En un movimiento que ha generado amplio debate y controversia, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para detener la financiación federal destinada a National Public Radio (NPR) y Public Broadcasting Service (PBS). Esta medida se fundamenta en acusaciones directas contra estos medios de ser "sesgados" y "partidistas" en su cobertura informativa. La orden ejecutiva, emitida en mayo de 2025, obliga a la Corporación para la Radiodifusión Pública (Corporation for Public Broadcasting, CPB) a suspender los fondos que históricamente ambas instituciones recibían anualmente, fondos que sumaban cerca de medio billón de dólares, y que han sido cruciales para su funcionamiento desde el establecimiento formal de la CPB en 1967. La argumentación oficial del gobierno señala que NPR y PBS no cumplen con los estándares de imparcialidad, precisión y objetividad que se esperan de las entidades financiadas con impuestos públicos. En el texto de la orden se recalca que, a diferencia de la época en que la CPB se fundó, el actual panorama mediático es mucho más diverso y abundante, por lo que la justificación para subvencionar medios que según el gobierno presentan una narrativa "radical" y "partidista" resulta injustificada.
Esta medida se inscribe dentro de un contexto político y mediático polarizado, donde la percepción del sesgo en los medios públicos ha sido un tema recurrente. El comunicado oficial del gobierno acusa a NPR y PBS de promover "propaganda radical y woke", utilizando como ejemplos una amplia gama de temas que abarcan desde segmentos de "Sesame Street" que abordaron cuestiones raciales vinculadas al movimiento Black Lives Matter, hasta reportajes que cuestionaron la teoría del origen del COVID-19 en un laboratorio. Por su parte, tanto NPR como PBS han rechazado categóricamente las alegaciones y han anunciado que tomarán acciones legales para impugnar la orden, que consideran ilegal y perjudicial para su misión educativa y de servicio público. Paula Kerger, presidenta y CEO de PBS, manifestó que la orden ejecutiva es "abiertamente ilegal" y que pone en riesgo la capacidad de PBS para continuar brindando programación educativa y cultural, que ha sido un pilar para millones de estadounidenses durante más de cinco décadas. Esta situación plantea preguntas fundamentales sobre el papel de la financiación pública en el periodismo, la educación y la cultura.
La cuestión del sesgo en los medios no es nueva, pero detener los fondos oficiales ha llevado el debate a un nivel sin precedentes, en el que la influencia política directa sobre la independencia editorial de los medios públicos se pone en tela de juicio. Los defensores del financiamiento público argumentan que NPR y PBS ofrecen cobertura diversa, profunda y rigurosa que muchas veces no se encuentra en medios comerciales, sirviendo como un contrapeso esencial para mantener la pluralidad y el acceso a información veraz. Explican además que estas estaciones dependen en gran parte de los fondos federales para operar, particularmente en áreas rurales y mercados donde no hay medios comerciales fuertes o con amplia cobertura. En cambio, los críticos sostienen que el dinero de los contribuyentes no debería utilizarse para subsidiar medios que pueden tener una inclinación política, sugiriendo que existen alternativas comerciales que cubren las necesidades informativas sin la necesidad de recursos públicos. Consideran que la orden ejecutiva responde a un interés legítimo por asegurar que los fondos públicos no se utilicen para promover una agenda ideológica.
El impacto inmediato de la suspensión de los fondos sobre NPR y PBS ha generado incertidumbre en el sector de medios públicos. Muchas estaciones locales que dependen de estos ingresos para desarrollar contenido propio, mantener operaciones y realizar producciones educativas ven amenazada su estabilidad financiera. Se anticipa que esta medida pueda provocar una reducción significativa en la cantidad y calidad de programación disponible para los ciudadanos, afectando también a comunidades vulnerables y grupos que históricamente han encontrado en estos medios un espacio para la representación y el acceso a información pertinente. Cabe destacar que la interrupción del financiamiento también podría abrir un precedente jurídico y político que afecte el modelo de medios públicos construido a lo largo de décadas, tanto en Estados Unidos como en otros países que cuentan con sistemas similares. La batalla legal anunciada por NPR y PBS reviste mayor trascendencia, pues podría sentar bases sobre la autonomía editorial frente a la injerencia gubernamental en el ámbito informativo.
Entre los argumentos presentados por la administración se incluyó además la afirmación de que los contenidos de estos medios promueven ideas consideradas por algunos sectores como "woke" o radicales, lo que ha sido criticado por defensores de la libertad de expresión y prensa, quienes aclaran que la diversidad de temas abordados refleja una sociedad plural y compleja, no un sesgo per se. En resumen, la decisión tomada por Trump marca un capítulo importante en la discusión sobre el financiamiento y la regulación de los medios públicos en Estados Unidos. Plantea un choque entre quienes defienden un modelo de medios con soporte estatal para garantizar educación, cultura e información equitativa, y aquellos que cuestionan la necesidad y la manera en que se otorgan esos recursos, en un contexto donde las agendas políticas y las percepciones sobre la objetividad periodística influyen de manera decisiva. El futuro de NPR y PBS dependerá en gran medida del desenlace de los procesos legales y del apoyo público que logren mantener. La crisis ha puesto en la agenda nacional la importancia del financiamiento público para los medios y el equilibrio necesario para preservar tanto la independencia editorial como la responsabilidad ante la sociedad.
El debate continúa abierto y seguirá siendo un tema central en las discusiones sobre medios, política y democracia en los próximos años.