En la vibrante región de Kerala, India, surge una historia que involucra la intersección delicada entre la tecnología financiera moderna y las autoridades tradicionales encargadas de la justicia y la seguridad. Michael M K, un comerciante de criptomonedas de Palakkad, se ha visto envuelto en una controversia que pone en entredicho la eficiencia y capacidad de las fuerzas policiales para gestionar delitos relacionados con activos digitales. Desde febrero, Michael ha estado ocultándose no para evadir a la justicia sino para evitar a sus propios familiares, de quienes había tomado dinero prestado para realizar operaciones con criptomonedas, creyendo en su potencial de beneficio. Sin embargo, la realidad se complicó cuando la policía cibernética de Kerala y Telangana congeló sus cuentas bancarias por un total aproximado de ocho lakh rupias, bajo la sospecha de que recibía dinero ilícito relacionado con redes de fraude online y que vendía criptomonedas a partir de esos fondos dudosos. Este caso revela un patrón preocupante: a menudo, cuando los estafadores convierten sus ganancias ilícitas en criptomonedas, las fuerzas del orden se centran erróneamente en los comerciantes honestos que reciben las monedas en lugar de rastrear adecuadamente a los verdaderos defraudadores.
Un grupo de activistas cibernéticos, entre ellos Abdul Jabbar V H, destaca que la transparencia inherente a las transacciones en criptomonedas permite identificar a los usuarios y sus movimientos, ya que el cumplimiento de KYC (Conozca a su cliente) es obligatorio para operar en grandes exchanges como Binance. Esto significa que, pese a las acusaciones, la policía tiene acceso a información vital como fotografías, números de identificación fiscal (PAN), registros bancarios y otras credenciales identificativas que deberían facilitar el rastreo de los criminales reales. La experiencia de Michael ejemplifica la falta de coordinación y posiblemente la falta de voluntad de ciertas autoridades para investigar eficientemente los delitos basados en criptomonedas. En lugar de recibir apoyo oficial, Michael se vio obligado a convertirse en detective junto con el activista Jabbar, investigando por su cuenta a los sospechosos que aparecieron en una denuncia presentada contra una red de estafa que utilizaba plataformas de mensajería como Telegram y WhatsApp para engañar a las víctimas. Una de ellas, Smitha Janet, de Thiruvananthapuram, fue víctima de un engaño que comenzó con pagos pequeños para tareas aparentemente inocuas como dar “me gusta” a vídeos en YouTube, que luego escaló cobrando cantidades cada vez mayores hasta acumular una pérdida significativa.
Janet denunció a tres sospechosos y proporcionó información crucial que posteriormente se relacionó con actividades criminales en otras partes de India, evidenciando un modus operandi réplica que las autoridades de diferentes regiones no parecían compartir ni investigar conjuntamente, hecho que pone en duda la efectividad y coordinación del sistema nacional de reporte de delitos cibernéticos. Durante la investigación, la policía encontró transferencias sospechosas entre las cuentas relacionadas y las de Michael, que él pudo demostrar correspondían a transacciones legítimas dentro del ecosistema de criptomonedas, específicamente ventas hechas a través de Binance. Sin embargo, la policía descartó esta evidencia tecnológica, mostrando una desconexión preocupante con las herramientas modernas y la comprensión financiera necesaria para abordar estos delitos. La experiencia de Michael no es aislada. Otro comerciante de criptomonedas, Abdulla Varikkodan, residente en Dubai, vio bloqueados sus fondos con valor de aproximadamente 35 lakh rupias después de que fue acusado, sin pruebas concluyentes, de usar «dinero sucio» en sus transacciones.
Esta situación refleja cómo la falta de protocolos claros y especializados para manejar el dinero digital y los activos criptográficos hace que comerciantes honestos sean penalizados injustamente, generando desconfianza hacia las transacciones digitales y las criptomonedas. Las fuerzas policiales alegan que su intención es seguir el rastro del dinero sucio congelando los fondos implicados mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, al hacerlo indiscriminadamente y congelar cuentas de personas sin vínculo directo con los delitos denunciados, generan un efecto colateral severo en las vidas de muchos ciudadanos, afectando su estabilidad financiera y reputación sin un proceso adecuado que garantice justicia oportuna. Además, el sistema bancario implica cargos de mantenimiento y multas incluso cuando las cuentas están congeladas, elevando aún más el costo para los afectados. La inexistencia de una metodología clara y la excesiva discrecionalidad permitida a los investigadores y bancos para congelar o liberar cuentas ha generado un ambiente de incertidumbre y frustración entre los comerciantes de activos digitales y el público en general.
Las autoridades de Kerala intentan recalcar que los casos relacionados con criptomonedas constituyen una pequeña fracción del total de investigaciones por delitos cibernéticos, sin embargo, la percepción y testimonios desde el sector crypto indican que la realidad es muy distinta. Hay una evidente necesidad de capacitar a las fuerzas del orden en tecnologías blockchain, colaborando estrechamente con expertos y plataformas especializadas para mejorar la verificación de denuncias y evitar daños innecesarios a terceros inocentes. También se observa un problema de coordinación entre los cuerpos policiales de diferentes regiones, como se evidenció cuando el equipo de Thiruvananthapuram desconocía la detención de sospechosos implicados en un caso similar en Gujarat, lo que demostró la fragmentación del sistema nacional y la falta de comunicación efectiva entre agencias encargadas de combatir fraudes digitales. Dada la naturaleza global y descentralizada de las criptomonedas, cualquier intento para regularlas y hacer cumplir la ley debe contemplar un enfoque integrado que contemple cooperación interinstitucional y el uso de tecnología avanzada para seguimiento de transacciones. La ignorancia o resistencia a aceptar las evidencias tecnológicas puede conducir a errores judiciales y afectar derechos de personas inocentes.
Los afectados, como Michael y Abdulla, han recurrido a la vía judicial y al activismo digital para exigir transparencia y justicia, además de crear conciencia sobre las limitaciones actuales del sistema de seguridad digital y judicial en India. Sus luchas ponen en evidencia que no solo es indispensable reformar procesos, sino también educar tanto a policías como a la sociedad sobre las características esenciales de este nuevo entorno financiero que está revolucionando el modo en que se entiende el dinero y la propiedad. En resumen, el caso de la congelación arbitraria de cuentas vinculadas a operaciones con criptomonedas en Kerala revela una crisis mayor en la gestión policial y legal ante los retos que plantean las tecnologías blockchain. La falta de adaptación al nuevo contexto financiero digital, la acusación sin pruebas claras y la ausencia de apoyo a comerciantes honestos evidencian un sistema que necesita urgente modernización y capacitación. Mientras tanto, la responsabilidad recae en estos cripto comerciantes que, por necesidad, terminan siendo detectives y defensores de su propia inocencia en un terreno jurídico lleno de sombras y desconocimiento.
Solo con un enfoque equilibrado basado en hechos, cooperación y tecnología, será posible erradicar el fraude cibernético sin perjudicar a los ciudadanos que navegan legítimamente las aguas complejas del mundo cripto.
