En los últimos años, se han realizado esfuerzos significativos para abordar la disparidad racial en la disciplina escolar en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de estos avances, los estudiantes negros siguen siendo expulsados de las aulas a tasas desproporcionadas en comparación con sus compañeros. Esta situación no solo socava su educación, sino que también perpetúa un ciclo de desventajas que muchos sostienen es parte de una "pipeline escolar a prisión". Un caso emblemático es el de Zaire Byrd, un estudiante de 18 años originario de Atlanta, Georgia. Antes de ser suspendido tras un incidente en el cual se defendió de una amenaza de robo, Byrd era un estudiante ejemplar que participaba en obras de teatro y deportes.
Sin embargo, su vida académica se vio gravemente afectada por una decisión administrativa que lo marcó con una suspensión de diez días y lo envió a una escuela alternativa, un lugar donde, según él, la experiencia educativa y el ambiente eran viciados. "Esto casi arruina mi educación", declaró Byrd, quien experimentó dificultades significativas tras ser apartado de su entorno educativo habitual. En Georgia, los estudiantes negros componen un poco más de un tercio de la población estudiantil, pero representan una parte desproporcionada de los casos de disciplina. Este fenómeno se ha convertido en un foco de atención para activistas y defensores de la educación y derechos civiles, especialmente a raíz del movimiento Black Lives Matter, que ha puesto de relieve las injusticias raciales en diversos sectores, incluida la educación. A pesar de los programas de reforma que han surgido en la última década, las disparidades persisten en muchas comunidades.
Un análisis de datos realizado por The Associated Press reveló que, en Missouri, los estudiantes negros representaban el 46% de todos los días de suspensión en el año escolar 2013-2014. Nueve años después, aunque la cifra se había reducido al 36%, eso sigue siendo desproporcionado, dado que los estudiantes negros constituyen solo aproximadamente el 15% de la población estudiantil. En California, los esfuerzos para disminuir las suspensiones han logrado cierta eficacia, reduciendo las tasas del 13% en 2013 al 9% en la actualidad; sin embargo, esto aún se traduce en que los estudiantes negros son tres veces más propensos a ser suspendidos que sus compañeros blancos. Este tema de la disciplina escolar ha sido analizado extensamente bajo la premisa del *school-to-prison pipeline*, una metáfora que describe cómo las políticas escolares severas pueden conducir a una mayor probabilidad de encarcelamiento en el futuro. Una de las razones detrás de esta persistente disparidad es la implementación de políticas de disciplina que, a pesar de las reformas, aún fomentan la exclusión de los estudiantes.
En Louisiana, por ejemplo, los estudiantes negros tienen el doble de probabilidades de ser suspendidos en comparación con los estudiantes blancos, y reciben castigos más severos por las mismas infracciones. Un nuevo marco legislativo que entró en vigencia este año sugiere la expulsión de cualquier estudiante de secundaria que sea suspendido tres veces durante un año escolar, lo que podría exacerbar aún más la situación. Para contrarrestar estas medidas, desde el gobierno de Obama se promovieron guías federales en 2014, recomendando prácticas de justicia restaurativa y limitando el uso de expulsiones y suspensiones como una respuesta última. Aunque estas políticas fueron desmanteladas durante la administración de Donald Trump, muchas iniciativas a nivel estatal y local continúan intentando abordar las disparidades en la disciplina. En Minnesota, por ejemplo, el porcentaje de expulsiones y suspensiones atribuidas a estudiantes negros disminuyó del 40% en 2018 al 32% cuatro años después.
Sin embargo, las cifras siguen siendo alarmantes y reflejan una disparidad que requiere atención continua. Un estudio indicó que hasta el 80% de las penas disciplinarias se basaban en criterios subjetivos, como "conducta disruptiva", lo que generaba un desenfoque racial en la aplicación de las normas disciplinares. Khulia Pringle, una defensora de la educación que se volvió activa tras vivir la experiencia de su hija, subraya cómo esta realidad no solo afecta a los estudiantes, sino también a sus familias. El desgaste emocional y las luchas académicas de su hija la llevaron a cuestionar su futuro escolar, un desafío que Pringle no enfrentó sola. "Cada padre negro con quien hablé estaba lidiando con problemas de suspensión", comentó, destacando la masa de familias que sufren las consecuencias de un sistema educativo que parece fallarles.
Los esfuerzos de reforma han cobrado impulso en el marco del movimiento por la justicia racial. La *Vision for Black Lives*, un documento que surge del movimiento Black Lives Matter en 2016, planteaba la necesidad de un sistema educativo que reconociera la identidad cultural de los estudiantes y apoyara su salud mental y física. Monifa Bandele, una líder política del movimiento, enfatiza que la finalización de la discriminación racial comienza en el sistema educativo, argumentando que la probabilidad de terminar en el sistema penal se incrementa con cada expulsión o suspensión. Las respuestas a la cuestión de la disciplina escolar han oscilado a lo largo de los años. Aunque se ha evidenciado un interés por adoptar prácticas más saludables y centradas en el estudiante, la pandemia de COVID-19 trajo consigo un renovado enfoque en las medidas disciplinarias, con muchas escuelas volviendo a optar por una postura más rígida ante el comportamiento de los estudiantes tras meses de cierres.
Los educadores y padres están cada vez más preocupados por las tendencias de volver a las políticas de disciplina más severas, que muchos consideran como un retroceso en la lucha por la equidad en la educación. Las experiencias de estudiantes como Zaire Byrd resaltan la necesidad de estrategias educativas que busquen apoyar en lugar de castigar, nutriendo a los estudiantes en lugar de apartarlos del entorno escolar. El futuro de la educación, especialmente para los estudiantes negros, depende de la implementación efectiva de políticas que prioricen la inclusión y la equidad. Se debe avanzar hacia un sistema que comprenda la gravedad del impacto que pueden tener las decisiones disciplinarias, garantizando que ningún estudiante sea castigado por un solo error y que se les brinde las oportunidades que merecen para prosperar en un ambiente académico justo y sustentador.
