Australia es uno de los destinos más codiciados para estudiantes internacionales gracias a sus generosas políticas de visas post-estudio que permiten a los graduados permanecer y trabajar en el país. Sin embargo, esta política, que durante años ha sido un atractivo mundial, ahora muestra signos de problemas estructurales que amenazan con afectar tanto la calidad de la educación como la calidad de la migración y el mercado laboral australianos. La proliferación de visas para graduados, conocido como la visa 485, se ha disparado especialmente entre estudiantes provenientes de países del sur de Asia, donde estas oportunidades para trabajar y residir permanentemente pesan más que otros factores para quienes deciden dónde estudiar. El papel de Australia como una tierra de oportunidades para estudiantes internacionales ha sido fundamental para el sector educativo, uno de los pilares económicos que más divisas genera en el país. Sin embargo, cifras recientes muestran que esta libertad para traer consigo a familiares y la relativa facilidad para extender la estadía post-graduación también ha abierto la puerta a lo que algunos expertos llaman una explotación del sistema migratorio.
Según el investigador Andrew Norton, una fracción significativa de las visas 485 corresponden a miembros familiares —esposos, esposas e hijos— y estos grupos podrían estar utilizando la visa para ingresar al mercado laboral australiano bajo circunstancias que no fueron inicialmente previstas por la política migratoria. Estos cambios demográficos y sociales en la composición de los titulares de visas de graduados han generado impactos directos en la economía y también en la reputación del sector educativo australiano. A nivel económico, muchos graduados internacionales y sus familias se encuentran ejercitando trabajos no calificados, mal remunerados y con pocas posibilidades de ascenso, lo cual es preocupante dado el alto nivel de inversión que representa estudiar en Australia. Estudios del Instituto Grattan y la revisión de migración de 2023 han destacado que más de la mitad de los titulares de títulos internacionales de pregrado terminan en ocupaciones no cualificadas en un plazo de tres años tras su graduación, lo que indica una brecha significativa entre las expectativas formativas y la realidad laboral. Esta realidad plantea un desafío doble: por un lado, Australia necesita garantizar que su sistema educativo mantenga altos estándares y atraiga estudiantes con perfiles académicos destacados.
Por otro lado, el sistema migratorio debe proteger la integridad de los programas de post-estudio para que cumplan su propósito original y no se conviertan en meros vehículos para la inmigración económica con consecuencias laborales no deseadas. Para ello, se han propuesto diversas reformas que buscan mejorar la calidad por encima de la cantidad, estableciendo criterios más estrictos para la admisión de estudiantes, así como también endureciendo las condiciones para la obtención de visas post-estudio. Entre las propuestas se considera indispensable elevar los requisitos de competencia en inglés y exigir a los aspirantes que superen exámenes de ingreso para acceder a una visa de estudiante. Asimismo, se recomienda aumentar las garantías financieras solicitadas, como depósitos en cuentas de garantía para asegurar que los estudiantes tengan capacidad económica real para sostenerse durante su estadía. En cuanto al trabajo, se plantean límites más estrictos en las horas que los estudiantes pueden laborar para evitar una dependencia laboral temprana y reducir el riesgo de que el estudio se utilice como vía para una migración laboral encubierta.
También se insiste en la eliminación de instituciones educativas que operan como "fábricas de visas", conocidas por ofrecer cursos de baja calidad y atraer estudiantes únicamente con fines migratorios. Una de las medidas más debatidas es restringir las visas 485 únicamente a estudiantes de posgrado con historial académico sobresaliente, lo que incentivaría la excelencia educativa y desincentivaría la utilización indiscriminada del sistema. Además, se piensa limitar la posibilidad de traer familiares a solo aquellos estudiantes que hayan completado estudios avanzados, lo cual pretende reducir el número de beneficiarios indirectos con acceso al mercado laboral y, por ende, mejorar la sostenibilidad del sistema migratorio. Otro enfoque fundamental es revisar los umbrales salariales para la migración temporal calificada. Actualmente, la cifra está alrededor de 95,000 dólares anuales, y la propuesta es elevar este mínimo para asegurar que quienes ingresan bajo estos programas aporten valor económico real a Australia y no se inserten en empleos con bajos ingresos.
Esta estrategia también apunta a proteger el mercado laboral local y evitar tensiones sociales derivadas de la competencia laboral y la percepción de empleo para extranjeros en condiciones desfavorables. El crecimiento exponencial de graduados que optan por quedarse en Australia para trabajar parece ser un fenómeno ligado estrechamente con la recuperación postpandemia y el incremento de estudiantes provenientes de países como India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Bután. Por ejemplo, el número de visas 485 para graduados indios aumentó un 138% desde 2020 hasta 2025. Este cambio ha generado una presión considerable sobre los servicios públicos y el mercado de trabajo, amplificando la necesidad de cambios regulatorios y un mayor control de los flujos migratorios estudiantiles. A pesar de estos desafíos, es innegable que la presencia internacional ha enriquecido culturalmente a Australia y ha aportado diversidad al ámbito educativo y social.
Sin embargo, se debe encontrar un balance que permita mantener esta apertura y a la vez garantizar que el sistema sea sostenible, justo y acorde a las necesidades nacionales. Sin un cambio estructural, el sector educativo podría enfrentar el riesgo de deterioro en la calidad del servicio y la pérdida de prestigio a nivel global. La discusión en torno a las visas de graduados refleja tensiones más amplias sobre cómo los países gestionan la migración en la era globalizada y cómo equilibran la competitividad, la inmigración económica y la integridad de sus sistemas sociales. Australia, que históricamente ha basado gran parte de su desarrollo en la inmigración selectiva, debe ajustar sus políticas para enfrentar estos nuevos desafíos y mantener un sistema que beneficie tanto a los estudiantes internacionales como a la sociedad australiana en general. En conclusión, el problema de las visas de graduados en Australia es sintomático de una política migratoria que requiere una remodelación profunda.
La implementación de filtros de calidad en la admisión de estudiantes, el control riguroso de quienes acceden a la visa 485 y la regulación de la participación laboral de familiares son pasos necesarios para salvaguardar el valor del sistema educativo y migratorio australiano. El equilibrio entre apertura y control será clave para que Australia siga siendo un destino atractivo y sostenible para el talento internacional en el futuro.
