En los últimos años, la relación entre la política comercial de Estados Unidos y la industria farmacéutica ha estado en el centro de varios debates económicos y políticos. La administración de Donald Trump ha adoptado una postura agresiva en cuanto a la imposición de aranceles sobre productos importados, incluyendo aquellos vinculados al sector farmacéutico. Sin embargo, para una industria tan compleja y globalizada como la farmacéutica, estas medidas pueden no ser suficiente o incluso contraproducentes para lograr el objetivo deseado: repatriar la producción y fomentar la inversión doméstica. En cambio, expertos y ejecutivos de la industria coinciden en que una reforma integral del sistema tributario podría tener un impacto más positivo y duradero en la revitalización del sector en Estados Unidos. La industria farmacéutica ha sido tradicionalmente una de las más rentables en el S&P 500, con márgenes de ganancia que superan a muchos otros sectores.
A diferencia de industrias intensivas en mano de obra, como la textil o la manufactura de juguetes, que trasladaron su producción al extranjero motivadas por costos laborales bajos, la decisión de las farmacéuticas de externalizar operaciones responde más a estrategias de planificación fiscal internacional. Países como Irlanda, con tasas impositivas significativamente más bajas, han sido destinos predilectos para que estas compañías establezcan su propiedad intelectual y reporten ganancias, lo que reduce sustancialmente su carga tributaria total. Este esquema fiscal global no solo afecta los ingresos fiscales de Estados Unidos, sino que también influye en dónde las empresas deciden invertir para la producción y desarrollo de nuevos medicamentos. Sin embargo, la imposición de aranceles sobre productos farmacéuticos importados está generando una reacción inmediata en la industria. Algunas grandes farmacéuticas ya han comenzado a acumular inventarios anticipándose a impuestos más altos y han incrementado la producción en sus plantas dentro del territorio estadounidense para evitar penalizaciones.
A pesar de esto, el efecto a largo plazo de los aranceles es limitado si la estructura que incentiva la deslocalización no cambia. Los cambios en la legislación fiscal de 2017 durante la presidencia de Trump representan un paso importante en este sentido. La reforma redujo la tasa corporativa en Estados Unidos del 35% al 21% y estableció un impuesto mínimo sobre ciertos ingresos extranjeros. Esta medida ayudó a disminuir la brecha impositiva que hacía atractivo el movimiento de beneficios hacia paraísos fiscales. En paralelo, Irlanda ajustó su tasa impositiva máxima de 12,5% a alrededor del 15% debido a presiones internacionales, reduciendo aún más el diferencial.
Aunque parte de las empresas sigue utilizando estructuras offshore, fabricar y reportar ganancias dentro de Estados Unidos ha dejado de ser un inconveniente tan grande como antes. Líderes del sector farmacéutico han expresado de manera pública la necesidad de seguir reformando el código fiscal para nivelar el terreno y promover inversiones directas en suelo estadounidense. David Ricks, CEO de Eli Lilly, ha señalado que la verdadera solución para evitar la fuga de capitales y fomentar producción local se encuentra en la tributación y no únicamente en políticas comerciales como los aranceles. Empresas como Pfizer, Johnson & Johnson, AbbVie y Merck coinciden en que una política fiscal que reduzca la disparidad con otros países podría generar un ambiente más estable y atractivo para el desarrollo industrial. Una comparación interesante se puede hacer con otras industrias avanzadas como la de semiconductores, que prácticamente han externalizado toda su fabricación.
En contraste, la farmacéutica todavía mantiene una base significativa de producción en Estados Unidos, especialmente en la fabricación de medicamentos de alto valor añadido, como los inyectables y procesos finales para medicamentos complejos y de marca. Esto implica un potencial real para reforzar la manufactura nacional si se crean incentivos adecuados. Por supuesto, los aranceles son una herramienta de presión política y económica que puede tener efectos a corto plazo, pero su implementación también puede generar distorsiones en el mercado y encarecer productos esenciales para la salud pública. Además, la industria farmacéutica depende en gran medida de cadenas de suministro globalizadas y del acceso a materias primas y componentes específicos para la fabricación, que comprometen la posibilidad de un aislamiento total o producción exclusivamente nacional. El desafío entonces pasa por encontrar un balance que permita proteger los intereses del país y sus consumidores, sin afectar la innovación ni la competitividad global del sector.
En este sentido, la armonización fiscal y la reducción de incentivos para la externalización de beneficios son herramientas clave para un desarrollo más sostenible. Las discusiones actuales sugieren que, más allá de la imposición de aranceles, la modernización del sistema fiscal estadounidense debe considerarse el motor principal para impulsar la industria farmacéutica local. Esto implicaría no solo ajustar tasas impositivas, sino también simplificar reglas tributarias, eliminar lagunas financieras y fomentar esquemas de inversión en investigación y desarrollo dentro del país. Con una demanda creciente de medicamentos innovadores y la importancia estratégica de la farmacéutica para la salud pública y la economía, un enfoque integrado entre política comercial y fiscal resulta indispensable. Solo de esta forma Estados Unidos podrá mantener una industria fuerte, competitiva y capaz de responder a los retos del futuro.
En conclusión, aunque las amenazas de aranceles pueden forzar cambios inmediatos y modificar comportamientos temporales en la industria farmacéutica, no sustituyen la necesidad de reformas fiscales profundas que cierren las brechas que motivan la deslocalización de beneficios y operaciones. El diálogo entre gobierno y empresas debe centrarse en diseñar políticas que no solo impongan barreras, sino que también creen un ambiente favorable para que la industria invierta y crezca dentro del país, garantizando beneficios económicos y sociales para la sociedad estadounidense.
