La ciencia abierta ha surgido como un ideal y una práctica que busca democratizar el acceso al conocimiento científico, permitiendo que investigadores y colaboradores de todo el mundo compartan datos, hallazgos y recursos sin barreras excesivas. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de una paradoja inquietante: la ciencia abierta, aunque teóricamente destinada a todos, enfrenta obstáculos que la hacen inaccesible para ciertos grupos y comunidades. Esta barrera no es técnica ni científica, sino política y social, afectando profundamente el progreso global y la colaboración que la ciencia requiere para solucionar los retos de la humanidad. Un caso ilustrativo y reciente es el sufrimiento de investigadores afiliados a instituciones rusas como Skoltek, HSE y MIPT, quienes han visto rechazadas sus contribuciones en conferencias académicas internacionales de primer nivel, como CVPR, debido sencillamente a la procedencia institucional o nacional. Estas exclusiones resultan en un golpe muy severo para científicos brillantes que buscan compartir avances en áreas de inteligencia artificial, computación, y otras disciplinas punteras.
La exclusión basada en origen no solo limita su desarrollo profesional, sino que empobrece la ciencia global que depende de aportes diversos y multifacéticos. Además de los impactos individuales, esta situación genera una fractura peligrosa dentro de la comunidad investigadora mundial. La ciencia ha sido históricamente un puente entre naciones incluso en tiempos de conflicto, un espacio donde el diálogo, la cooperación y el intercambio iban más allá de diferencias geopolíticas. Cuando una política de cancelación colectiva se impone, se corre el riesgo de transformar a la ciencia en una extensión de conflictos políticos, lo que reduce la capacidad global para responder de manera conjunta a problemas cruciales como el cambio climático, pandemias o avances tecnológicos. Hay quienes argumentan que cumplir con sanciones gubernamentales es inevitable, sobre todo cuando conferencias y proyectos se financian o se desarrollan en países con legislaciones restrictivas.
Sin embargo, es importante remarcar que esas leyes fueron diseñadas, en muchos casos, para limitar negocios con fines lucrativos y no para menguar la colaboración científica y académica que es, por definición, abierta y sin ánimo de lucro. Esta distinción debería fomentar mecanismos que permitan la continuidad del intercambio académico incluso en tiempos difíciles. Desde la perspectiva de los investigadores afectados, la exclusión genera un sentimiento de injusticia y frustración. Muchos científicos no representan ni avalan las decisiones políticas de sus gobiernos, y frecuentemente ni siquiera tienen la posibilidad personal de abandonar sus países debido a restricciones económicas, familiares o sociales. Penalizarlos colectivamente es negarles su derecho a contribuir con su conocimiento para el beneficio común.
Además, esta situación perpetúa la pobreza científica y tecnológica dentro de estos países, limitando las oportunidades de renovación y desarrollo social y económico. El efecto en el avance científico es negativo también para la comunidad global. La colaboración es un pilar fundamental para la innovación y el descubrimiento. La investigación en campos sofisticados y en rápida evolución necesita diversidad de ideas, enfoques y perspectivas para superar obstáculos complejos. Al cerrarse puertas a científicos talentosos por razones ajenas a su mérito académico, se reduce el potencial total de la comunidad científica mundial.
En paralelo, estas dinámicas generan divisiones internas en los países afectados. La imposibilidad de publicar o presentar resultados en foros internacionales obliga a investigadores a buscar alternativas locales, muchas veces con menos recursos y alcance, lo que a su vez crea ecosistemas científicos más cerrados y menos integrados, dificultando la actualización y el diálogo con la ciencia global. Para promover una ciencia verdaderamente abierta, es fundamental empezar a distinguir entre responsabilidad individual y colectiva. La libre circulación del conocimiento y la participación inclusiva deberían prevalecer sobre divisiones políticas o nacionales. Organismos internacionales, conferencias y universidades deben repensar sus criterios para no sacrificar los principios de inclusión y colaboración en nombre de sanciones económicas o políticas.
Además, es urgente fomentar plataformas y canales independientes donde científicos de todas partes del mundo puedan compartir y debatir sus investigaciones sin restricciones basadas en nacionalidad, favoreciendo así la continuidad del conocimiento y la innovación. La creación de redes alternativas puede ayudar a mitigar las barreras actuales y preservar la esencia global de la ciencia abierta. El avance tecnológico y científico ha demostrado que la colaboración sin fronteras es no solo posible, sino necesaria para enfrentar retos que afectan a toda la humanidad. Más allá de las circunstancias actuales, la ciencia debe ser un espacio que promueva la reconciliación, el diálogo y el entendimiento mutuo. Cancelar a grupos enteros en función de su origen o afiliación institucional va en contra de este espíritu y socava los valores que han permitido a la ciencia alcanzar sus grandes hitos.
Finalmente, es un llamado a la comunidad académica y científica internacional para que reflexione sobre estos desafíos y trabaje colectivamente para abrir caminos que permitan a todos los investigadores, sin excepción, contribuir con sus talentos y conocimientos. La ciencia abierta es un ideal que debe salvar las divisiones políticas y sociales, buscando siempre el bien común y el progreso compartido. Solo así podremos construir un futuro más justo, conectado y sustentable para todos.
