El creciente uso de criptomonedas y la prevalencia de pagos en efectivo en ciertas industrias han despertado preocupación entre las autoridades y expertos en materia de seguridad financiera y prevención del lavado de dinero. Un panel independiente de expertos ha emitido recientemente una serie de recomendaciones enfocadas en la necesidad de prohibir el uso de cajeros automáticos de criptomonedas y la entrega de salarios en efectivo en sectores considerados de alto riesgo, como la construcción, la horticultura y la hostelería. Estas medidas se plantean con el objetivo de fortalecer el sistema de control y vigilancia financiera, evitando que actividades ilícitas encuentren vías para blanquear capitales de manera más sencilla y oculta. El lavado de dinero es un fenómeno que afecta a nivel global y representa una amenaza significativa para la economía y la estabilidad social. Este delito consiste en transformar fondos obtenidos mediante actividades ilegales en fondos «limpios» que puedan integrarse al sistema financiero formal sin levantar sospechas.
Tradicionalmente, el lavado de dinero ha explotado brechas en regulaciones y en la supervisión de ciertos sectores, y la irrupción de las criptomonedas ha agregado un nivel adicional de complejidad para los reguladores y las fuerzas del orden. Las criptomonedas, por su naturaleza descentralizada y la dificultad para rastrear transacciones, se convierten en un vehículo atractivo para quienes buscan aprovecharse del anonimato y la rapidez de estos sistemas para esconder el origen ilícito de fondos. Los cajeros automáticos de criptomonedas, que permiten comprar y vender monedas digitales con dinero en efectivo, amplían esta capacidad al facilitar el acceso sin requisitos rigurosos de identidad o trazabilidad. De acuerdo con el panel de expertos, las industrias como la construcción, la horticultura y la hostelería están particularmente expuestas a prácticas que pueden facilitar el lavado de dinero. Estas actividades suelen manejar grandes volúmenes de transacciones en efectivo y, en ocasiones, emplean a trabajadores cuyo pago no siempre queda registrado formalmente, hecho que dificulta la supervisión y atrae el uso de dinero ilícito para blanquear capitales.
El pago de salarios en efectivo incrementa el riesgo de actividades ilegales porque permite a los empleadores y trabajadores evadir controles fiscales y laborales, mientras que simultáneamente permite la circulación de dinero sin un registro claro. De este modo, el efectivo se convierte en un instrumento para ocultar o justificar la procedencia de fondos que pueden provenir de actividades vinculadas al narcotráfico, la corrupción u otros delitos. La propuesta del panel implica una prohibición explícita del pago en efectivo en estos sectores de alto riesgo, instando a que los salarios se paguen exclusivamente mediante transferencias bancarias u otros métodos electrónicos que faciliten la trazabilidad. Este cambio no solo aportaría herramientas a las autoridades para monitorear y detectar irregularidades, sino que además mejoraría la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores, quienes contarían con documentación oficial de sus ingresos. Adicionalmente, la eliminación de los cajeros automáticos de criptomonedas busca minimizar un punto crítico para la conversión rápida de dinero en efectivo en activos digitales que pueden circular sin control rígido.
Al limitar estos accesos, se pretende dificultar que los delincuentes utilicen estos dispositivos para lavar activos o financiar actividades ilícitas. Estas recomendaciones se enmarcan en un esfuerzo más amplio del gobierno y las agencias reguladoras para fortalecer la legislación y los mecanismos de control asociados a los delitos financieros. La experiencia internacional ha demostrado que la regulación eficaz de los medios de pago, la observancia de la normativa de conocimiento del cliente (KYC, por su sigla en inglés), y una cooperación estrecha entre entidades financieras, fuerzas de seguridad y entes reguladores son fundamentales para reducir el lavado de dinero. Aunque la innovación financiera y la adopción de tecnologías digitales son aspectos positivos para la economía, el panel recalca la importancia de equilibrar esas ventajas con medidas que eviten que el sistema sea utilizado para fines ilegales. La regulación no pretende frenar el desarrollo tecnológico ni la inclusión financiera, sino asegurar que su implementación se realice de forma segura y transparente.
