En el mundo de la salud digital y la genética personalizada, pocas empresas han alcanzado tanta relevancia y popularidad como 23andMe. Fundada con la intención de democratizar el acceso a la información genética, esta multinacional estadounidense se convirtió en un referente para millones de personas interesadas en conocer sus orígenes, predisposiciones genéticas y otros aspectos relacionados con su salud. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial y valoración en miles de millones de dólares, la compañía ha entrado en un proceso de bancarrota que está redefiniendo su futuro y generando incertidumbre entre sus clientes. La declaración de bancarrota bajo el Capítulo 11 en marzo de 2025, anunciada por 23andMe y sus 11 subsidiarias, entre las que se encuentran Lemonaid Health y LPRXOne, es el reflejo de una crisis profunda que se ha gestado durante los últimos 18 meses. Esta noticia impactó a millones de usuarios, quienes ahora deben enfrentarse a la posibilidad de presentar reclamaciones por posibles pérdidas o daños derivados del proceso y de acontecimientos recientes vinculados con la empresa.
Uno de los detonantes principales de esta crisis ha sido un violento revés en la seguridad de la información. En octubre de 2023, 23andMe reveló una violación masiva de datos que comprometió información sensible de cerca de 7 millones de clientes. Los datos filtrados incluían nombres completos, años de nacimiento, etiquetas de relaciones familiares, porcentajes de ADN compartidos entre parientes, informes de ascendencia y ubicaciones autoinformadas. Esta brecha no solo puso en riesgo la privacidad de los usuarios sino que también desató una oleada de demandas colectivas y un enorme daño a la confianza del consumidor. La filtración de datos sin precedentes no fue el único factor que debilitó financieramente a la empresa.
En su afán por diversificar y ampliar su modelo de negocio, 23andMe realizó adquisiciones ambiciosas, como la compra por 400 millones de dólares de Lemonaid Health en 2021. La entrada en el campo de la telemedicina y la salud digital pretendía expandir su presencia más allá de las pruebas genéticas a consumidores, pero estos movimientos demandaron recursos económicos significativos y no lograron generar los resultados esperados en términos de crecimiento y rentabilidad. Esta combinación de problemas financieros y de reputación desembocó finalmente en la solicitud de protección judicial de la bancarrota en el distrito este de Missouri. Desde entonces, la empresa ha iniciado una comunicación formal con sus clientes para notificarles sobre el proceso y su elegibilidad para presentar reclamaciones dentro de los plazos establecidos, fijados hasta el 14 de julio de 2025. Es crucial destacar que los afectados por la brecha de seguridad, que recibieron la notificación oficial sobre la exposición de sus datos entre mayo y octubre de 2023, pueden presentar lo que se conoce como una "Reclamación por Incidente de Ciberseguridad".
Este trámite permite que los individuos que hayan sufrido pérdidas financieras u otros daños derivados del ataque informático soliciten compensación como parte del proceso de restructuración. La presentación de esta reclamación se convierte en un medio esencial para poder preservar derechos ante el eventual reparto de activos y acuerdos que surjan en la bancarrota. Por otro lado, los clientes que tengan quejas relacionadas con otros aspectos del servicio, por ejemplo problemas con resultados de pruebas genéticas o dificultades con los servicios de telemedicina, pueden presentar demandas diferentes bajo el paquete de reclamación general. Esta separación es importante para que cada tipo de reclamo sea tratado conforme a las normativas y particularidades legales correspondientes. El proceso actual también ha puesto bajo la lupa las implicaciones que esta bancarrota genera en términos de privacidad y protección de datos.
Miembros del Congreso estadounidense ya han expresado preocupaciones sobre el impacto que la situación de quiebra puede tener sobre la seguridad de la información personal almacenada por la empresa y la manera en que se manejarán estos datos durante y después del proceso. La situación plantea preguntas sobre cómo las empresas de biotecnología deben proteger datos extremadamente sensibles y cómo las leyes deben evolucionar para garantizar que los derechos de los consumidores sean prioritarios incluso en contextos de insolvencia. Mientras tanto, un acuerdo preliminar relacionado con la demanda colectiva por el ataque cibernético, valorado en 30 millones de dólares, permanece en suspenso debido a la bancarrota de 23andMe. Los abogados de la empresa alegan que dicho acuerdo está ahora en disputa, lo que significa que los clientes interesados en recibir alguna forma de compensación deben continuar siguiendo las instrucciones oficiales para presentar sus respectivas reclamaciones, independientemente de si han participado o no en la demanda colectiva. Desde la óptica del consumidor, esta situación puede parecer alarmante o incluso confusa, pero es vital que quienes hayan utilizado los servicios de 23andMe se mantengan informados y actúen dentro de los plazos estipulados.
Presentar una reclamación formal no solo protege sus derechos legales, sino que también contribuye a la transparencia y justicia dentro del proceso de bancarrota. El caso de 23andMe también ofrece lecciones valiosas para la industria en general. La popularidad creciente de la genética personalizada y su integración con servicios médicos digitales representa una tremenda oportunidad económica y científica, pero también un terreno delicado donde los errores en la ciberseguridad o la sobreexpansión financiera pueden desatar consecuencias devastadoras. Las empresas que operan en este espacio deben encontrar un equilibrio cuidadoso entre innovación, protección de datos y estabilidad financiera. Para los usuarios que aún desean acceder a los beneficios de las pruebas genéticas, la situación de 23andMe subraya la necesidad de evaluar con rigor las políticas de privacidad de las compañías, la solvencia y la reputación antes de compartir información tan sensible.
La privacidad genética es un derecho fundamental que requiere protección especial, dada su naturaleza íntima y el potencial uso indebido de la información para discriminación o explotación. Mirando hacia adelante, el futuro de 23andMe dependerá en gran medida de cómo evolucione el proceso de bancarrota y si la empresa logra reestructurar sus operaciones de manera exitosa. El mercado de salud personalizada y genética aún presenta grandes oportunidades, y no sería sorprendente ver una transformación donde 23andMe retorne con un modelo de negocio más sostenible, centrado en la seguridad y la confianza del consumidor. En conclusión, la bancarrota de 23andMe representa un hito importante en la industria de genética para consumidores, marcando un llamado de atención sobre los riesgos de seguridad, gestión y crecimiento empresarial. Para los clientes, mantenerse informados, actuar dentro de los plazos y comprender sus derechos será fundamental para navegar este complicado escenario.
La situación también abre el debate sobre el futuro regulatorio y ético de la genética personalizada, asegurando que las innovaciones tecnológicas no tengan un costo demasiado alto para quienes confían en ellas.
