En un momento clave para la adopción de criptomonedas en Estados Unidos, la senadora estatal de Arizona, Wendy Rogers, ha anunciado que volverá a presentar su proyecto de ley conocido como la Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR) en la próxima sesión legislativa, luego de que la gobernadora Katie Hobbs ejerciera su poder de veto y lo rechazara. Esta medida legislativa, pionera en su tipo, buscaba permitir que el sistema de jubilación estatal asignara una parte de sus fondos de retiro a Bitcoin, lo que habría convertido a Arizona en uno de los primeros estados en Estados Unidos en integrar una criptomoneda reconocida a su cartera financiera pública. El rechazo por parte del gobernador ha marcado un hito, ya que es la primera vez que un gobernador en funciones bloquea formalmente un proyecto de ley de esta naturaleza relacionado con criptomonedas, generando un intenso debate político y económico. Para Wendy Rogers, el rechazo no es más que un obstáculo temporal. En declaraciones públicas, la senadora expresó su decepción ante el veto, pero se mostró optimista y segura de que la perspectiva política cambiará con el tiempo.
Según Rogers, el rechazo responde en buena medida a un desconocimiento o una falta de comprensión de los beneficios que Bitcoin puede traer a la economía del estado. "Los políticos no entienden que Bitcoin no necesita a Arizona. Arizona necesita a Bitcoin", afirmó categóricamente, dejando claro que piensa continuar con la defensa de esta propuesta. El proyecto de ley, conocido formalmente como el Senado Bill 1025, fue aprobado sin modificaciones por ambas cámaras legislativas, lo que indica un respaldo considerable dentro del cuerpo político estatal. La iniciativa autoriza al tesorero estatal para que destine una fracción del fondo de retiro del estado a Bitcoin.
Sus defensores argumentan que incorporar Bitcoin podría ofrecer una estrategia sólida para diversificar y proteger los recursos a largo plazo de los jubilados mediante un activo que ha demostrado ser un refugio frente a la inflación y la inestabilidad financiera global. Por otro lado, la gobernadora Katie Hobbs justificó su veto calificando a las criptomonedas como activos “no probados” y demasiado riesgosos para un fondo destinado a asegurar la jubilación de los funcionarios y empleados del estado. Este enfoque precavido refleja una postura más tradicional que prevalece en varios sectores políticos y financieros, que ven en Bitcoin una tecnología aún inmadura y sujeta a volatilidades que podrían afectar negativamente los fondos públicos. Sin embargo, la senadora Rogers no se rinde y anticipa que, en caso de volver a presentar el proyecto y recibir otro veto, considera que su sucesor podría tener una visión distinta. En particular, mencionó al líder legislativo Andy Biggs como un posible gobernador que podría apoyar la propuesta en el futuro, avalando el enfoque innovador hacia las finanzas públicas y la incorporación de activos digitales.
Más allá del proyecto SBR, Arizona continúa explorando su rol como potencial pionero en la legislación de criptomonedas. Actualmente, otro proyecto, el Senado Bill 1373, está en consideración y plantea la gestión estatal de criptomonedas confiscadas o adquiridas a través de activos decomisados, sin involucrar fondos de retiro. Esta iniciativa podría tener más probabilidades de ser aprobada, dado que se enfoca en una función administrativa y de gestión de activos ya en poder del estado, en lugar de implicar nuevas inversiones financieras. Los analistas del mercado y expertos en legislación sugieren que SB1373 tiene mayores posibilidades de contar con el visto bueno gubernamental, pues representa un enfoque menos controversial y más pragmático hacia el manejo estatal de activos digitales. Su aprobación podría sentar precedentes importantes para la regulación y administración de criptomonedas a nivel local.
Un dato interesante que añade contexto a la discusión es la existencia de una exposición indirecta del sistema de jubilación estatal de Arizona al Bitcoin a través de inversiones en compañías como Strategy, antes conocida como MicroStrategy, la cual es el mayor tenedor corporativo de Bitcoin a nivel mundial. Esto indica que, aunque de manera indirecta, ya existe un vínculo financiero a nivel estatal con la criptomoneda, reforzando la relevancia del debate político sobre la adopción directa y oficial de Bitcoin en fondos públicos. El caso de Arizona se sitúa en un contexto más amplio en el que varios estados de Estados Unidos están comenzando a evaluar regulaciones y proyectos para incorporar criptomonedas en sus economías y finanzas públicas. Si bien la incertidumbre regulatoria y las preocupaciones por la volatilidad financiera son significativas, el interés en aprovechar el potencial disruptivo y la diversificación que ofrece Bitcoin es cada vez mayor. Esta dinámica refleja también una transformación en la percepción social y política acerca de las criptomonedas, pasando de ser consideradas una tecnología marginal o incluso una moda pasajera, a entenderse como un componente legítimo y potencialmente revolucionario dentro de las finanzas contemporáneas.
En este sentido, el esfuerzo de la senadora Rogers enfatiza no solo un cambio tecnológico, sino también un cambio cultural y político en la forma de entender y gestionar el dinero público. Por su parte, la postura del gobernador Hobbs pone de manifiesto la necesidad de un diálogo equilibrado y fundamentado entre innovación y prudencia, considerando el mandato de proteger los intereses financieros de los ciudadanos y el riesgo inherente a los activos digitales. Esta tensión entre avance y precaución será probablemente un factor definitorio en la evolución futura de las leyes que regulan las criptomonedas en Arizona y en el resto del país. Lo que está claro es que el debate no ha terminado. La senadora Rogers alienta a que este tema se mantenga en la agenda política y asegura que volverá a presentar la iniciativa.
