En los últimos años, la gestión de desastres naturales en Estados Unidos ha experimentado un cambio significativo, principalmente impulsado por la política del gobierno de Donald Trump y su administración. El énfasis en reducir la dependencia estatal y local de la asistencia federal ha marcado una pauta que ha generado controversias y preocupación en diversos territorios afectados por eventos catastróficos como tormentas, tornados e inundaciones. Históricamente, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha sido un organismo clave en la coordinación y apoyo a los estados para la recuperación y reconstrucción después de desastres. Sin embargo, durante la administración Trump, la política vigente ha evidenciado un giro hacia limitar ayuda financiera directa, dejando en manos de los estados y gobiernos locales la responsabilidad de gestionar y afrontar la magnitud de las emergencias. Esta nueva filosofía ha quedado en evidencia con la reciente negativa de FEMA a aprobar solicitudes de declaratoria de desastre para estados como Washington, Arkansas, West Virginia y Carolina del Norte.
En el caso de Washington, por ejemplo, tras la devastadora tormenta conocida como “bomb cyclone” ocurrida en noviembre de 2024, que causó daños millonarios y la pérdida de vidas, las peticiones para acceder a fondos federales fueron rechazadas, lo que dejó a ciudades como Issaquah en una situación económica difícil. La negativa por parte de FEMA sorprendió a funcionarios estatales y locales que declararon haber cumplido todos los criterios requeridos para obtener el apoyo federal. Para la administración Trump, el criterio central es que el gobierno federal debe concentrar sus esfuerzos en desastres verdaderamente catastróficos y de proporciones masivas, tales como huracanes devastadores, terremotos o ataques a la seguridad nacional. Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, enfatizó que muchos estados y localidades no están ejerciendo un liderazgo adecuado en la gestión de emergencias y resiliencia, lo que limita la efectividad en la respuesta a los desastres. Dentro de esta postura, la Casa Blanca y FEMA han promovido un mensaje claro para los estados: deben contar con personal especializado suficiente en manejo de emergencias, aplicar y hacer cumplir códigos modernos de construcción, realizar una planificación estratégica responsable y priorizar la preparación sobre intereses políticos.
Además, se insta a los estados a crear fondos de reserva para emergencias y establecer contratos y acuerdos de ayuda mutua pre negociados, que permitan acelerar la recuperación. No obstante, esta perspectiva ha generado inquietud entre expertos y autoridades locales, quienes advierten que no todos los estados cuentan con la capacidad técnica ni financiera para asumir completamente las funciones que anteriormente ejecutaba la FEMA. Michael Coen, exjefe de gabinete de FEMA durante las administraciones de Obama y Biden, señala que el presidente tiene amplio margen para aprobar o denegar solicitudes de desastre, pero subraya la importancia de ofrecer pautas claras a los estados para evitar que realicen trámites infructuosos o se encuentren improvisando en un contexto de riesgo creciente. El cambio en la política federal ocurre en un momento en el que la frecuencia e intensidad de los desastres naturales se incrementan, en gran parte atribuido al cambio climático. Frente a este escenario, la necesidad de una coordinación eficiente y recursos suficientes para emergencias es más crítica que nunca.
La reducción del papel de FEMA y la negativa a otorgar ayudas ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en estados afectados, que sienten que deben afrontar solos los costos y consecuencias de eventos cada vez más devastadores. El impacto económico de esta nueva postura federal es considerable. En el caso de Issaquah, ciudad que sufrió pérdidas por alrededor de 3.8 millones de dólares debido a la tormenta de noviembre de 2024, la falta de acceso a fondos federales implica que se deberán usar reservas locales o aumentar impuestos para cubrir los gastos de reparación, lo que afecta directamente a los contribuyentes. Las autoridades locales argumentan que sus ciudadanos ya pagan impuestos federales esperando recibir apoyo de su gobierno nacional en momentos críticos.
También la duda sobre los criterios de evaluación de FEMA ha sido una constante entre gobernadores y oficiales de emergencias. El gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, aseguró que su estado cumplió con todos los requisitos para obtener asistencia, y se mantiene firme en apelar la decisión. En Arkansas, donde ocurren repetidos eventos de tornado, la solicitud fue rechazada alegando que los daños no sobrepasaban la capacidad de respuesta estatal y local, situación similar a la de West Virginia, donde siete condados afectados por inundaciones recibieron un rechazo parcial a la ayuda. En Carolina del Norte, la controversia radica en que FEMA ha decidido ya no cubrir el 100% de los gastos relacionados con la recuperación del huracán Helene, un recorte significativo que genera preocupación sobre los esfuerzos de reconstrucción, especialmente en comunidades vulnerables que dependen críticamente de esos fondos para rehabilitar infraestructuras y eliminar escombros. El gobernador Josh Stein ha exigido una reconsideración, señalando que la necesidad de la población persiste y es urgente.
La tensión entre el gobierno federal y los estados representa un cambio profundo en la gestión de desastres en Estados Unidos. La administración Trump mantiene que su enfoque busca fomentar una mayor autonomía y responsabilidad estatales, basándose en la premisa de que el gobierno central debe intervenir solo en los casos más extremos, mientras que las jurisdicciones locales deben fortalecerse para responder con eficacia a emergencias de menor escala. Sin embargo, esta estrategia plantea interrogantes sobre la equidad y la capacidad de los estados para cumplir con estas expectativas, dado que hay disparidades importantes en términos de recursos, infraestructura y experiencia en manejo de emergencias. Además, la creciente frecuencia y complejidad de eventos climáticos extremos exige una respuesta coordinada y robusta a nivel nacional, que podría verse comprometida bajo la reducción del apoyo federal. Diversos expertos en gestión de emergencias han sugerido que esta política podría aumentar la vulnerabilidad de comunidades pequeñas y medianas, que son las que menos recursos tienen para afrontar pérdidas repentinas y costosas.
También advierten sobre el riesgo de que la inacción o insuficiencia en la prevención y preparación generen costos aún mayores a largo plazo. Por otro lado, la postura del gobierno Trump sobre la posible eliminación total de FEMA, defendida por figuras como la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, ha alimentado el debate público y político acerca del papel del gobierno federal en situaciones de crisis nacional. Mientras algunos sectores apoyan la visión de un gobierno más limitado y una descentralización del manejo de desastres, otros denuncian que se está priorizando una agenda política que pone en riesgo la seguridad y bienestar de los ciudadanos. En conclusión, la política federal bajo la administración Trump marca un antes y un después en el abordaje de la respuesta ante desastres en Estados Unidos. Al negar múltiples solicitudes de asistencia y exigir que los estados asuman un rol más activo y autónomo, la Casa Blanca ha impulsado un debate crucial sobre la responsabilidad compartida, la capacidad estatal y la sostenibilidad del sistema de ayuda en emergencias.
La comunidad afectada, los expertos y los gobiernos de los estados enfrentan ahora el desafío de adaptarse a esta nueva realidad, buscando encontrar un equilibrio entre autonomía, eficacia y solidaridad en la gestión de desastres naturales que cada vez son más frecuentes y destructivos.
