En el contexto actual de la regulación financiera en Estados Unidos, la supervisión de las auditorías de empresas públicas desempeña un papel fundamental en la confianza y transparencia de los mercados capitales. Recientemente, un proyecto de ley presentado ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes ha generado un gran debate al proponer la disolución del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) y la transferencia de sus funciones a la Securities and Exchange Commission (SEC). Esta iniciativa plantea cambios significativos en la estructura regulatoria que ha estado vigente durante más de dos décadas y que tiene un impacto directo en la práctica contable y en la seguridad de los inversionistas. El PCAOB fue creado en 2002 bajo la Ley Sarbanes-Oxley como una entidad autónoma con el objetivo de supervisar a las firmas auditoras que trabajan con compañías que cotizan en bolsa. Su función principal es fortalecer la calidad de las auditorías, conduciendo inspecciones, estableciendo reglas y tomando acciones disciplinarias cuando existen violaciones.
La propuesta de desintegrarlo y transferir estas responsabilidades a la SEC destacaría un cambio drástico en la manera en que se lleva a cabo la supervisión y regulación del sector. La American Institute of CPAs (AICPA), entidad líder en la representación de contadores públicos certificados, ha respondido con cautela y un mensaje claro ante este borrador de ley. A través de la voz de su presidente y CEO, Mark Koziel, el AICPA ha resaltado la importancia de un sistema robusto y efectivo de supervisión para las firmas auditoras, enfatizando que esta vigilancia es clave para preservar la integridad del mercado y la protección del interés público. Koziel expresa que la calidad de la auditoría fortalece la confianza de los inversionistas y que el proceso debe contar con múltiples capas que abarquen desde la creación de estándares hasta la realización de inspecciones rigurosas y acciones disciplinarias apropiadas. El proyecto sénior especifica que la SEC asumiría dentro de un año desde la promulgación la totalidad de las funciones que actualmente ejecuta el PCAOB, incluyendo no solo la inspección y supervisión de las firmas auditoras sino también la formulación de reglas y estándares de auditoría para compañías públicas.
Asimismo, establece que toda la propiedad intelectual relacionada con estos procesos que posee el PCAOB deberá ser cedida a la SEC. Otra disposición importante es que cualquier procedimiento disciplinario o de cumplimiento que esté en curso en el PCAOB sería automáticamente trasladado a la SEC u otros reguladores, conforme a la sección 105 de la Ley Sarbanes-Oxley. Además, el borrador contempla una transición laboral para los empleados del PCAOB, quienes podrían recibir ofertas para ocupar cargos equivalentes dentro del equipo de la SEC. Este proceso estaría sujeto a las políticas estándar de empleo de dicha agencia, y contempla que sus remuneraciones se equiparen con las de los empleados mejor pagados en posiciones similares dentro de la SEC. Esta previsión intenta minimizar la desestabilización interna y la pérdida de talento mientras se realiza la transferencia de funciones.
En cuanto a la perspectiva de la AICPA sobre los potenciales efectos de la medida, Koziel y sus declaraciones destacan una postura de colaboración y disposición para contribuir al debate con los legisladores. El objetivo es garantizar que cualquier modificación no comprometa la calidad ni la eficacia de la regulación contable. La AICPA reitera que un sistema de supervisión saludable requiere transparencia y mecanismos rigurosos que aseguren el cumplimiento, protejan el interés público y mantengan la confianza en la información financiera que presentan las compañías cotizadas. Esta propuesta legislativa surge en un contexto donde el PCAOB recientemente tomó medidas disciplinarias contra Adeptus Partners y el socio Howard S. Krant por incumplimientos en normas de auditoría.
Dichas sanciones evidencian el papel activo del PCAOB en identificar deficiencias en la supervisión de equipos de auditoría. Entre las irregularidades, se destacó una supervisión y revisión inadecuada en trabajos relacionados con empresas tecnológicas especializadas en blockchain y tecnologías UV. Estos casos refuerzan la importancia de mantener un organismo fuerte y efectivo que garantice la calidad de las auditorías de compañías públicas. Desde el punto de vista histórico y regulatorio, la creación del PCAOB fue una respuesta directa a los escándalos corporativos y fraudes financieros como los casos Enron y WorldCom que sacudieron la confianza en los mercados. La independencia del PCAOB, junto con un enfoque especializado en la auditoría pública, ha sido un pilar para estructurar un sistema de control que busca detectar y prevenir irregularidades que pudieran afectar a millones de inversores.
Por su parte, la SEC, aunque posee un rol fundamental en la supervisión y regulación del mercado de valores, no ha tenido tradicionalmente la responsabilidad directa en inspecciones rutinarias o desarrollo de estándares específicos para auditorías. Con esta transferencia, se plantea el desafío de cómo esta agencia puede expandir su estructura y experiencia para asumir dichas tareas sin perder efectividad. El debate legislativo que surgirá a raíz del proyecto de ley no solo tendrá implicaciones para el sector contable, sino que también impactará a inversionistas, compañías públicas y al sistema financiero en general. La protección al público inversor es un componente central y debe ser resguardada con rigor para evitar debilitamientos que puedan traducirse en riesgos para la transparencia y veracidad de los estados financieros. Por otro lado, algunos defensores de la propuesta señalan que consolidar funciones bajo la SEC podría reducir redundancias, optimizar recursos y mejorar la coordinación regulatoria.
No obstante, expertos y asociaciones como la AICPA insisten en que una supervisión especializada y con menor interferencia política es esencial para mantener altos estándares de auditoría y continuidad en la calidad. A medida que la discusión avanza, es probable que se planteen alternativas y modificaciones para equilibrar los aspectos técnicos, operativos y políticos involucrados. La opinión del sector profesional, liderada por el AICPA, será clave para que las políticas futuras consideren tanto la protección del interés público como la eficiencia institucional. En conclusión, la respuesta del AICPA frente a la propuesta de disolver el PCAOB y trasladar sus responsabilidades a la SEC destaca la necesidad de una supervisión sólida, transparente y rigurosa en materia de auditoría de empresas públicas. Este momento es crucial para definir el futuro regulatorio de un pilar fundamental en la confianza del mercado financiero estadounidense.
Profundizar en el análisis, fomentar el diálogo entre actores y preservar la calidad del sistema de auditoría, serán elementos esenciales en el próximo capítulo de la regulación contable y financiera en Estados Unidos.
