En el contexto actual de la regulación de medios y telecomunicaciones en Estados Unidos, la figura de Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ha generado un debate intenso y profundo sobre el rumbo que está tomando esta entidad clave. Durante sus primeros cien días al frente de la FCC, el organismo ha experimentado una metamorfosis que algunos expertos califican como alarmante, pasando de ser un ente regulador centrado en la protección de los derechos de consumidores y la competencia justa, a convertirse en una herramienta al servicio de intereses políticos específicos y un mecanismo para acosar a quienes no se alinean con ciertos poderes. Este fenómeno ha generado preocupación en sectores tanto dentro como fuera del gobierno, formulándose serias críticas sobre la erosión de la independencia y la misión original de la FCC. Brendan Carr ha liderado la FCC bajo una óptica claramente orientada a apoyar la agenda del expresidente Donald Trump y sus allegados, lo que se refleja en un patrón recurrente donde la entidad utiliza su poder de forma selectiva, ejerciendo presión sobre empresas mediáticas, plataformas de telecomunicaciones y organizaciones cuya línea editorial o políticas internas no coinciden con los intereses del actual liderazgo. Esta situación representa no solo un retroceso en la defensa de los consumidores, sino también una amenaza directa a la libertad de prensa y a la diversidad mediática, pilares fundamentales para el funcionamiento democrático.
En tiempos pasados, la FCC mostró interés en vigilar la precisión de los mapas de banda ancha y los cargos extras que a menudo encarecen los servicios de telecomunicación para los usuarios finales. También existía un esfuerzo tangible para hacer seguimiento a la concentración de medios y abordar la discriminación histórica en la implementación de infraestructura de alta velocidad. Sin embargo, bajo la dirección de Carr, estas prioridades se han desplazado radicalmente. La FCC actualmente focaliza sus esfuerzos en perseguir a compañías que no reproducen el discurso oficial o que no se alinean con la narrativa política dominante, incluso lanzando investigaciones que parecen no tener un sustento sólido ni legal claro. Este uso arbitrario del poder regulador ha sido interpretado por muchos analistas como un intento de intimidar a regulados para obtener sometimiento político más que para proteger el interés público.
Este fenómeno de “weaponización” de la FCC se evidencia en casos concretos que han captado la atención del público y de expertos regulatorios. Un ejemplo notable es la presión ejercida sobre grandes conglomerados como Paramount/CBS, objeto de críticas por la edición de contenidos críticos hacia figuras políticas vinculadas al gobierno anterior. Brendan Carr respaldó acciones que muchos consideraron un ataque a la libertad de expresión, amplificando denuncias carentes de pruebas contundentes para justificar investigaciones sobre supuestas violaciones a reglas históricamente poco aplicadas, como la distorsión informativa en emisiones televisivas. Estos movimientos se enmarcan dentro de un patrón más amplio que busca controlar y censurar contenidos que desafían discursos oficiales. A la par, el liderazgo de Carr ha extendido la mira hacia medios públicos como NPR y PBS, organizaciones que tradicionalmente reciben apoyo modesto pero vital para mantener una prensa independiente y plural.
Alegando incumplimientos con regulaciones sobre publicidad, la FCC ha iniciado pesquisas que apuntan claramente a reducir la capacidad operativa y financiera de estos medios. Esto ocurre en simultáneo con intentos de recortar fondos públicos, generando un ambiente hostil para la prensa pública que juega un rol esencial en la formación de opinión y el acceso a información sin sesgos comerciales o políticos. La tendencia de Carr también se deja notar en la industria de telecomunicaciones donde su enfoque parece más conciliador con las grandes corporaciones que con los consumidores. Las investigaciones emprendidas hacia empresas como Verizon y Comcast por presuntas resistencias a adoptar políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) reflejan un doble estándar regulatorio. Aunque estas investigaciones carecen de bases legales robustas, el simple hecho de iniciar procesos públicos a partir de acusaciones infundadas funciona como una estrategia de presión para que las compañías se sometan o ajusten sus políticas internas a directrices ideológicas específicas.
Este modus operandi rompe con la tradición regulatoria que priorizaba la objetividad y la defensa de los usuarios, dando paso a una FCC que parece estar más interesada en proteger agendas políticas y corporativas que en robustecer la competencia y brindar mayor transparencia. La erosión de supervisión está acompañada, además, por movimientos de desmantelamiento de mecanismos que durante años sirvieron para limitar la concentración de medios y promover la competencia en banda ancha, un ámbito donde la monopolización y la discriminación contra comunidades minoritarias y menos favorecidas han sido problemas persistentes. La privatización y desregulación excesiva alentada desde la FCC podrían agravar la brecha digital en Estados Unidos, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables, quienes más requieren de un acceso estable y asequible a internet. Al desmantelar salvaguardas que frenaban prácticas abusivas como límites arbitrarios en el uso de datos o cargos ocultos en las facturas, la FCC bajo Carr parece estar facilitando estrategias comerciales que agravan el costo y la mala calidad del servicio. Esto contrasta con la imagen de agencia protectora del consumidor que tuvo durante décadas y abre un campo peligroso para el acceso igualitario a herramientas clave en la sociedad moderna.
El debilitamiento de la regulación a nivel federal ha generado un llamado creciente para que los estados y gobiernos locales asuman un papel más activo en la defensa de los usuarios y la promoción de infraestructuras digitales inclusivas. Siete estados ya han implementado leyes de neutralidad en la red, mientras otros trabajan en garantizar tarifas asequibles para las familias con bajos ingresos y fomentar la creación de redes de banda ancha públicas o comunitarias. Sin embargo, esta descentralización también enfrenta desafíos importantes. Los Estados deben sortear limitaciones legales impuestas a nivel federal y superar barreras de recursos y atención, especialmente cuando están lidiando con demandas concurrentes en otros frentes como la salud y la inmigración. En el aspecto mediático, el maltrato a la prensa libre reflejado en actuaciones que se han calificado como censura institucionalizada tiene un impacto profundo en la calidad de la democracia y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La desaparición de medios locales y el auge de “desiertos informativos” han hecho que la gente se vuelva más vulnerable a la desinformación y a narrativas sesgadas. Por eso, apostar por fortalecer medios independientes y públicamente financiados en las localidades es esencial para garantizar un ecosistema informativo saludable y resistente a influencias externas o políticas. Los expertos y defensores de los derechos del consumidor y la libertad de prensa insisten en que la actual trayectoria de la FCC con Brendan Carr no es solo un retroceso temporal, sino un ejemplo claro de captura regulatoria y corrupción que perjudica a millones de usuarios, pone en riesgo el pluralismo mediático y debilita las bases democráticas del país. Para contrarrestar estos efectos, sugieren no depositar expectativas exclusivas o excesivas en las instancias federales, sino ampliar la lucha a todos los niveles, con un enfoque en la creación de alternativas y estructuras más democráticas y sustentables, que puedan garantizar una prensa independiente y una infraestructura digital realmente accesible para todos. Este contexto plantea una realidad compleja pero indispensable de afrontar: el equilibrio entre los poderes políticos, las corporaciones y los derechos ciudadanos está siendo puesto a prueba.
La FCC de Brendan Carr representa un claro ejemplo de cómo la politización de una agencia reguladora puede impactar negativamente tanto a los consumidores como al derecho fundamental a la información. La resistencia a esta tendencia deberá ser igualmente firme, basada en la movilización ciudadana, la innovación institucional y el compromiso con la transparencia y la justicia social en el acceso a las comunicaciones.
