En 2025, el salario mínimo federal en los Estados Unidos se ha convertido oficialmente en un salario de pobreza, evidenciando una realidad que afecta a millones de ciudadanos que trabajan a tiempo completo y, sin embargo, no pueden alcanzar un nivel básico de subsistencia. A un ritmo de 7.25 dólares por hora, el ingreso anual para un trabajador adulto que labora a tiempo completo y durante todo el año es de 15,080 dólares, lo cual queda por debajo del umbral de pobreza establecido en 15,650 dólares por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para una persona. Esta brecha refleja años de estancamiento en la política federal y una erosión significativa del poder adquisitivo para los trabajadores con menores salarios. El salario mínimo fue originalmente instaurado en 1938 como parte de la Ley de Normas Laborales Justas, con el objetivo claro de proteger a los ciudadanos de recibir sueldos demasiado bajos que no les permitieran cubrir las necesidades más elementales para vivir dignamente.
Sin embargo, la falta de aumentos en el salario mínimo federal desde 2009 ha provocado que su valor real haya disminuido en más del 30%, lo que significa que hoy un trabajador recibe menos poder adquisitivo que hace quince años. Esta realidad impacta negativamente la calidad de vida de las personas, dificultando que tengan acceso a vivienda, alimentación adecuada, servicios de salud y educación. Actualmente, existen dos formas principales de medir la pobreza en Estados Unidos: la medida oficial de pobreza (OPM) y la medida suplementaria de pobreza (SPM). La OPM se basa en un cálculo que considera el costo de una dieta mínima en los años sesenta para establecer el umbral de pobreza, mientras que la SPM ofrece una visión más amplia contemplando gastos adicionales como vivienda, servicios públicos, ropa, internet y teléfono. La realidad muestra que bajo la SPM, el porcentaje de trabajadores en situación de pobreza es mucho mayor, alcanzando un 7% frente al 4.
5% calculado por la OPM. Esto evidencia que los estándares actuales subestiman la precariedad económica que enfrentan las personas que ganan el salario mínimo. La problemática de un salario mínimo que no cubre el umbral de pobreza es particularmente crítica en estados donde no se han implementado incrementos más allá del nivel federal. En estos lugares, especialmente en el sur del país, más de 11 millones de trabajadores ganan menos de 17 dólares la hora, lo que representa más de uno de cada cinco empleados. Estas cifras muestran que la fijación de un salario mínimo bajo permite que ciertos estados mantengan economías con ingresos reducidos, amplificando así la desigualdad social y económica, especialmente porque incluso ajustando por costos de vida inferiores en esas regiones, la pobreza sigue siendo más alta.
El aumento del salario mínimo ha sido consistentemente reconocido por expertos y estudios económicos como una herramienta efectiva para reducir la pobreza y aumentar los ingresos de las familias trabajadoras. Investigaciones demuestran que subir el salario mínimo mejora los ingresos de los trabajadores sin afectar negativamente el empleo. De hecho, un incremento gradual hasta los 15 dólares por hora ha sido estimado para sacar de la pobreza a entre 1.8 y 3.7 millones de personas, incluyendo a más de un millón de niños.
A nivel político, la preocupación por esta situación ha sido manifestada por sectores progresistas, con propuestas como la Ley de Incremento Salarial presentada por senadores y representantes que buscan elevar el salario mínimo federal hasta 17 dólares por hora. Esta medida beneficiaría a más de 22 millones de trabajadores, muchos de los cuales viven en hogares que actualmente se encuentran bajo la línea de pobreza. Sin embargo, estas iniciativas han enfrentado resistencia constante, especialmente por parte de grupos empresariales y legisladores conservadores, quienes promueven simultáneamente políticas de austeridad que amenazan con recortar o restringir el acceso a programas de apoyo social. Las propuestas de reducción en programas como Medicaid y SNAP, así como la imposición de requisitos laborales estrictos para acceder a ellos, amenazan con profundizar las dificultades económicas para quienes dependen de estas ayudas. Estos programas han sido fundamentales para elevar el nivel de vida de millones de trabajadores pobres, reduciendo la pobreza en cifras que superan los 7 millones de personas solo en 2023.
Contrario a argumentos que sostienen que estas ayudas desincentivan el trabajo, la evidencia muestra que la mayoría de beneficiarios tienen empleo. Además, la naturaleza inestable y precaria de los trabajos de bajos salarios dificulta que los trabajadores cumplan con requisitos estrictos como horarios fijos y horas mínimas continuas sin interrupciones, pues muchas veces sus turnos se cancelan o cambian de manera inesperada. Además de los impactos inmediatos en ingresos, el recorte de programas sociales afecta a largo plazo el bienestar de familias pobres y niños que dependen de servicios médicos esenciales para su desarrollo. La salud, la educación y las oportunidades económicas futuras de estos niños están directamente vinculadas a la calidad del apoyo que reciben en su infancia. Por lo tanto, disminuir estos beneficios no solo impacta en el presente sino que contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza.
La confluencia de un salario mínimo insuficiente y la reducción de la red de seguridad social crea un panorama preocupante donde millones de trabajadores quedan atrapados en empleos que no les permiten superar la pobreza, a pesar del esfuerzo que dedican. La persistencia de esta situación refleja una desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales de la población laboral que sostiene la economía. Para abordar efectivamente este problema, es necesario que legisladores y responsables de políticas consideren medidas que eleven el salario mínimo a niveles que permitan cubrir el costo real de vida, así como expandan el acceso a programas sociales que respalden a quienes están en situaciones económicas vulnerables. Incrementar el salario mínimo no solo mejora el bienestar individual sino que tiene efectos positivos para la economía en su conjunto, ya que trabajadores con mayores ingresos generan mayor demanda y estabilidad social. En conclusión, la situación del salario mínimo federal como un salario de pobreza en 2025 es una llamada urgente para la acción.
La acumulación de años sin aumentos adecuados, combinada con recortes a programas esenciales, está dejando a millones de trabajadores en una condición precaria y sin perspectivas claras de mejora. Reconocer y corregir esta realidad es fundamental para construir una economía más justa, inclusiva y próspera para todos.
