En mayo de 2025, la administración del expresidente Donald Trump revivió un polémico debate constitucional tras anunciar que estaba "activamente considerando" la suspensión del writ de habeas corpus para migrantes. Esta medida, histórica y controvertida, implica limitar la capacidad de las personas detenidas para desafiar ante un tribunal la legalidad de su arresto o detención, un derecho fundamental consagrado en la Constitución de Estados Unidos. El habeas corpus, cuya expresión latina significa "que tengas el cuerpo", es una garantía jurídica fundamental que protege a los individuos contra detenciones arbitrarias o ilegales por parte del Estado. Su origen se remonta a la Inglaterra medieval, específicamente al texto de la Carta Magna, firmada por el rey Juan en el siglo XIII, que estableció que nadie podía ser arrestado o encarcelado sin juicio legítimo. En el contexto estadounidense, el derecho al habeas corpus está protegido en el Artículo 1, Sección 9 de la Constitución, el cual establece claramente que "el privilegio del writ de habeas corpus no podrá ser suspendido, salvo en casos de rebelión o invasión cuando la seguridad pública lo requiera.
" Históricamente, esta suspensión excepcional solo se ha aplicado en momentos críticos, como durante la Guerra Civil, el periodo de la Reconstrucción, un conflicto en Filipinas a principios del siglo XX y durante la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor. El anuncio de Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca durante la administración Trump, de que se estaba estudiando una suspensión del habeas corpus, provocó un amplio debate político y jurídico. Miller justificó esta postura señalando que la Constitución permite la suspensión en tiempos de "invasión", concepto que la administración ha empleado para describir la llegada masiva de migrantes indocumentados a la frontera sur de los Estados Unidos. Este enfoque refleja la narrativa de la administración sobre la crisis migratoria como una amenaza para la seguridad nacional, equiparándola a una invasión que justificaría medidas extraordinarias. Sin embargo, esta interpretación ha sido objeto de fuerte crítica por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, expertos constitucionalistas y algunos sectores políticos que cuestionan la legalidad y proporcionalidad de suspender derechos fundamentales para hacer frente a un fenómeno migratorio.
El habeas corpus no solo protege a ciudadanos estadounidenses sino también a cualquier persona detenida dentro del territorio, incluido migrantes y extranjeros. Es un mecanismo esencial para garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar abusos por parte de las autoridades, especialmente en temas migratorios donde las detenciones administrativas pueden ser arbitrarias. En la práctica, la suspensión del habeas corpus significaría que los migrantes detenidos en procedimientos de deportación o control migratorio podrían ser retenidos sin la posibilidad de impugnar su detención ante un juez. Esto elevaría significativamente el poder discrecional del ejecutivo para actuar sin supervisión judicial, lo cual, según críticos, abriría la puerta a detenciones prolongadas y potenciales violaciones de derechos humanos. El anuncio de Miller llegó horas después de que un juez federal en Vermont ordenara la liberación de Rumeysa Öztürk, una estudiante de la Universidad Tufts retenida por autoridades migratorias.
Öztürk, ciudadana turca, había sido detenida tras la revocación de su visa estudiantil bajo acusaciones de apoyar a una organización terrorista y crear un ambiente hostil para estudiantes judíos. Sin cargos formales, su detención fue impugnada a través del habeas corpus, subrayando la función crucial de este derecho para proteger a personas indefensas frente a decisiones administrativas arbitrarias. Además de la suspensión del habeas corpus, la administración Trump ha adoptado otras medidas de corte autoritario para acelerar deportaciones y limitar recursos legales a migrantes. Por ejemplo, Miller afirmó que leyes como el Immigration and Nationality Act han restringido la jurisdicción de los tribunales federales sobre casos migratorios, lo que a su juicio genera un conflicto entre los poderes judicial y ejecutivo. Estos planteamientos han encendido alarmas sobre la separación de poderes y el riesgo de debilitamiento del sistema judicial frente a decisiones ejecutivas que podrían vulnerar los derechos civiles y constitucionales.
La Constitución, si bien contempla la suspensión del habeas corpus como medida extrema, no especifica cuál rama del gobierno tiene la autoridad para decretarla, aunque el consenso general entre constitucionalistas apunta a que solo el Congreso posee esa facultad. En la historia estadounidense, la suspensión tomada durante la Guerra Civil por Abraham Lincoln fue controversial porque el presidente actuó sin la autorización previa del Congreso, que más tarde ratificó la acción mediante legislación. Por lo tanto, el unilateral planteamiento de la Casa Blanca para suspender el habeas corpus sin la intervención legislativa podría enfrentar desafíos legales y constitucionales. Los críticos advierten que caracterizar la inmigración como una "invasión" para justificar la suspensión de derechos es una exageración política, y que la solución a la crisis migratoria debe darse dentro del marco legal y respetando las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Estados Unidos. Desde la perspectiva internacional, limitar el acceso al habeas corpus podría violar obligaciones globales relacionadas con el debido proceso, protección contra detenciones arbitrarias y derechos de los refugiados y solicitantes de asilo.
La discusión también pone en relieve la tensión entre soberanía nacional y derechos individuales, y cómo en tiempos de crisis las democracias deben equilibrar seguridad y libertades fundamentales. En conclusión, la propuesta de suspender el habeas corpus para migrantes presentada por la administración Trump abre una compleja discusión sobre derechos constitucionales, límites del poder ejecutivo y la respuesta del sistema legal frente a desafíos migratorios. La historia y tradición jurídica estadounidense establecen que tales medidas deben ser excepcionales y sometidas a controles legislativos y judiciales rigurosos para proteger los derechos humanos y evitar abusos de poder. Este debate no solo impacta la política migratoria sino que refleja cómo Estados Unidos enfrenta la tensión permanente entre seguridad nacional y respeto a las libertades fundamentales, cuestión que sigue siendo crucial en el escenario político y jurídico contemporáneo.
