En un momento crucial para el acceso y la asequibilidad de los medicamentos en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump planea reintroducir una política que promete transformar radicalmente el mercado farmacéutico en el país. Este decreto ejecutivo, descrito por algunos como 'revolucionario', tiene como objetivo principal reducir el coste de medicamentos recetados que utilizan millones de estadounidenses cada año mediante la implementación de un modelo de fijación de precios basado en el estándar más favorable que se paga en otros países desarrollados. La medida contempla que la Administración federal exija a las compañías farmacéuticas cobrar a los beneficiarios de Medicare —principal sistema de seguro médico para personas mayores y ciertos grupos vulnerables— precios que no superen los costos de los mismos medicamentos en naciones comparables. De esta manera, se busca garantizar que los estadounidenses no paguen más que otros países con sistemas sanitarios consolidados, muchos de los cuales cuentan con mecanismos gubernamentales sólidos para negociar directamente con los laboratorios. La realidad actual en Estados Unidos dista mucho de esta equidad.
El país tiene un sistema de salud fragmentado y altamente privatizado que permite a la industria farmacéutica definir precios de manera casi unilateral, resultando en costos que pueden ser hasta 10 veces más elevados que en países como Canadá, Alemania, Reino Unido o Suecia. Entre los ejemplos más claros está el medicamento Humira, usado para tratar enfermedades autoinmunes como la artritis y la psoriasis, cuyo precio mensual puede superar los 7,400 dólares en Estados Unidos, mientras que en Reino Unido ronda los 468 dólares y en Suecia alrededor de 589 dólares. Este desbalance financiero no solo representa una carga enorme para millones de pacientes, sino que también afecta directamente a los contribuyentes estadounidenses que financian Medicare, con estimaciones previas que señalan un ahorro potencial superior a los 85 mil millones de dólares a lo largo de siete años si un modelo similar se hubiera implementado durante el primer mandato de Trump. El decreto planeado apunta a drogas cubiertas bajo la Parte B de Medicare, que incluye medicamentos administrados en instalaciones médicas o por profesionales de la salud, tales como inyecciones, terapias con bombas de infusión, vacunas específicas, tratamientos para insuficiencia renal y ciertos inmunosupresores. Sin embargo, también es importante destacar que esta política no alcanza a todos los medicamentos de la farmacia común, lo que deja áreas adicionales para futuras reformas.
Esta propuesta es un reflejo de una visión que intenta cambiar la dinámica de poder en la negociación de precios farmacéuticos. En países con sistemas de salud de pago único o fuertemente regulados, los gobiernos actúan como grandes compradores y tienen la capacidad de negociar precios más justos. En Estados Unidos, la dispersión del mercado con actores múltiples y la ausencia de regulación directa significativa dejan una gran libertad a los fabricantes para establecer precios elevados. La respuesta de la industria farmacéutica ha sido inmediata y vehemente. Los líderes del sector advierten que esta política podría disminuir las ganancias cruciales para financiar la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos, describiendo el decreto como una amenaza existencial para la industria y para la innovación científica en área de biosciencias en Estados Unidos.
Pese a esta resistencia, el clamor social y político sobre el alto costo de los medicamentos apenas crece. Más del 75% de los adultos estadounidenses reconocen la dificultad para pagar sus medicinas, una realidad marcada por aumentos exorbitantes en precios de productos esenciales como la insulina, cuyo costo creció más de mil por ciento en dos décadas, o los EpiPens, que vieron cómo su valor subió de menos de 100 a más de 600 dólares en apenas una década. Implementaciones previas relacionadas con esta política se encontraron con grandes obstáculos legales y políticos, incluyendo bloqueos judiciales y falta de apoyo legislativo suficiente. Sin embargo, el anuncio de Trump de que está preparando un “anuncio de gran magnitud” para proceder con esta medida ha revitalizado el debate y despierta expectativas en aquellos que buscan soluciones concretas para hacer que los medicamentos recetados sean más accesibles. A nivel estatal, algunas iniciativas comienzan a abrir puertas.
Por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) permitió a Florida importar medicamentos económicos desde Canadá, un paso inédito que apunta a mitigar la crisis de precios antes de que una reforma nacional sea posible. Esta autorización ha generado gran atención y sienta un precedente para replicarse en otros estados con alta demanda de alivio económico en salud. El costo exorbitante de medicamentos en Estados Unidos se explica también porque el mercado extranjero subsidia indirectamente a la industria farmacéutica. Los laboratorios establecen precios más bajos en otros países, regulados por acuerdos con el gobierno, mientras que el consumidor estadounidense cubre una gran parte del negocio con precios elevados, soportando así un sistema que refleja tensiones entre intereses comerciales y acceso universal al cuidado de la salud. La problemática va más allá del costo para el usuario final; repercute en todo el sistema de salud.
Altos precios de medicamentos incrementan las cargas financieras para hospitales, aseguradoras y programas públicos, impactando en la sostenibilidad y la equidad dentro de la atención. Al corregir este desequilibrio, se espera no solo un ahorro sustancial sino también una mayor justicia social. Sin embargo, la aplicación práctica del decreto enfrentará desafíos técnicos y operativos. Adoptar un modelo de precios internacionales implica establecer comparaciones confiables entre mercados extranjeros, definir equivalencias de medicamentos, negociar con empresas farmacéuticas globales y coordinar entidades gubernamentales diversas. Todo esto bajo la mirada crítica de la industria y un sistema legal complejo.
Además, existe la preocupación de que la reducción abrupta en precios pueda afectar la disponibilidad de ciertos medicamentos o retrasar la llegada de innovaciones terapéuticas a Estados Unidos, aunque estudios señalan que un equilibrio justo podría estimular la competencia y la inversión en nuevas fórmulas. Por otro lado, la iniciativa retoma el debate sobre las políticas públicas necesarias para enfrentar el sistema fragmentado de salud estadounidense, en el que la falta de un comprador centralizado limita las posibilidades de regulación eficiente. Algunos expertos sugieren que esta propuesta es un primer paso hacia reformas más profundas que contemplen un mayor rol del gobierno en la negociación y control de precios de medicamentos. Asimismo, el impacto en los consumidores podría ser inmediato. Al abaratar medicinas que se usan para tratar enfermedades crónicas y costosas, como la artritis, afecciones autoinmunes, enfermedades renales y otras, millones de pacientes podrían aliviar cargas económicas que, en muchos casos, condicionan su adherencia al tratamiento y calidad de vida.
Paralelamente, la presión pública y la atención mediática hacia el tema de los precios de medicamentos han motivado iniciativas legislativas municipales y federales, en algunos casos con resultados positivos en la regulación de precios y en la transparencia de costos. Este nuevamente es un espacio donde la política, la economía y la salud pública convergen para diseñar soluciones sostenibles. En conclusión, la reintroducción del decreto ejecutivo de Trump para implementar un sistema de precios internacionales en la cobertura de Medicare representa una oportunidad histórica para abordar una de las principales crisis en el sistema sanitario estadounidense. Si bien la medida tiene detractores poderosos dentro de la industria farmacéutica y enfrenta desafíos regulatorios, el potencial para aliviar a millones de ciudadanos de los costos onerosos de medicamentos no puede subestimarse. El país se encuentra en un punto de inflexión en el que la voluntad política y la demanda social podrían impulsar un cambio significativo, que no solo impactaría la economía individual de los pacientes, sino que también redefiniría las reglas del juego para la industria farmacéutica en Estados Unidos.
Es vital seguir de cerca el desarrollo de esta iniciativa y su implementación, ya que sus repercusiones podrían transformar el acceso a la salud en el país a largo plazo.
