En semanas recientes, la comunidad estudiantil internacional en Estados Unidos ha vivido momentos de incertidumbre y preocupación tras una serie de acciones abruptas por parte del gobierno federal, que resultaron en la revocación repentina de las visas de cientos de estudiantes extranjeros. Esta suspensión masiva, ocurrida desde principios de marzo de 2025, fue recibida con angustia debido a la falta de explicaciones claras y las posibles implicaciones migratorias graves, incluyendo el riesgo de deportación inmediata. Sin embargo, en un giro significativo de los acontecimientos, las autoridades estadounidenses han anunciado la restauración del estatus legal para estos estudiantes, luego de numerosas demandas judiciales que cuestionaron la legalidad y el proceso detrás de dichas acciones. El centro de esta controversia radica en el manejo del Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Sevis, por sus siglas en inglés), una base de datos federal que monitorea el estatus migratorio y académico de los estudiantes internacionales en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (Ice) son los responsables de actualizar y, cuando corresponda, terminar registros en esta plataforma.
Cuando un registro es "terminado" en Sevis, el estudiante pierde automáticamente su estatus legal y se enfrenta a la posibilidad de ser expulsado del país o impedido de obtener futuras visas, a menos que pueda regularizar su situación rápidamente. Lo que causó conmoción fue la rapidez y magnitud con la que Ice comenzó a terminar registros sin previo aviso ni una explicación detallada. Entre los causales se reportaron infracciones aparentemente menores, como la simple imposición de una multa por exceso de velocidad, lo que llevó a la desactivación de la autorización legal para permanecer y estudiar en Estados Unidos. Esta práctica fue denunciada por defensores de derechos estudiantiles y abogados, quienes alertaron que la manipulación del sistema se estaba haciendo de forma inconsistente y arbitraria. Las demandas legales agrupadas en una audiencia en Oakland, California, trataron de poner en pausa estas acciones, solicitando una orden judicial que protegiera a todos los estudiantes afectados a nivel nacional.
Durante la vista, la abogada Elizabeth D. Kurlan, representante de Ice, comunicó que el organismo estaba desarrollando una nueva política para regular el modo en que se terminan los registros en Sevis, que incluiría un proceso más claro y justificado. Como resultado, la corte otorgó órdenes temporales que han mantenido o reactivado el estatus legal de los estudiantes demandantes mientras se resuelve el caso. No obstante, esta reversión no ha borrado el daño causado. Algunos estudiantes narraron experiencias de haber perdido empleos, ser despedidos de prácticas profesionales o incluso regresar a su país de origen creyendo que ya no tenían derecho a permanecer en Estados Unidos.
Estos perjuicios, en muchos casos, podrían representar consecuencias irreversibles para sus trayectorias académicas y profesionales. La administración judicial, representada por la juez Jeffrey S. White, ha sido enfática en la necesidad de que el gobierno federal clarifique sus políticas y procedimientos para evitar medidas arbitrarias que puedan violar derechos fundamentales y el debido proceso legal. En sus declaraciones, la jueza subrayó que la gestión migratoria debería estar basada en reglas claras y coherentes, no en decisiones improvisadas o cambiantes que afectan la vida de miles de personas. Desde el punto de vista estadístico, esta crisis afectó de manera desproporcionada a estudiantes de países como India y China, que representan cerca del 40% de los casos reportados al Sistema Sevis.
Organizaciones profesionales como la Asociación Nacional de Asesores para Estudiantes Extranjeros (Nafsa) han documentado más de 1,400 terminaciones de registros solo en lo que va del año 2025. A nivel judicial, ya se han presentado más de 70 demandas en 21 estados, con al menos 45 órdenes temporales que respaldan a los estudiantes en riesgo. Este episodio refleja los desafíos crecientes en la política migratoria estadounidense relacionada con la educación internacional. Estados Unidos ha sido históricamente un destino privilegiado para estudiantes extranjeros, que llegan atraídos por sus universidades de prestigio y oportunidades laborales asociadas. Sin embargo, la falta de claridad y estabilidad en las normativas puede desalentar a futuros candidatos, afectando la diversidad y competitividad del sistema académico nacional.
Abogados especializados señalan que las acciones federales no solo ponen en peligro el estatus migratorio, sino que también generan un clima de ansiedad y vulnerabilidad entre los estudiantes, que muchas veces desconocen sus derechos o cómo proceder ante estas situaciones. Por ello, destacan la importancia de contar con representación legal adecuada y apoyo de las instituciones educativas, cuyos oficiales designados (DSO) son clave en la asesoría y gestión de casos vinculados a Sevis. Más allá del contexto inmediato, este conflicto abre un debate sobre el alcance y límites del poder ejecutivo en la gestión migratoria, en especial cuando los procesos afectan a comunidades vulnerables sin brindar mecanismos adecuados para la defensa o apelación. La legislación como la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) se ha utilizado como fundamento legal para cuestionar las terminaciones masivas, argumentando la ausencia de procedimientos regulares y justos. Por parte de la comunidad estudiantil, la restauración del estatus es recibida con alivio, aunque persiste una sensación de incertidumbre respecto a la estabilidad futura y la confianza en las autoridades migratorias.
Muchos expresan la necesidad de garantías concretas, mayor transparencia y un compromiso gubernamental por proteger los derechos y el bienestar de los estudiantes internacionales. En síntesis, la reciente política de Estados Unidos que revocó abruptamente las visas de cientos de estudiantes internacionales ha sido revertida parcialmente tras la intervención judicial y la presión de múltiples demandas legales. Este caso pone en evidencia la complejidad del manejo migratorio en tiempos de cambio y la importancia de respetar principios legales fundamentales para evitar impactos negativos en la vida de jóvenes que buscan formación y oportunidades en el país. De cara al futuro, se espera que las nuevas normativas y protocolos fortalezcan la seguridad jurídica y promuevan un ambiente más confiable para los estudiantes extranjeros, quienes siguen siendo piezas clave para la dinámica educativa y cultural estadounidense.