En los últimos años, el impacto de Bitcoin en el panorama financiero global no ha hecho más que crecer. Desde su creación, esta criptomoneda ha experimentado un aumento de valor espectacular, acumulando ganancias que superan el 600.000 % desde 2013. Este fenómeno ha colocado a quienes mantienen grandes cantidades de Bitcoin, conocidos popularmente como hodlers, en el centro de una discusión que va más allá de la simple inversión: ¿podrían los hodlers ser el motivo que impulse a más países a implementar impuestos sobre la riqueza? Los impuestos tradicionales giran en torno a la renta o a las ganancias de capital, pero la naturaleza única de Bitcoin —como activo digital, volátil y muchas veces mantenido a largo plazo sin vender— desafía la estructura fiscal convencional. Históricamente, la mayoría de las personas solo pagan impuestos cuando venden un activo y se convierte la ganancia en realidad, es decir, cuando se produce un evento imponible.
Sin embargo, el vertiginoso ascenso de Bitcoin ha llevado a que las autoridades fiscales consideren un enfoque distinto: gravar el valor total de los activos, independientemente de si han sido vendidos o no. Esta idea está encarnada en el concepto del «impuesto sobre la riqueza», un gravamen anual aplicado al patrimonio neto total de una persona, incluyendo efectivo, inversiones, propiedades y otros activos, después de deducir las deudas. El propósito es aumentar los ingresos públicos y reducir la desigualdad económica, al cobrar a los individuos más acaudalados, no solo cuando generan ingresos, sino también sólo por tener un patrimonio elevado. Los países que ya cuentan con impuestos sobre la riqueza, como Bélgica, Noruega y Suiza, han adoptado este tipo de tributación durante décadas, pero las grandes economías como Estados Unidos, Australia y Francia han sido, hasta ahora, reacias a aplicar un impuesto de esta índole. No obstante, la opinión pública y la política están evolucionando en medio del auge de las criptomonedas.
En diciembre de 2024, la senadora francesa Sylvie Vermeillet llevó la discusión un paso más allá, proponiendo que Bitcoin sea considerado un activo “no productivo”. Este enfoque implicaría la imposición de impuestos anuales sobre las ganancias de Bitcoin, aunque el activo no haya sido vendido nunca. Implicaría que las ganancias no realizadas se conviertan en base imponible, una idea que algunos sectores del mercado ven como el preludio de una nueva era fiscal para las criptomonedas y otros activos digitales. El impacto potencial de estas medidas tiene dos caras. Por un lado, los gobiernos ven en el impuesto sobre la riqueza una fuente atractiva para obtener ingresos, especialmente en un contexto de crecientes necesidades presupuestarias y desigualdad social.
Si consideramos que un hodler promedio ya dispone de una fortuna sustancial gracias a Bitcoin, la tentación para las autoridades fiscales será grande. En países como Suiza, donde el impuesto sobre la riqueza puede llegar hasta el 1 % del valor del portafolio, la recaudación puede ser significativa, especialmente considerando el crecimiento exponencial de los activos criptográficos. Por otro lado, la implementación de impuestos sobre la riqueza ligados a activos digitales también conlleva riesgos y desafíos importantes. Uno de los más relevantes tiene que ver con el movimiento global de personas con alto patrimonio neto. Recientes estudios y datos muestran que millonarios y multimillonarios están migrando desde países con elevados impuestos hacia jurisdicciones con sistemas fiscales más amigables como Dubái.
Este éxodo fiscal puede debilitar la base impositiva y la economía de los países con política tributaria estricta, causando un efecto contraproducente para sus finanzas públicas. Además, la volatilidad intrínseca de Bitcoin añade una capa extra de complejidad. Esta criptomoneda puede experimentar fuertes caídas de valor en cuestión de semanas o meses, complicando la valoración justa para fines fiscales. Una política impositiva que no tome en cuenta estas fluctuaciones podría ser percibida como injusta o distorsionadora, fomentando la evasión fiscal o el traslado de activos a plataformas no reguladas. Alemania, por ejemplo, podría estar entre los países que evalúen esta posibilidad.
Aunque eliminó el impuesto sobre la riqueza en 1997, recientes movimientos gubernamentales, como la disposición de vender 50.000 Bitcoin incautados a un precio relativamente bajo, evidencian que la oportunidad de rentabilizar estos activos digitales no ha pasado desapercibida. Con Bitcoin superando los 100.000 dólares meses después, el gobierno alemán dejó escapar una ganancia considerable, y la presión para recuperar ese potencial fiscal podría aumentar. Sin embargo, no todos los países parecen dispuestos a seguir este camino.
En Estados Unidos, la mentalidad de los hodlers tiene cierto respaldo oficial tras la firma de una orden ejecutiva para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin, una señal de aceptación y reconocimiento del valor a largo plazo de esta criptomoneda. Esta postura puede complicar los intentos de promover impuestos sobre la riqueza basados en activos digitales, puesto que implicaría un cambio significativo en la política económica y fiscal del país. Otro aspecto relevante es la reacción del ecosistema cripto y la comunidad de inversores. Muchos hodlers ven en Bitcoin una reserva de valor y una forma de protegerse contra la inflación y la inestabilidad económica. La imposición de impuestos sobre ganancias no realizadas podría ser interpretada como un ataque directo al espíritu del hodl, generando resistencia y posibles estrategias para esquivar la tributación mediante transferencias a jurisdicciones con menos regulaciones o la utilización de herramientas financieras más complejas.
Es evidente que la acumulación de riqueza en criptomonedas ya no es un fenómeno marginal. Con previsiones optimistas, como la visión de algunos ejecutivos y analistas que fijan el precio de Bitcoin en 1,5 millones de dólares para 2030, la presión sobre los gobiernos para regular y gravar estos activos crecerá, al igual que la necesidad de crear marcos legales claros y equitativos. La cuestión fundamental radica en el equilibrio entre la recaudación fiscal y la competitividad económica. Los países deberán sopesar cuidadosamente los beneficios fiscales de implementar impuestos sobre la riqueza contra los potenciales efectos adversos, tales como la salida de capitales y el desplazamiento de personas con alto patrimonio. Además, el diseño de estas políticas requerirá innovación y adaptación a las singularidades del ecosistema cripto, incluyendo la volatilidad, la privacidad y la descentralización.
La discusión sobre si los hodlers de Bitcoin serán la causa que motive a más naciones a adoptar impuestos sobre la riqueza sigue abierta. Lo que está claro es que la riqueza digital ha llegado para quedarse y transformará la manera en que los gobiernos piensan y recaudan impuestos. El futuro de la tributación de las criptomonedas será un tema central en la agenda política y económica global en los próximos años, y aquellos involucrados en el mundo cripto deben estar preparados para adaptarse a un entorno fiscal en constante evolución.