, en total más de 30,000 agentes, para mantener el orden público ante la creciente tensión social y la falta de servicios básicos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó formalmente al gobierno central la activación plena del estado de emergencia para que el ejército pudiera intervenir en la orden y control de las calles si fuera necesario. El apagón también desencadenó momentos de solidaridad y dificultad social, con rescates de personas atrapadas en ascensores y trenes, así como largas esperas bajo el calor y sin acceso a agua en estaciones y aeropuertos. Los servicios de emergencia registraron 286 operaciones solo para evacuar a personas quedadas en ascensores en la capital española. En muchos lugares, comercios y supermercados cerraron por falta de refrigeración y funcionamiento de cajas registradoras, mientras que en algunos otros iniciaron sesiones de compra masiva por parte de ciudadanos preocupados por la situación y el posible desabastecimiento. El impacto en el transporte público fue particularmente grave, con la cancelación total de trenes de media y larga distancia e interrupciones en el servicio de metros y autobuses.
En ciudades como Barcelona, las autoridades tuvieron que cerrar accesos a estaciones de metro para evitar accidentes y desbordes, mientras que en carreteras el fallo de los semáforos generó congestiones severas y aumento del riesgo de accidentes. En cuanto a la reactivación del suministro, los reportes indicaron que el proceso de re-energización de la red se realizó de manera paulatina y controlada para evitar daños mayores o nuevos fallos. Se priorizaron zonas con alta concentración de población y servicios esenciales como hospitales, ya que la continuidad del suministro en servicios sanitarios dependientes de equipamiento eléctrico es vital. La operación también incluyó la sincronización gradual con las redes de Francia y del norte de África, dado que la península ibérica mantiene interconexiones con estos sistemas vecinos. Expertos en energía señalaron que la restauración completa del sistema podía tardar varios días, debido a la complejidad de reactivar plantas generadoras y de control, y a la necesidad de evitar desequilibrios que volviesen a provocar cortes.
Por su parte, el Gobierno portugués alertó que podría pasar hasta una semana antes de que la red volviera a la plena normalidad. Además de las causas técnicas, la experiencia del apagón puso en evidencia algunas debilidades en la comunicación institucional y manejo de la crisis. Numerosas quejas surgieron debido a la falta de información clara dirigida a la población, lo que provocó pánico y confusión, además de fomentar la propagación de rumores, incluyendo temores infundados de ciberataques. Aunque los organismos oficiales descartaron hasta el momento evidencias de ataques informáticos como origen, no dejaron del todo abierta la puerta a investigaciones en esa línea, dada la gravedad y el alcance del suceso. La repercusión internacional fue significativa, ya que España es una de las principales conexiones aeroportuarias y turísticas para Europa, especialmente para Reino Unido, con miles de vuelos y pasajeros afectados.
Las principales aerolíneas, como British Airways y EasyJet, anunciaron cancelaciones y modificaciones masivas en sus itinerarios, recomendando a los pasajeros evitar acudir a los aeropuertos hasta que la situación se estabilizara. En términos de infraestructuras críticas, las centrales nucleares españolas fueron puestas en un estado seguro gracias a generadores diésel de emergencia ante la caída generalizada de energía, evidenciando que aunque el sistema de seguridad respondió adecuadamente, la dependencia de respaldos energéticos externos es alta. El incidente también alimentó el debate sobre la necesidad de modernizar y hacer más resiliente la red eléctrica, adoptando tecnologías más avanzadas para gestionar oscilaciones y contingencias. A nivel social, el apagón rememoró a muchos los rigores de la pandemia de COVID-19, con imágenes de personas aglomeradas en lugares públicos sin servicio eléctrico o acceso limitado a bienes básicos, así como la ansiedad generada por la incertidumbre. Organizaciones humanitarias y sociales hicieron un llamado para que se refuercen las medidas que protejan a los sectores más vulnerables, como ancianos y personas con dependencia eléctrica para tratamientos médicos domiciliarios.
Finalmente, la crisis del 28 de abril de 2025 representa un llamado urgente para reconsiderar las políticas energéticas y de infraestructura en España y Portugal. La interconectividad con el sistema europeo, los efectos del cambio climático y la evolución tecnológica exigen esfuerzos coordinados para garantizar que un evento extraordinario de esta naturaleza no vuelva a paralizar la vida cotidiana de millones de personas. Mientras tanto, la península ibérica encara el reto de reconstruir la confianza en su capacidad de suministro eléctrico y en la gestión de emergencias, prioritariamente orientada a proteger tanto a la población como a la vital economía regional.
