En un giro significativo para la adopción de criptomonedas a nivel estatal en Estados Unidos, el gobernador de Arizona, Katie Hobbs, vetó recientemente un proyecto de ley que permitía al estado invertir fondos públicos en Bitcoin como parte de sus reservas oficiales. Esta decisión pone fin a un debate creciente sobre la viabilidad y riesgos de integrar activos digitales en las finanzas públicas, al tiempo que refleja la cautela con la que algunos funcionarios abordan la innovación financiera en el sector público. El proyecto de ley vetado, conocido como Digital Assets Strategic Reserve bill, proponía que Arizona pudiera utilizar fondos decomisados para adquirir Bitcoin y crear una reserva digital gestionada por funcionarios estatales. La medida había generado expectativa, ya que Arizona habría sido pionera en adoptar una política oficial para poseer criptomonedas en sus arcas estatales. Sin embargo, el gobernador Hobbs se manifestó en contra, argumentando que la inversión en activos virtuales, como Bitcoin, sigue siendo demasiado arriesgada y “no probada” para los fondos públicos y, especialmente, para proteger los recursos del sistema de retiro estatal.
En declaraciones divulgadas por la oficina del gobernador, Hobbs resaltó la fortaleza y prudencia con la que se maneja el fondo de pensiones de Arizona y explicaba que su veto responde a la responsabilidad de preservar estos fondos mediante la realización de inversiones sólidas y fundamentadas. Subrayó que hacer experimentos con activos digitales volátiles podría poner en riesgo los ahorros de jubilación de los ciudadanos. El proyecto había logrado superar varias etapas en la legislatura estatal, incluyendo una votación final en la Cámara de Representantes donde 31 legisladores votaron a favor y 25 en contra. Sin embargo, sin el apoyo del gobernador, la propuesta no pudo convertirse en ley y quedó descartada oficialmente. Hobbs también vinculó su rechazo a la ausencia de un acuerdo bipartidista sobre el financiamiento de discapacidades, un tema que había condicionado varios debates legislativos recientes.
Este veto se enmarca en un contexto más amplio en los Estados Unidos, donde varios estados han explorado o propuesto la idea de invertir parte de sus fondos oficiales en criptomonedas. Sin embargo, muchos de estos intentos se han encontrado con obstáculos o han sido abandonados por preocupaciones similares a las expresadas en Arizona. Estados como Oklahoma, Montana, Dakota del Sur y Wyoming han visto estancados o retirados proyectos parecidos. Por otro lado, la situación en Carolina del Norte es diferente, ya que su Cámara de Representantes aprobó un proyecto que permitiría invertir hasta un 5% de ciertos fondos en criptomonedas aprobadas, y ahora espera la consideración en el Senado estatal. La iniciativa en Arizona ha generado discusión también a nivel federal, en un momento en que figuras políticas como el expresidente Donald Trump han manifestado interés en que el gobierno federal desarrolle una reserva estratégica de Bitcoin.
Trump firmó una orden ejecutiva en marzo proponiendo una reserva de Bitcoin y un acopio de activos digitales, lo que indica que la integración de las criptomonedas en la economía institucional continúa siendo una aspiración para algunos líderes políticos, a pesar de los riesgos y la volatilidad inherentes a estas tecnologías. El rechazo de Arizona pone de relieve las tensiones entre el impulso innovador que suponen las criptomonedas y la prudencia financiera que se espera en el manejo de fondos públicos, que deben proteger intereses de miles de personas, incluidos jubilados y beneficiarios de programas sociales. La volatilidad extrema de Bitcoin, su reciente historial de fluctuaciones de precios y la falta de un marco regulatorio consolidado hacen que muchos funcionarios se sientan inseguros al respecto. Además, la resistencia al proyecto de ley refleja un debate de fondo sobre el rol que las criptomonedas deben jugar en la economía tradicional y pública. Para algunos, Bitcoin y otras monedas digitales representan el futuro de las finanzas y un mecanismo para diversificar inversiones y protegerse contra la inflación.
Para otros, son instrumentos especulativos con riesgos aún difíciles de medir, que no deberían formar parte de instituciones gubernamentales que requieren estabilidad y transparencia. Este panorama también resalta el desafío que implica para los legisladores y reguladores crear políticas que equilibren la innovación tecnológica con la protección del interés público. La complexidad técnica del blockchain y la creciente variedad de activos digitales hace necesario que quienes toman decisiones estén bien informados y cuenten con el asesoramiento adecuado para manejar esos riesgos. En conclusión, el veto del gobernador de Arizona a la iniciativa de integrar Bitcoin en las reservas estatales marca un capítulo importante en la historia de la adopción de criptomonedas en el sector público. Mientras que la tecnología blockchain y las criptomonedas continúan ganando terreno en el sector privado y financiero global, su incorporación en políticas públicas y fondos oficiales sigue siendo materia de debate y cautela.
El futuro parece indicar que, aunque algunos estados y gobiernos seguirán explorando la inversión en activos digitales, las decisiones deberán ser evaluadas con rigor y responsabilidad, considerando tanto el potencial disruptivo como las incertidumbres y riesgos que estas nuevas formas de inversión implican. Por ahora, Arizona se suma al grupo de estados que prefieren mantener sus políticas conservadoras en materia financiera, mientras otras regiones avanzan con prudencia hacia la inclusión de criptomonedas en sus estrategias económicas.
