En el complejo mundo de las fusiones y adquisiciones en la industria mediática estadounidense, la denominada prueba de "interés público" que aplica la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) se ha convertido en un factor determinante, aunque ambiguo, para la aprobación o rechazo de grandes operaciones. Este concepto, que tradicionalmente busca garantizar la equidad y la transparencia en la radiodifusión, ha evolucionado en los últimos años para incluir nuevos criterios políticos y sociales, lo que ha provocado conflictos resonantes en sectores críticos. Uno de los ejemplos más claros y recientes es el caso de la adquisición de Paramount y su filial CBS News por parte de Skydance, transacción millonaria que, aunque podría superar el examen antimonopolio, enfrenta una condición inesperada: la eliminación de las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) si desea obtener el beneplácito de la FCC bajo la dirección de Brendan Carr. Skydance, una empresa relativamente joven pero con un crecimiento exponencial en la industria del entretenimiento, está a punto de completar una compra valorada en alrededor de 8 mil millones de dólares para adquirir Paramount, un conglomerado de medios robusto y diverso. Este movimiento, liderado por David Ellison, CEO de Skydance y conocido por sus vínculos con Larry Ellison, cofundador de Oracle y vinculado al círculo cercano del expresidente Donald Trump, se ha topado con un obstáculo inesperado dentro de la FCC, una agencia reguladora que juega un papel clave en la supervisión de los medios de comunicación en Estados Unidos.
La controversia gira en torno a las políticas DEI, que han sido implementadas ampliamente en la industria mediática y otras áreas de la corporación estadounidense para promover la representación racial y de género, corregir desigualdades históricas y fomentar ambientes laborales inclusivos. Sin embargo, bajo la dirección actual de la FCC, encabezada por Brendan Carr, un comisionado con una marcada orientación conservadora y nombrado durante la administración Trump, estas políticas son vistas como problemáticas. Carr sostiene que las iniciativas DEI, particularmente las que incluyen cuotas o preferencias explícitas basadas en raza o género, pueden ir en detrimento del verdadero "interés público" que la FCC debe defender y por lo tanto, en cualquier proceso de fusión o adquisición que requiera licencia de radiodifusión, la eliminación de estas políticas se ha convertido en un requisito esencial. Este enfoque representa un punto de inflexión para la industria, especialmente para compañías como Disney o Comcast, que han adoptado estrategias DEI extensivas, incluyendo contenido, políticas de contratación y capacitación de personal, y que podrían verse forzadas a reconsiderar o incluso abandonar tales prácticas si desean mantener o ampliar sus operaciones bajo el escrutinio de la FCC. La situación evidencia un choque de valores y prioridades donde la definición misma de "interés público" es objeto de debate y disputa política.
El caso de Skydance-Paramount ilustra la paradoja que enfrenta el sector. Por un lado, la conglomeración plantea beneficios potenciales en términos de sinergias económicas, innovación y competencia global. Por otro, la exigencia de retractarse de iniciativas DEI genera una disyuntiva ética y social importante. Dejando de lado las acusaciones políticas, la realidad es que la FCC, al ejercer su poder regulador sobre licencias de transmisión que operan en frecuencias públicas, tiene la capacidad de condicionar o bloquear transacciones si considera que no cumplen con sus estándares de "interés público". En este contexto, el término adquiere dimensiones que trascienden el marco técnico y económico para involucrar posiciones ideológicas y culturales ligadas al gobierno de turno.
Este fenómeno también refleja la creciente politización de los órganos reguladores en Estados Unidos, donde las decisiones sobre la industria mediática no solo se delimitan en términos económicos o legales, sino que también están influidas por dinámicas culturales y sociales. El concepto de DEI, inicialmente promovido como un mecanismo para combatir discriminaciones sistémicas y promover la justicia social, se ha convertido en un terreno de confrontación política. Según fuentes cercanas a la FCC, mientras Brendan Carr mantiene su liderazgo, la postura oficial será difícil de modificar, tornando indispensable que cualquier compañía que dependa de la licencia de emisión local para sus operaciones reevalúe la incorporación de políticas DEI. Este escenario genera un impacto no solo en la estructura y estrategia de las empresas implicadas sino también en el contenido ofertado y la percepción pública de los medios. Grandes compañías como Disney, que han integrado la diversidad en su narrativa y en el desarrollo de productos culturales, podrían verse obligadas a replantear su enfoque para alinearse con las normativas.
Además, esta dinámica introduce incertidumbre en los inversores y actores del mercado, que deben considerar factores regulatorios y políticos para sus decisiones. La historia reciente ha registrado un giro en la jurisprudencia sobre la constitucionalidad de las políticas basadas en preferencias raciales y de género, con tribunales estadounidenses imponiendo límites a prácticas consideradas discriminatorias, sea cual sea la intención detrás de ellas. En este contexto, la posición de la FCC bajo Carr se alinea con esta tendencia judicial, buscando regular que estas prácticas no formen parte de los criterios de evaluación para fusiones y adquisiciones con licencia pública. En el caso concreto de la investigación en curso sobre la fusión Skydance-Paramount, además de las cuestiones relacionadas con DEI, la FCC también examina si la transacción cumple con normativas antimonopolio y si respeta la diversidad informativa y la equidad en la cobertura noticiosa. Un aspecto particular ha sido la revisión sobre la edición en el programa "60 Minutes" de CBS de una entrevista con la entonces vicepresidenta Kamala Harris, donde se alega manipulación para presentar una imagen más favorable, lo cual también entra en la dimensión de "interés público" vinculada a la imparcialidad y transparencia.
Las tensiones generadas en este caso reflejan un cambio profundo en la relación entre las políticas corporativas, el gobierno y la sociedad civil, afectando la manera en que las empresas gestionan la inclusión y la diversidad en un entorno con reglas regulatorias estrictas y cambiantes. Las empresas del sector mediático que deseen prosperar deberán navegar hábilmente estas aguas, sopesando valores éticos y las demandas de cumplimiento para asegurar el éxito y la aprobación de sus operaciones. En síntesis, la adquisición de Paramount por Skydance se ha convertido en un paradigma del dilema urgente entre la promoción de políticas DEI y las exigencias regulatorias de un "interés público" definido bajo un lente político particular. Más allá del caso específico, esta situación explica las complejidades que enfrenta la industria mediática contemporánea en Estados Unidos, donde las decisiones no solo se toman en términos financieros o estratégicos sino también en un contexto permeado por debates sobre justicia social, representatividad y el papel gubernamental en la regulación cultural y comercial. El futuro de las políticas de diversidad, equidad e inclusión en el ámbito mediático dependerá en gran medida de la dirección política que tomen los organismos regulatorios y la capacidad de las empresas para adaptarse sin perder su identidad ni alienar a sus audiencias.
Skydance y Paramount tienen ante sí la difícil tarea de equilibrar estas fuerzas opuestas, y sus decisiones podrían marcar un precedente para todo el sector en los próximos años.
