En los últimos años, el mundo financiero ha experimentado una transformación notable debido a la irrupción de las criptomonedas y las tecnologías relacionadas. Si bien estas innovaciones han generado nuevas oportunidades para la inclusión financiera y diversificación de servicios, también han planteado desafíos significativos en materia regulatoria. En particular, la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés), responsable de supervisar y regular a los bancos nacionales, ha tenido que adaptar su postura para responder a la creciente demanda de servicios relacionados con activos digitales. Sin embargo, a pesar de algunos avances, aún persisten interrogantes sobre los requisitos de cumplimiento que deben seguir las entidades bancarias para ofrecer servicios de custodia y transacciones con criptomonedas de manera segura y conforme a las normativas vigentes. El punto de partida para esta historia regulatoria fue la emisión en julio de 2020 de la Carta Interpretativa 1170 por parte del OCC, que marcó un precedente al autorizar formalmente a los bancos nacionales a brindar servicios de custodia de criptomonedas a sus clientes.
Esta carta aclaró que, más allá de los servicios tradicionales de custodia de activos financieros, los bancos pueden almacenar en nombre de sus clientes activos digitales tales como bitcoin u otras criptomonedas. Además, se abrió la puerta para que las entidades financieras pudieran garantizar la seguridad técnica y operativa necesaria para el manejo de estos activos que, por su naturaleza digital y descentralizada, presentan riesgos diferentes a los activos tradicionales. En mayo de 2025, el OCC lanzó un seguimiento a esta interpretación inicial mediante la Carta Interpretativa 1184. Este documento amplió el marco autorizado al aclarar que los bancos no solo pueden custodiar criptomonedas, sino también comprar y vender estos activos bajo instrucciones directas de sus clientes, así como externalizar servicios de custodia y ejecución relacionados. No obstante, esta flexibilidad no elimina la responsabilidad total que tiene la institución financiera sobre la seguridad y la solidez de dichos servicios, incluso cuando decida delegar ciertas funciones a terceros proveedores.
A pesar de estas autorizaciones formales, el panorama regulatorio formal sigue siendo difuso. Los manuales y guías del OCC destinados a supervisar la custodia de activos datan de antes de la popularización masiva de las criptomonedas; en muchos casos, sus últimas actualizaciones corresponden a años anteriores a 2020, lo que significa que carecen de especificaciones y mejores prácticas concretas adaptadas a la naturaleza única de los activos digitales. La Carta Interpretativa 1170 establece algunos principios básicos que las instituciones deben seguir para los servicios de custodia, como garantizar controles duales, segregación de funciones, procedimientos detallados de debida diligencia y cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero. Además, enfatiza la necesidad de mantener la confiabilidad de los registros contables, asegurando que los activos de los clientes estén claramente separados de los del banco para evitar pérdidas, malversaciones o errores. Sin embargo, no proporciona detalles específicos sobre cómo estos controles deben adaptarse a la tecnología blockchain o a las peculiaridades técnicas que presentan las distintas criptomonedas, ni define de manera concreta el alcance de normativas adicionales que podrían aplicar tanto dentro como fuera del ámbito del OCC.
En enero de 2023, el OCC junto con otras agencias regulatorias emitió una declaración conjunta acerca de los riesgos asociados con los criptoactivos en las organizaciones bancarias. Este documento identificó múltiples riesgos, incluyendo el fraude, la volatilidad inherente del mercado de las criptomonedas, la dificultad de supervisar redes descentralizadas, y las incertidumbres legales relacionadas con las prácticas de custodia. Aun así, esta declaración no proporcionó un marco detallado sobre las prácticas específicas para mitigar estos riesgos ni cómo se actuaría conforme a las normas tradicionales de seguridad y solidez financiera. Debido a este vacío de regulaciones específicas, las entidades financieras que desean ingresar al mercado de servicios basados en criptomonedas enfrentan un desafío complejo. La recomendación predominante es que los bancos involucrados mantengan un diálogo continuo y temprano con el OCC para clarificar expectativas regulativas y asegurar que sus controles internos sean evaluados adecuadamente.
Aunque esta interacción directa puede ralentizar los procesos de implementación, también representa un mecanismo prudente para evitar sanciones o conflictos regulatorios inesperados. La rescisión en noviembre de 2025 de la Carta Interpretativa 1179, que inicialmente requería que los bancos obtuvieran la aprobación previa demostrando la solidez de sus controles para operar en criptomonedas, refleja una postura más flexible del OCC. Sin embargo, la responsabilidad última sigue recayendo en la gestión del banco para cumplir con todos los estándares de seguridad y cumplimiento. Esta apertura debe interpretarse con precaución, ya que la ausencia de reglas estrictas no implica una ausencia de vigilancia o posibles futuras exigencias regulatorias. Además de los aspectos regulatorios, las instituciones deben considerar los desafíos técnicos y operativos.
Las criptomonedas poseen características únicas, como su almacenamiento en carteras digitales, la necesidad de proteger claves privadas y el riesgo de ataques cibernéticos sofisticados. Para ofrecer custodia segura, los bancos necesitan implementar soluciones tecnológicas robustas que combinen seguridad informática avanzada, auditorías independientes y protocolos resilientes para la gestión de incidencias. Por otro lado, el entorno legal nacional e internacional es muy dinámico y está en evolución constante. La coexistencia de regulaciones federales, estatales y, en algunos casos, internacionales, crea una complejidad añadida para determinar exactamente qué normativas se deben cumplir en función de la jurisdicción y de la naturaleza del activo. Los bancos necesitan un equipo multidisciplinario que incluya expertos legales, técnicos y de riesgo para navegar con éxito este contexto.
