En marzo de 2025, la discusión en torno a la adopción institucional de Bitcoin en Estados Unidos alcanzó un nuevo nivel con la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que busca formalizar la Reserva Estratégica de Bitcoin impulsada por el expresidente Donald Trump. Este proyecto, presentado por el republicano Byron Donalds de Florida, introduce una distinción fundamental en comparación con la propuesta paralela del Senado liderada por Cynthia Lummis, representante de Wyoming. Mientras que el proyecto presentado por Lummis plantea una inversión directa del gobierno federal de aproximadamente 80 mil millones de dólares en Bitcoin, la iniciativa de Donalds opta por un enfoque diferente, sin obligar a un monto específico de compra de la criptomoneda. En lugar de ello, su propuesta se limita a establecer el marco legal para la creación de la Reserva Estratégica de Bitcoin, siguiendo la directiva ejecutiva emitida recientemente por Trump. Este marco contempla también la conformación de un Acopio Digital o Digital Asset Stockpile que abarque activos digitales más allá del Bitcoin.
La estrategia de financiamiento es un punto clave que diferencia ambas propuestas. La ley de Donalds busca que los fondos iniciales para esta reserva provengan de activos incautados en procesos civiles o criminales relacionados con el crimen organizado o actividades ilícitas, lo que posibilita utilizar recursos federales ya disponibles sin necesidad de asignaciones presupuestarias adicionales inmediatas. Además, la legislación otorga facultades al secretario del Tesoro y al secretario de Comercio para realizar nuevas adquisiciones de Bitcoin siempre que dichas operaciones sean "presupuestariamente neutrales". Aunque esta condición no se encuentra explícitamente dentro del texto del proyecto, aparece en declaraciones oficiales y da cierta flexibilidad para incrementar las reservas sin impactar las finanzas públicas. En contraste, la iniciativa del Senado es más ambiciosa y compleja, pues propone una recomposición contable de certificaciones de oro de la Reserva Federal según los precios actuales, con los ingresos resultantes destinados a la compra masiva de Bitcoin.
Esta medida ha generado un intenso debate sobre la viabilidad y los posibles riesgos fiscales y económicos que implica la adquisición de grandes cantidades de criptomonedas por parte del gobierno. La administración Trump y sus aliados políticos subrayan la necesidad de reivindicar el papel de las criptomonedas en la economía estadounidense, especialmente frente a una oposición demócrata que durante años ha mostrado escepticismo e incluso animadversión hacia el ecosistema cripto. Byron Donalds expresó que "es momento de que los miembros republicanos del Congreso pongan fin a este conflicto", enfatizando la importancia de establecer un marco claro y favorable para la integración del Bitcoin en la estrategia económica y monetaria del país. El contexto contemporáneo también incluye un volumen significativo de Bitcoin ya en posesión del gobierno estadounidense, estimado en cerca de 200,000 BTC obtenidos mediante procedimientos legales relacionados con decomisos y confiscaciones. Así, la idea de construir una reserva oficial va más allá de una mera adquisición, proponiendo una gestión estratégica y sostenible de estos activos, que podría incluso fortalecer la posición de Estados Unidos en el panorama global de activos digitales.
En reuniones privadas recientes, el director ejecutivo del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Activos Digitales, Bo Hines, comunicó a líderes de la industria cripto la intención de la administración Trump de adquirir la mayor cantidad posible de Bitcoin, señal que algunos interpretaron como un respaldo tácito a la ley del Senado. Sin embargo, aclaraciones posteriores por parte del equipo de la Casa Blanca indicaron que no hubo un apoyo formal a ningún proyecto específico durante dichas reuniones, dejando abierta la discusión legislativa. Este panorama deja en claro que el proyecto de ley de Donalds podría convertirse en una vía menos polémica para instaurar un marco legal definitivo que respalde la Reserva Estratégica de Bitcoin. Su simplicidad y el hecho de no implicar desembolsos masivos inmediatos hacen que sea una opción atractiva para legisladores preocupados por el impacto fiscal y político que supone la compra directa de miles de millones en criptomonedas. Desde una perspectiva más amplia, esta iniciativa refleja la evolución de las políticas públicas en Estados Unidos frente a los activos digitales.
