En un giro decisivo que podría impactar profundamente el sector de las criptomonedas, la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, ha emprendido acciones legales contra tres conocidas empresas del ecosistema crypto: Gemini Trust Company, Genesis Global Capital y Digital Currency Group (DCG). La demanda presentada a finales de 2023 acusa a estas firmas de participar en un fraude masivo que habría afectado a más de 230,000 inversionistas, con pérdidas que exceden los mil millones de dólares. Este caso no solo pone bajo la lupa las prácticas de estas compañías, sino que también refleja la creciente intervención regulatoria en un sector todavía considerado por muchos como riesgoso y relativamente desregulado. Gemini, Genesis y DCG, actores importantes en el mercado criptográfico, se encuentran en el centro de acusaciones por supuestamente haber engañado a sus usuarios sobre la seguridad y la naturaleza de los productos financieros ofrecidos, especialmente en relación con el programa Gemini Earn, el cual prometía altos rendimientos a través de depósitos en criptomonedas. Según la denuncia, Gemini publicitó este producto como una opción segura y estable para que los usuarios pudieran obtener intereses, cuando en realidad, el fondo utilizado para generar dichos intereses estuvo vinculado a operaciones altamente riesgosas realizadas por Genesis.
La demanda destaca que Genesis realizó préstamos significativos a entidades con perfiles de alto riesgo, lo cual contradecía la imagen conservadora y de bajo riesgo que había sido proyectada por Gemini. Más grave aún, se acusa a Gemini de no haber revelado a sus inversionistas información esencial como la degradación crediticia de Genesis, ni la consideración de poner fin al programa Gemini Earn ante la escalada de problemas financieros. La cadena de irregularidades continúa con la acusación contra Genesis y DCG, que según la fiscalía intentaron ocultar pérdidas que superan los $1,100 millones. Uno de los detonantes de esta crisis financiera fue la insolvencia de Three Arrows Capital, un fondo de cobertura que incumplió sus préstamos con Genesis, evidencia clara de la mala gestión de riesgos. Asimismo, Babel Finance, otro deudor, causó un impacto negativo significativo en los balances de Genesis.
Para disimular este panorama adverso, integrantes de DCG y Genesis orquestaron la emisión de un pagaré fraudulento en el cual DCG se comprometía a pagar a Genesis $1,100 millones en un lapso de diez años con una tasa de interés del uno por ciento. La demanda sostiene que este pagaré formó parte de un esquema diseñado para engañar a los inversores y al público sobre la situación financiera real de Genesis, manteniendo una fachada de su estabilidad y solvencia. A nivel comunicacional, la fiscalía acusa también a las compañías y sus ejecutivos de emitir falsas declaraciones tanto a la opinión pública como a Gemini misma. Tal fue el caso apenas dos días después del incumplimiento de Three Arrows Capital, cuando Genesis emitió comunicados alegando que, a pesar del mercado volátil, su balance seguía sólido y sus operaciones normales, información que, según la demanda, no correspondía con la realidad. También se denuncian falsedades dirigidas al equipo de gestión de riesgo de Gemini, a quienes se les habría suministrado informes fraudulentos que sobrevaloraban los activos de Genesis, incluyendo la presentación del mencionado pagaré como un activo vigente y confiable.
La fiscal James enfatiza que un gran número de inversores afectados son de clase media, quienes confiaron en estas empresas esperando transparencia y seguridad. El caso se presenta como una muestra clara de las consecuencias de la insuficiente regulación en el ámbito criptográfico, que sigue enfrentando desafíos para consolidar marcos legales efectivos que protejan a los usuarios. La demanda busca, además de la restitución de los fondos defraudados, la prohibición permanente a Gemini, Genesis, DCG y sus ejecutivos de operar en la industria financiera dentro del estado de Nueva York. Este paso refleja la postura agresiva adoptada por la fiscalía para frenar malas prácticas y promover un ecosistema financiero más transparente. Paralelamente a esta acción judicial, la fiscal James ha impulsado una propuesta legislativa integral orientada a reforzar la supervisión y regulación del sector criptográfico en el estado.
Estas medidas incluyen requisitos más estrictos para las empresas que operan con activos digitales, con el objetivo de proteger a los consumidores y prevenir futuras estafas. El impacto de esta demanda trasciende la región y se alinea con una tendencia global donde reguladores y autoridades legales incrementan su escrutinio sobre plataformas de criptoinversión, especialmente desde aquellas que prometen rendimientos garantizados pero operan con modelos financieros poco claros o arriesgados. En este contexto, inversores y usuarios están llamados a ser más cautelosos y a realizar una investigación meticulosa antes de comprometer sus fondos en productos vinculados a criptomonedas. El caso Gemini-Genesis-DCG se suma a otras crisis en el mercado, como las caídas de importantes exchanges y fondos, que han provocado pérdidas millonarias y han ensombrecido la reputación de la industria. Esto subraya la importancia de entender los riesgos inherentes y la necesidad de regulaciones más robustas para el sector.
Finalmente, esta demanda representa un llamado de atención tanto para empresas como para inversores, destacando la urgencia de transparencia, responsabilidad y supervisión efectiva en la industria de criptomonedas para fomentar su desarrollo sostenible y proteger los intereses públicos.
