En marzo de 2025, el gobernador de New Hampshire, Kelly Ayotte, firmó una reforma significativa en las políticas de fianzas del estado que otorga a los jueces una discrecionalidad ampliada para decidir la detención preventiva de los acusados antes de que el caso sea juzgado. Esta reforma fue impulsada por una nueva mayoría republicana legislativa que busca revertir ciertos estándares implementados en 2018, los cuales habían dificultado la detención previa al juicio al elevar la carga legal necesaria para mantener a un individuo en prisión mientras espera su juicio. Este cambio legal introduce modificaciones clave, entre ellas una extensión en el plazo para realizar la audiencia inicial de fianza, pasando de 24 horas a 36 horas, exceptuando fines de semana y días festivos. De esta manera, se busca dar un mayor espacio para que los jueces evalúen de manera exhaustiva el riesgo que representa liberar temporalmente al imputado. Las críticas a la normativa anterior señalaban que facilitaba la salida rápida de personas arrestadas, a veces apenas horas después de su detención, lo cual algunos consideraban un problema para la seguridad ciudadana.
La reforma fue presentada y defendida por la gobernadora Ayotte como una respuesta necesaria al “experimento social fallido” que, según sus palabras, generó una “puerta giratoria” para delincuentes violentos. En su discurso, enfatizó la importancia de implementar un sistema que priorice la seguridad pública y permita la retención de aquellos considerados una amenaza para la sociedad o con riesgo de fuga. Antes de la reforma de 2018, los jueces en New Hampshire contaban con mayor libertad para ordenar la detención preventiva basándose en criterios de peligro para terceros o riesgo de fuga. Sin embargo, la ley bipartidista firmada entonces por el entonces gobernador Chris Sununu elevó el estándar legal para justificar la detención, lo que llevó a que más personas fueran liberadas después de su arresto. La modificación actual disminuye nuevamente ese estándar, permitiendo una intervención judicial más firme en casos determinados.
Un aspecto relevante que se mantiene de la ley de 2018 es la obligación judicial de considerar la situación financiera del acusado al establecer la fianza en efectivo. Esta disposición fue fundamental en la legislación previa y se contrapuso a prácticas discriminatorias que mantenían encarceladas a personas únicamente por su incapacidad económica. La reforma respeta esta cláusula para evitar injusticias y garantizar que la determinación de la fianza no se convierta en un castigo socioeconómico. Desde la implementación de la ley de 2018, diferentes actores políticos y sociales en New Hampshire han expresado preocupaciones respecto al aumento de delitos cometidos por individuos que estaban en libertad bajo fianza. Alcaldes y fuerzas policiales han impulsado en varias ocasiones modificaciones a la normativa para equilibrar la protección de la sociedad con los derechos de los acusados.
Sin embargo, este nuevo ajuste legislativo también ha generado oposición por parte de algunos sectores democráticos y defensores de derechos civiles, que argumentan que las estadísticas del FBI muestran una tendencia a la baja en delitos tanto violentos como contra la propiedad en New Hampshire. Para ellos, endurecer las reglas de fianza podría favorecer de manera desproporcionada la encarcelación preventiva, con riesgos de abuso y la afectación de personas no condenadas. Ayotte convirtió la reforma del sistema de fianzas en una de las prioridades en su agenda política y la mencionó con frecuencia durante su campaña y en su discurso inaugural. Contó con el respaldo firme de la mayoría republicana en la Cámara y el Senado estatal para aprobar la ley, lo que refleja la importancia que el tema tiene para la coalición gobernante. La polémica en torno a la reforma de la fianza en New Hampshire pone de relieve el equilibrio delicado que deben encontrar los sistemas judiciales entre garantizar la seguridad pública y proteger los derechos constitucionales de los acusados en proceso judicial.
La discrecionalidad ampliada para los jueces representa una apuesta a un enfoque más restrictivo en la gestión de los riesgos, pero al mismo tiempo suscita preguntas sobre posibles decisiones arbitrarias o discriminatorias. Además, la extensión en la duración para las audiencias iniciales busca evitar decisiones apresuradas que puedan resultar injustas o peligrosas. Dotar a los operadores judiciales de más tiempo para evaluar cada caso puede mejorar la calidad de la justicia, pero también implica mayor carga y demora para el sistema penal. Este cambio en New Hampshire se inserta en un contexto más amplio de debates nacionales sobre la reforma del sistema de justicia penal, el uso de la prisión preventiva y la equidad en el acceso a la libertad antes del juicio. Las experiencias de diferentes estados muestran que las políticas de fianza tienen un impacto profundo en las comunidades, especialmente en aquellas con altos niveles de vulnerabilidad económica y social.
El mantenimiento del criterio de evaluación financiera en la ley pretende evitar que la imposibilidad económica se traduzca en encarcelamiento, un punto central en los movimientos contra la criminalización de la pobreza. La tensión entre estos aspectos sigue siendo un desafío para los legisladores y jueces, que deben garantizar un sistema que sea justo, eficaz y responsable. En definitiva, la firma de la reforma por la gobernadora Ayotte marca un cambio significativo en la manera en que el estado de New Hampshire maneja la detención preventiva. Al garantizar a los jueces mayor margen para decidir, el estado apuesta por reforzar la seguridad y responder a las preocupaciones de los sectores más conservadores, dejando abierta la evaluación de los resultados y el impacto social que esta medida tendrá en los próximos años. Mientras el nuevo sistema entre en vigor en aproximadamente 180 días, los expertos en justicia y derechos humanos, así como las autoridades locales, seguirán monitoreando y debatiendo sus efectos en la dinámica judicial y la percepción pública sobre la justicia y la seguridad.
La reforma representa un paso más en la continua evolución del marco legal que regula la fianza en Estados Unidos, con particularidades propias del contexto político y social de New Hampshire.
