La quiebra de FTX ha representado uno de los capítulos más dramáticos en la historia reciente del ecosistema cripto. Más allá de la debacle financiera, la situación ha expuesto las vulnerabilidades y retos asociados con la recuperación de activos digitales en el marco legal vigente. En medio de este escenario, FTX ha lanzado acciones legales contra NFT Star y Delysium para intentar recuperar millones en tokens que permanecen desaparecidos o retenidos, poniendo en evidencia las complejidades que implica la gestión de activos bajo acuerdos previos en el mundo blockchain. El caso surge a raíz del incumplimiento por parte de NFT Star y Delysium de sus obligaciones contractuales respecto a la entrega de tokens a FTX, que en su momento había invertido a través de acuerdos denominados Simple Agreements for Future Tokens (SAFT). Estos acuerdos son una práctica común en proyectos criptográficos para captar fondos antes de realizar un lanzamiento oficial de tokens, pero en ocasiones generan disputas cuando el distribuidor no cumple completamente con sus compromisos.
NFT Star recibió un pago significativo de $325,000 por parte de Alameda Ventures, una afiliada a FTX, mediante su subsidiaria Maclaurin Investments. La transacción estaba vinculada a la adquisición de tokens de los proyectos SENATE y SIDUS, ambos relacionados con el universo Sidus Heroes, un metaverso que combina juego y economía digital. Los tokens SENATE cumplían un rol de gobernanza, permitiendo a sus titulares participar en decisiones estratégicas del proyecto y adquirir recursos virtuales, mientras que los SIDUS funcionaban como moneda dentro del ecosistema para realizar compras y mejoras. Bajo los términos del acuerdo SAFT, NFT Star debía entregar un 5% de los tokens al momento del lanzamiento el 15 de diciembre de 2021, con el resto desbloqueándose mensualmente hasta octubre de 2023. Sin embargo, aunque se entregaron algunos tokens inicialmente, la distribución se detuvo abruptamente con la declaración de quiebra de FTX en noviembre de 2022.
Esto generó pérdidas considerables, con aproximadamente 831,691 tokens SENATE y 83,169,187 SIDUS aún pendientes de entrega. Esta situación llevó a FTX a presentar una demanda argumentando que el incumplimiento de NFT Star violaba tanto el contrato establecido como las protecciones legales en un proceso de bancarrota, lo que podrían constituir una infracción grave. Además de solicitar la entrega inmediata de los tokens faltantes, la empresa busca una indemnización por daños adicionales, en un esfuerzo por resguardar el patrimonio de sus acreedores. Por otro lado, el caso contra Delysium presenta un escenario igualmente complejo. Maclaurin Investments desembolsó un millón de dólares para la adquisición de 75 millones de AGI tokens, un activo asociado con una plataforma de inteligencia artificial.
El acuerdo establecía una liberación inicial del 20% de los tokens tras un período de espera de doce meses, seguido de desbloqueos trimestrales que permitirían una distribución gradual y controlada. Sin embargo, Delysium habría modificado unilateralmente el calendario de liberación, extendiendo el período de entrega hasta 48 meses sin contar con la aprobación de FTX. Esta acción provocó un rechazo importante, especialmente cuando en una comunicación pública en Discord en octubre de 2023, Delysium anunció que no asignaría los tokens AGI a FTX, fundamentando su decisión en el proceso de bancarrota en curso. Lo que añade complejidad es que Delysium mantuvo una cuenta activa en FTX.com y presentó una reclamación de más de $243,000, representando un saldo al momento de la quiebra.
FTX sostiene que bajo la ley de bancarrota, esa reclamación debería ser rechazada si Delysium no cumple con la devolución de los tokens adeudados. En consecuencia, la demanda exige la devolución inmediata de los AGI tokens, además de daños por incumplimiento contractual y posibles sanciones por violar las normas de protección de la bancarrota. Estas acciones legales forman parte integral de la estrategia de FTX para recuperar activos de gran valor que se perdieron en el colapso de la plataforma, que desde su bancarrota ha emprendido litigios contra varias entidades clave de la industria cripto, incluyendo a gigantes como Binance. Este proceso pone en relieve los desafíos intrínsecos que enfrentan las criptomonedas y los proyectos relacionados cuando situaciones financieras y legales se cruzan. El impacto que tiene esta batalla legal va más allá de las cifras y las reclamaciones.
Resalta la necesidad de establecer reglas claras para la gestión de tokens bajo acuerdos de tipo SAFT, así como protocolos sólidos para proteger a inversionistas y acreedores en un entorno donde la tecnología evoluciona rápidamente pero el marco jurídico aún está en desarrollo. También enfatiza la importancia de la transparencia y la comunicación entre todas las partes involucradas para evitar conflictos que puedan derivar en pérdidas significativas. Para los interesados en el mundo NFT y en la inversión en proyectos relacionados con inteligencia artificial y tecnologías emergentes, este caso representa una advertencia sobre los riesgos existentes. Aunque el potencial de ganancias y crecimiento es alto, también lo es el nivel de incertidumbre y la posibilidad de malentendidos o incumplimientos contractuales que pueden afectar gravemente el valor de las inversiones. En el plano de la comunidad cripto, las acciones de FTX muestran una postura firme que busca establecer precedentes para que todos los actores involucrados cumplan con sus compromisos, especialmente en momentos críticos como la bancarrota.
