En un movimiento que marca un precedente significativo en la regulación de activos digitales, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha firmado una ley que autoriza al estado a reclamar la propiedad de criptomonedas abandonadas durante al menos tres años. Esta nueva legislación, conocida como la Ley HB 2749, no solo permite al estado hacerse con estos activos digitales no reclamados sino que establece la creación de un fondo especial llamado "Bitcoin y Fondo de Reserva de Activos Digitales" que operará sin utilizar dinero de los contribuyentes ni fondos estatales tradicionales. La aprobación de esta ley refleja el creciente interés de los gobiernos en adaptar sus marcos regulatorios para contemplar la nueva realidad financiera que representa el auge de las criptomonedas. En particular, Arizona busca posicionarse como uno de los estados líderes en la gestión, seguridad y aprovechamiento de valor que representa esta innovadora clase de activos, integrándolos dentro de su sistema financiero estatal con un enfoque pragmático y sostenible. El trasfondo de esta iniciativa se basa en una problemática real: la existencia de montos considerables de criptomonedas que han sido abandonadas o cuyos dueños han dejado de responder a comunicaciones oficiales durante largos periodos.
La ley estipula que si después de tres años no hay respuesta o reclamación por parte del propietario original, estas criptomonedas podrán ser transferidas al estado. Sin embargo, para proteger los derechos de propiedad, la legislación incluye mecanismos que permiten a los propietarios reclamar su propiedad en cualquier momento, asegurando así un equilibrio entre el derecho individual y el interés público. Una de las características más innovadoras de la ley es la facultad que se concede a los custodios del estado para «apostar» estas criptomonedas y obtener recompensas o beneficios adicionales bajo la forma de airdrops, que son distribuciones gratuitas de tokens digitales asociados a ciertas blockchains. Los ingresos generados por estas actividades se canalizarán directamente al fondo de reserva, potenciando los recursos sin necesidad de utilizar presupuesto estatal otorgado por los contribuyentes. Jeff Weninger, representante de la Cámara de Arizona y uno de los principales impulsores del proyecto, expresó en un comunicado su entusiasmo por esta normativa, subrayando que "esta ley asegura que Arizona no deje valor sobre la mesa y nos coloca como líderes en cómo aseguramos, gestionamos y finalmente nos beneficiamos de la moneda digital abandonada".
Además, enfatizó que la estructura legal construida respeta los derechos de propiedad y reconoce a las criptomonedas como una nueva categoría económica que merece reconocimiento formal dentro del aparato financiero estatal. Previo a la aprobación de la HB 2749, Hobbs había vetado un proyecto similar, la Ley del Senado 1025, que proponía el uso de fondos públicos para invertir directamente en Bitcoin, debido a preocupaciones sobre el uso de activos considerados "no probados" y volátiles. Sin embargo, este nuevo proyecto logra sortear ese rechazo al limitar el uso de fondos a activos ya perdidos o abandonados, evitando cualquier riesgo directo para el presupuesto estatal. Este paso legislativo no solo posiciona a Arizona como un estado innovador en la gestión de activos digitales sino que también abre puertas para futuras iniciativas. Por ejemplo, hay esperanzas de que Hobbs también apruebe la Ley SB 1373 que permitiría al Tesorero de Arizona invertir hasta un 10% del Fondo de Estabilización Presupuestaria en Bitcoin, lo que representaría un paso más hacia la integración formal de las criptomonedas en la política financiera estatal.
La noticia de la iniciativa de Arizona llega en un momento en que otros estados, como New Hampshire, también avanzan en regulaciones similares; en este caso, el gobernador Kelly Ayotte firmó una ley para que el tesoro estatal pueda invertir en criptomonedas con capitalizaciones de mercado superiores a 500 mil millones de dólares, límite que actualmente solo cumple Bitcoin. Estas acciones reflejan una tendencia clara en la política estadounidense para incorporar de manera responsable los activos digitales al sistema financiero público. El avance de las leyes sobre criptomonedas en estados como Arizona y New Hampshire ha generado opiniones diversas en el mundo financiero y tecnológico. Por un lado, se reconoce el valor que estas medidas pueden aportar, ya que permiten aprovechar activos que de otra manera quedarían inactivos y generan oportunidades de ingresos adicionales para el gobierno sin coste para los contribuyentes. Además, establecen regulaciones claras que brindan seguridad jurídica tanto al estado como a los propietarios de los activos.
Por otro lado, algunos analistas advierten que el manejo estatal de criptomonedas implica desafíos significativos, tales como garantizar la seguridad digital para evitar hackeos o pérdidas, mantener la transparencia en la administración del fondo, y diseñar protocolos justos para la recuperación de activos por parte de antiguos propietarios. La criptomoneda, por su naturaleza descentralizada y altamente volátil, exige un enfoque especializado y adaptativo para su gestión gubernamental. En este contexto, la Ley HB 2749 no solo establece un marco legal, sino que también representa una oportunidad para que Arizona desarrolle la infraestructura técnica y operativa necesaria para manejar activos digitales a escala pública, incluidas herramientas para staking, gestión de claves privadas y protocolos de custodia segura. Este enfoque podría convertirse en un modelo replicable para otros estados y países interesados en regular e integrar de forma transparente las criptomonedas en sus economías. Además, la ley fomenta la innovación y la educación digital en el sector público, ya que requiere que funcionarios y empleados estatales adquieran conocimientos especializados sobre blockchain y tecnologías relacionadas.
Esta capacitación puede traer beneficios adicionales a largo plazo, posicionando a Arizona no solo como un estado que regula criptomonedas, sino como un centro de conocimiento y desarrollo tecnológico en el ámbito de las finanzas digitales. El escenario global actual muestra cómo las criptomonedas están evolucionando rápidamente, y con ellas la necesidad de que los gobiernos respondan con leyes y políticas adecuadas que equilibren innovación, seguridad y protección de derechos. Arizona, con esta medida, demuestra que es posible adaptar la legislación tradicional para incluir nuevas formas de propiedad digital, manteniendo un enfoque responsable y pragmático. Así mismo, al permitir que el estado apueste las criptomonedas y aproveche airdrops, se abre una vía para maximizar el valor económico de estos activos, generando ingresos que podrían destinarse a proyectos sociales, educativos o de desarrollo tecnológico, ampliando el impacto positivo de la ley más allá del mero manejo financiero. En definitiva, la firma de la Ley HB 2749 por parte de la Gobernadora Katie Hobbs no solo impulsa la gestión de criptoactivos no reclamados sino que también señala un camino para que entidades públicas adopten las innovaciones financieras digitales con responsabilidad y visión a futuro.
Arizona se posiciona como un referente dentro de la regulación estatal de criptomonedas, poniendo en práctica un modelo que combina protección de derechos, innovación y rentabilidad sostenible para la administración pública. Este tipo de iniciativas tiene el potencial de fortalecer la confianza en las criptomonedas como instrumentos legítimos dentro de la economía formal, al tiempo que ofrece una solución práctica a un reto emergente: qué hacer con los activos digitales perdidos o abandonados que, hasta ahora, no estaban contemplados en las normativas tradicionales sobre bienes no reclamados. Con el tiempo, la experiencia de Arizona en la puesta en marcha y gestión del Bitcoin y Fondo de Reserva de Activos Digitales será observada de cerca por otros estados y países, contribuyendo a la creación de mejores prácticas y estándares globales para la gestión gubernamental de criptomonedas. Así, la ley firmada se convierte en un hito significantivo en la historia de la integración entre la regulación y la revolución digital financiera.
