Rusia Busca Criminalizar la Minería Ilegal de Criptomonedas para Combatir el Lavado de Dinero

En un contexto donde las criptomonedas continúan ganando relevancia a nivel global, Rusia ha decidido tomar medidas contundentes respecto a la minería ilegal de criptoactivos dentro de su territorio. La agencia federal rusa que supervisa la lucha contra el lavado de dinero, conocida como Rosfinmonitoring, ha propuesto criminalizar la actividad no autorizada de minería de criptomonedas. Este movimiento refleja las crecientes preocupaciones del gobierno ruso sobre el impacto que la minería ilegal tiene en el sistema financiero y la economía energética del país. Actualmente, la minería legal de criptomonedas goza de un marco regulatorio limitado en Rusia, excepto en algunas regiones específicas donde las restricciones regionales están vigentes debido al alto consumo eléctrico. Sin embargo, la realidad ha demostrado que muchas operaciones de minería se llevan a cabo de manera clandestina o semi-legal, utilizando energía subsididada o robada, lo que dificulta el control y afecta la estabilidad del sistema energético nacional.

El enfoque de Rosfinmonitoring busca ampliar su capacidad para sancionar a quienes infrinjan las normas mediante la imposición no solo de multas y sanciones administrativas, sino también de penas penales. Esta propuesta legislativa se encuentra actualmente en desarrollo conjunto con el Ministerio de Finanzas de Rusia y el Banco Central, dos instituciones cruciales para garantizar la correcta implementación y viabilidad de las nuevas regulaciones. La propuesta ha recibido respaldo de altos funcionarios y cuerpos legislativos, como el Consejo de la Federación, la cámara alta del parlamento ruso, y de organismos como la Cámara Cívica, que ejerce un papel destacado en la formulación de políticas públicas. Dichos actores reconocen la necesidad urgente de ponerse a la vanguardia frente a las vulnerabilidades del sistema financiero, especialmente en lo que concierne a la circulación y el uso de criptoactivos. Actualmente, la legislación rusa prohíbe la minería durante los meses de invierno en nueve regiones específicas, debido a la gran demanda energética que genera esta actividad, lo que podría sobrecargar la red eléctrica y causar cortes.

No obstante, estas prohibiciones no contemplan sanciones penales para quienes infrinjan las restricciones, limitándose las acciones a cargos relacionados con el robo de electricidad o el uso indebido de energía subsidiada. En regiones clave para la minería, como el óblast de Irkutsk, existe una prohibición que se extenderá hasta el año 2031, pero de momento, la legalidad y el rigor de la aplicación de la ley para combatir la minería ilegal sigue siendo un desafío. Esto ha generado un ambiente propicio para la proliferación de operaciones ilícitas que además se vinculan, según las autoridades, con el lavado de activos y el financiamiento de actividades delictivas. De acuerdo con Rosfinmonitoring, la minería ilegal contribuye a la circulación de fondos ilícitos, ya que facilita la conversión y «blanqueo» de dinero obtenido a través de actividades ilegales mediante la cadena de bloques. Por ello, la nueva legislación pretende incluir disposiciones que aseguren que cualquier persona o entidad que use recursos para minería sin cumplir con las normas establecidas pueda ser procesada y sancionada con penas proporcionales a la gravedad del delito.

La implementación de estas medidas también está motivada por el crecimiento acelerado del mercado de criptomonedas y la demanda de equipos mineros en Rusia. Un experto de minería reconocido informó que la demanda de rigs y otros servicios relacionados se ha triplicado desde el último trimestre del año fiscal 2023. Esta explosión de interés ha generado mayores riesgos de uso no regulado, incentivando la adopción de medidas legales más estrictas. El Ministerio de Energía de Rusia también ha expresado su intención de ampliar las prohibiciones de minería a otras regiones, incluyendo Karelia, Penza y partes de Khakassia, entre otras. Las autoridades están evaluando estos movimientos para decidir a finales de mayo si se extienden las prohibiciones a estas nuevas zonas, con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema energético y controlar el uso excesivo de recursos que afecta a la infraestructura eléctrica del país.

No obstante, el panorama regulatorio para la minería en áreas permitidas contempla que los mineros domésticos, que no superen un consumo de 6,000 kWh mensuales, puedan seguir operando sin necesidad de inscribirse en registros especiales. Para consumidores por encima de ese límite, es obligatorio registrarse ante el Servicio Federal de Impuestos, lo que permite a las autoridades monitorear y regular con mayor precisión la actividad minera profesional o empresarial. Al introducir la criminalización de la minería ilegal, Rusia busca cerrar los vacíos legales que hasta ahora permiten que ciertas operaciones sigan funcionando al margen de la ley, dificultando la persecución efectiva de infractores y exacerbando riesgos asociados a la seguridad energética y financiera. Esta iniciativa puede representar un cambio significativo en la estrategia del país frente a las criptomonedas y su integración en la economía formal. El sector minero también vive una evolución paralela, donde actores legales como Riot Platforms en Estados Unidos están asegurando acceso a grandes líneas crediticias para expandir sus operaciones reguladas, señalando que la dinámica global del mercado de minería de criptomonedas se encuentra en plena expansión, aunque envuelta en complejas regulaciones y desafíos soberanos.

En conclusió, Rusia está marcando una línea firme en relación con la minería ilegal de criptomonedas, apuntando a fortalecer el marco jurídico para combatir las actividades ilícitas relacionadas y proteger tanto el sistema financiero como el energético nacional. La entrada en vigor de estas medidas podría redefinir el panorama de la minería en el país y sentar un precedente para otros estados que enfrentan retos similares en la gobernanza de los activos digitales y su impacto en la economía real.