En un hito relevante para el ecosistema de criptomonedas en Estados Unidos, los estados de New Hampshire y Florida han decidido formalizar marcos regulatorios que permiten la inversión de fondos públicos en Bitcoin y otros activos digitales de alta capitalización. Esta decisión llega en un momento en que el Departamento de Justicia (DOJ) ha decidido disminuir la agresividad de sus persecuciones relacionadas con cripto, marcando un cambio trascendental en la forma en que el gobierno aborda esta tecnología emergente. La alineación entre las políticas estatales y federales no parece ser una coincidencia, sino una señal clara de que el entorno regulatorio estadounidense está experimentando una transformación que favorecerá la normalización y adopción de las criptomonedas en las finanzas públicas. El 10 de abril de 2025, la Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó por estrecho margen el proyecto de ley HB302, que permite al tesorero estatal destinar hasta un 10% de los fondos públicos a activos digitales que cumplan con estrictos criterios de elegibilidad. Entre estos criterios destaca que el activo debe contar con una capitalización de mercado promedio superior a los 500 mil millones de dólares durante el año anterior, lo que limita la inversión a criptomonedas consolidadas y estables.
Además, la legislación exige que estos activos sean mantenidos directamente por el tesorero, custodiados por una institución regulada o adquiridos a través de productos financieros como fondos cotizados (ETFs) relacionados. Esta regulación garantiza no solo la seguridad de los fondos públicos sino también una gestión adecuada y profesional de la inversión en criptodivisas. Florida, por su parte, ha avanzado en la misma dirección, adoptando una legislación que permite la inversión estatal en Bitcoin y otros activos digitales de alta capitalización, ampliando incluso la regulación para incluir la custodia y préstamo de Bitcoin dentro del marco legal estatal. La Cámara de Seguros y Banca del estado aprobó esta norma de manera unánime, destacando el compromiso de Florida con un enfoque avanzado y proactivo en la gestión de reservas digitales. Esta doble aceptación estatal indica un cambio paradigmático donde los gobiernos locales comienzan a reclamar autonomía en materia de activos digitales, adelantándose a la regulación federal, que hasta hace poco había adoptado una postura más rígida y represiva.
El cambio en la política del Departamento de Justicia es crucial para comprender este nuevo escenario. El DOJ, bajo la dirección del fiscal adjunto Todd Blanche, emitió un memorando donde se anunció la disolución del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET), que se encargaba de perseguir a intercambios, mezcladores y billeteras digitales por infracciones regulatorias menores o no intencionales. Este equipo es uno de los símbolos de la postura estricta que predominó en años recientes, donde la persecución legal se usaba como herramienta para regular un mercado todavía en desarrollo. Sin embargo, la nueva estrategia del DOJ establece que su enfoque se dirigirá exclusivamente hacia casos donde las criptomonedas se utilicen para actividades delictivas graves, tales como terrorismo, narcotráfico o fraude financiero. Esta redefinición limita la intervención federal a escenarios de alto impacto, dejando un espacio mayor a la innovación y al desarrollo comercial dentro del mercado criptográfico.
La postura del DOJ se alinea además con la orden ejecutiva número 14178 firmada por el expresidente Donald Trump, que rechaza la “regulación mediante persecución” en el ámbito de los activos digitales. Dicha directiva fomenta un ambiente menos punitivo y más regulado para esta clase de activos en Estados Unidos. Con la baja de la amenaza legal y la reducción de la presión sobre las plataformas y negocios relacionados con criptomonedas, los estados están aprovechando la oportunidad para explorar e implementar sus propias políticas que integren las tecnologías blockchain y Bitcoin en sus estructuras financieras. Este cambio estratégico es significativo no solo para el mercado de criptomonedas, sino también para la política pública y la economía de los estados implicados. La capacidad de invertir fondos públicos en activos digitales abre una nueva vía para diversificar las reservas financieras y potencialmente obtener rendimientos superiores en comparación con los vehículos de inversión tradicionales.
Además, la legitimación estatal del Bitcoin como parte de las reservas públicas puede influir en la percepción pública y empresarial sobre la confianza en las criptomonedas como instrumentos válidos y útiles en la economía real. La posibilidad de que los estados asuman un papel proactivo en la adopción y regulación de criptomonedas sugiere un futuro en el que la descentralización y la innovación tecnológica influyan directamente en la gestión política y económica regional. Esta tendencia podría incentivar a otros estados a seguir el ejemplo y a contribuir a un desarrollo normativo más diverso y adaptativo en comparación con la legislación federal. Asimismo, al trasladar la responsabilidad del cumplimiento y la vigilancia al nivel estatal, se fomenta un conocimiento más específico de las particularidades locales y del potencial económico que ofrecen estos activos. Por otro lado, este movimiento plantea desafíos importantes.
La inversión en criptomonedas es inherentemente volátil y está sujeta a fluctuaciones significativas en el mercado mundial. La adopción por parte de fondos públicos debe ir acompañada de marcos regulatorios robustos, mecanismos de control y estrategias claras para mitigar riesgos. La decisión de limitar la inversión a criptomonedas con alta capitalización de mercado y criterios de custodia rigurosos muestra un intento de balancear innovación con prudencia financiera. Además, la integración de Bitcoin en la gestión gubernamental abre nuevos debates sobre la transparencia, la seguridad y las implicaciones legales de utilizar un activo descentralizado y global. Los estados deberán garantizar que sus operaciones cumplan con las normativas fiscales, preventivas y de auditoría para mantener la confianza ciudadana y la efectividad en el uso de recursos públicos.
Este escenario también reconfigura el papel de los actores privados dentro del ecosistema cripto. La reducción de la presión federal hacia los intercambios y plataformas puede significar un aumento en la actividad comercial y una mayor participación institucional que aproveche las oportunidades surgidas con estas nuevas legislaciones estatales. La apertura del mercado podría atraer inversión extranjera y promover Estados Unidos como un entorno más amigable para las innovaciones financieras basadas en blockchain. En resumen, la decisión de New Hampshire y Florida de aceptar Bitcoin dentro de sus reservas públicas tras un cambio regulatorio clave del Departamento de Justicia refleja un punto de inflexión en la relación entre gobiernos y criptomonedas en Estados Unidos. Este alineamiento entre la desescalada jurídica a nivel federal y la adopción progresiva a nivel estatal marca un avance hacia la integración de las criptomonedas en la administración pública y en la economía formal.
Analistas y actores del mercado están atentos a las implicaciones a largo plazo de estas políticas, que podrían sentar las bases para una mayor aceptación global del Bitcoin como un activo válido y autorizado dentro del sector público. A medida que los estados asumen un rol más activo y autónomo, la interacción entre tecnología, regulación y finanzas promete ofrecer nuevas oportunidades y desafíos para la gobernanza y el desarrollo económico en un mundo cada vez más digitalizado.
