El 4 de noviembre de 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que marcaba la segunda vez que su administración se comprometía a retirar al país del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Este gesto, que se produce en un contexto de creciente preocupación mundial por la crisis climática, trae consigo una serie de implicaciones que van más allá de la política nacional y se extienden a la comunidad internacional. El Acuerdo de París, adoptado en 2015, fue el resultado de las negociaciones entre 196 países para establecer un enfoque global en la lucha contra el cambio climático. Su objetivo principal es limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, con la esperanza de que los esfuerzos conjuntos puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el tiempo. A pesar de contener disposiciones para la cooperación internacional, el acuerdo ha sido muy criticado por contener compromisos que algunos consideran insuficientes y no legalmente vinculantes.
La primera retirada de EE. UU. del Acuerdo de París se formalizó en 2017, cuando Trump anunció que el país se retiraría debido a su preocupación por los impactos económicos que dicho acuerdo podría tener sobre la industria estadounidense. Esta decisión fue recibida con reacciones diversas a nivel mundial, con líderes de otros países denunciando la falta de liderazgo de EE. UU.
en un tema tan crítico. La decisión del expresidente Trump de retirarse nuevamente del Acuerdo de París, esta vez poco antes de las elecciones presidenciales de 2020, parece haber sido un intento de reafirmar su base de votantes que se opone a las regulaciones ambientales, un sector que ha visto en la desregulación una vía para el crecimiento económico. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por científicos y expertos en medio ambiente, quienes advierten que pasar por alto el cambio climático puede tener consecuencias devastadoras no sólo para el medio ambiente, sino también para la economía a largo plazo. Desde que asumió el cargo, Trump ha argumentado en repetidas ocasiones que el Acuerdo de París perjudicaba a EE. UU.
en términos económicos y laborales. Dijo que el acuerdo imponía restricciones a las industrias de energía y manufactura, lo que llevaría a la pérdida de empleos y la deslocalización de fábricas. Esta narrativa ha resonado con un segmento considerable de la población estadounidense que teme perder su puesto de trabajo a raíz de las políticas ambientales. Sin embargo, expertos en economía ambiental sostienen que la transición hacia una economía baja en carbono podría generar millones de nuevos empleos en sectores como las energías renovables y la eficiencia energética. De hecho, la industria solar y eólica ha prosperado en los últimos años, creando empleo y estimulando la innovación.
Los estudios han demostrado que los beneficios a largo plazo de la acción climática superan con creces los costos iniciales asociados con la implementación de regulaciones más estrictas. A nivel internacional, la decisión de Trump de retirarse del Acuerdo de París ha llevado a una serie de respuestas críticas. Muchos líderes mundiales han expresado su descontento y han reiterado su compromiso con el acuerdo, independientemente de la postura de EE. UU. Esta situación ha generado un cambio en la dinámica de liderazgo global en materia de cambio climático.
Mientras EE. UU. retrocede, otros países, como China y la Unión Europea, han tomado la iniciativa en la lucha contra el cambio climático, prometiendo reducir sus emisiones y adoptar políticas más sostenibles. La retirada de EE. UU.
también ha tenido consecuencias en términos de financiamiento y colaboración internacional. Un componente crucial del Acuerdo de París es el compromiso de los países desarrollados de proporcionar apoyo financiero y técnico a los países en desarrollo para que puedan hacer frente a los desafíos del cambio climático. La falta de liderazgo de EE. UU. ha llevado a una incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de ayuda y ha podido afectar negativamente a los esfuerzos globales para adaptarse a los efectos del cambio climático, como inundaciones, sequías y desastres naturales.
A pesar de las críticas y la retirada de EE. UU., el Acuerdo de París sigue siendo un marco crucial para la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. Muchos defensores de la acción climática siguen trabajando para asegurar que los compromisos se cumplan y que los niveles globales de emisión de gases de efecto invernadero disminuyan. Asimismo, existe una creciente presión por parte de los ciudadanos y activistas para que se adopten políticas más efectivas y ambiciosas que aborden la emergencia climática.
Con el cambio de administración en 2021 y la llegada de Joe Biden a la presidencia, Estados Unidos ha dado un giro elogiado por muchos hacia la acción climática. El nuevo presidente ha prometido volver a unirse al Acuerdo de París y a implementar una serie de políticas destinadas a reducir las emisiones de carbono y promover fuentes de energía renovables. Este regreso no solo implica una reintegración a nivel internacional, sino que también representa un cambio en la narrativa sobre el clima dentro de EE. UU., donde la acción climática se está posicionando como una prioridad central.
