En un giro significativo dentro del panorama financiero estadounidense, los principales reguladores bancarios han anunciado cambios cruciales en su enfoque respecto a las criptomonedas. Durante años, la regulación y supervisión sobre los activos digitales y las actividades relacionadas con criptomonedas han sido restrictivas, limitando la participación de las instituciones financieras tradicionales en este campo emergente. Sin embargo, las recientes decisiones de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) evidencian un cambio hacia una postura más flexible y promotora, alineada con la visión del gobierno de convertir a Estados Unidos en un líder mundial en la industria de las criptomonedas. Uno de los anuncios más destacados fue la rescisión del Staff Accounting Bulletin No. 121 (SAB 121) por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), un boletín que anteriormente obligaba a las empresas reguladas a reconocer las criptomonedas y otros activos digitales como pasivos y activos en sus balances financieros.
Esta obligación parecía prácticamente dejar fuera a las instituciones financieras tradicionales de la posibilidad de custodiar criptomonedas, debido a la complejidad que representaba para sus estados financieros y cumplimiento normativo. La eliminación de SAB 121 abrió una puerta importante para que estas instituciones puedan participar de manera más activa en la custodia y manejo de activos digitales. Además, las recientes acciones del OCC han sido especialmente relevantes. El 7 de marzo de 2025, esta entidad emitió la Interpretive Letter 1183, retirando las cartas interpretativas emitidas en 2020 y 2021 que restringían ciertas actividades relacionadas con criptomonedas para bancos nacionales y asociaciones federales de ahorro. Con esta retirada, el OCC aclaró que dichas instituciones tienen ahora la facultad de custodiar criptoactivos, participar en actividades con stablecoins y utilizar redes de contabilidad distribuida (blockchain).
Simultáneamente, el OCC se desvinculó de las declaraciones conjuntas emitidas por reguladores bancarios durante 2023 que advertían sobre los riesgos en torno a estas actividades, marcando un claro cambio de rumbo. En línea con el OCC, la FDIC tomó la decisión de revocar en marzo de 2025 la orientación emitida en 2022, que requería a las instituciones bajo su supervisión notificar y obtener aprobación previa antes de incursionar en actividades vinculadas con criptomonedas. Esta flexibilización elimina barreras regulatorias previas y permite a estas instituciones operar con mayor autonomía en el espacio cripto, siempre bajo las obligaciones habituales en materia de gestión de riesgos, protección al consumidor y prevención del lavado de dinero. Por su parte, la Reserva Federal también ha eliminado restricciones que afectaban a bancos miembros estatales interesados en este sector. A finales de abril de 2025, la Fed retiró cartas de supervisión emitidas en 2022 y 2023 que imponían procesos complejos de notificación y no objeción previa para el desarrollo de actividades con criptomonedas y tokens dolarizados.
Además, se sumó a las acciones de la FDIC y el OCC al retirar conjuntamente declaraciones emitidas en 2023 que advertían sobre riesgos asociados a las criptomonedas. Este replanteamiento de las directrices regulatorias representa una respuesta directa a las condiciones cambiantes del mercado y a la voluntad del actual gobierno estadounidense de fomentar la innovación tecnológica y financiera. La administración ha expresado claramente su objetivo de posicionar a Estados Unidos como líder mundial en la industria de criptomonedas, reconociendo la importancia estratégica de esta tecnología para la economía y el sistema financiero. A pesar de este marcado giro hacia la apertura, los reguladores mantienen un mensaje claro: las instituciones financieras que deseen operar en el ámbito de las criptomonedas deberán hacerlo con la misma diligencia que aplican en cualquier otro producto o servicio. Esto implica una evaluación cuidadosa de riesgos de mercado y liquidez, la implementación de controles contra ciberataques, una rigurosa gestión operativa, así como el cumplimiento estricto de normativas de protección al consumidor y prevención del lavado de dinero.
En esencia, aunque el enfoque sea más favorable, la supervisión y regulación permanecerán firmes para evitar abusos y salvaguardar la estabilidad financiera. Asimismo, los organismos reguladores han mencionado que están en proceso de colaborar para reemplazar las guías interinstitucionales previas relacionadas con criptomonedas, lo que apunta a la futura emisión de nuevas orientaciones que otorgarán mayor claridad y certeza a las instituciones financieras interesadas en este campo. Esta posible evolución normativa permitirá un entorno más estructurado donde los bancos y otras entidades podrán innovar y ofrecer servicios con criptomonedas siguiendo parámetros claros y adaptados al entorno actual. El cambio en la regulación también responde a un contexto global en el que otras economías y jurisdicciones están avanzando en la integración de activos digitales en sus sistemas financieros. La competencia internacional por atraer inversión, talento y desarrollo tecnológico en blockchain y criptoactivos es fuerte, por lo que Estados Unidos busca no quedarse rezagado mediante un marco regulatorio que facilite la participación de sus instituciones tradicionales en la llamada economía digital.
Algunos expertos consideran que la rescisión de SAB 121 y la retirada de las cartas interpretativas restrictivas constituyen un precedente importante que podría incentivar una mayor inversión y desarrollo de productos financieros basados en criptomonedas, como wallets institucionales, préstamos garantizados con criptoactivos y servicios de custodia para clientes institucionales e individuales. No obstante, el proceso no está exento de críticas ni desafíos. Algunos analistas advierten que la eliminación de ciertas barreras regulatorias podría incrementa riesgos sistémicos si no va acompañada de una supervisión adecuada y firme en aspectos como la gestión de riesgos operacionales y el control de fraudes digitales. Por ello, el compromiso de los reguladores es crucial para encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación y proteger la estabilidad financiera y a los consumidores. Las instituciones financieras tradicionales, por su parte, ven en este cambio oportunidades importantes para diversificar sus servicios y atraer nuevas clientelas, particularmente en sectores jóvenes y tecnológicamente avanzados que demandan productos de inversión y pago innovadores.
Se espera que la banca tradicional adopte poco a poco herramientas tecnológicas relacionadas con blockchain y adopte soluciones para emitir, custodiar y transferir activos digitales de manera segura y compliant. En conclusión, el cambio de postura de los reguladores bancarios en Estados Unidos marca un hito dentro del ecosistema financiero. La nueva visión más proactiva y colaborativa con la industria de las criptomonedas refleja una adaptación a la realidad de la economía digital y posiciona al país para competir en un mercado global cada vez más dominado por tecnología y activos digitales. A pesar de las oportunidades que este nuevo escenario ofrece, seguirá siendo fundamental que las instituciones financieras apliquen mejores prácticas en gestión de riesgos y cumplimiento normativo para garantizar un crecimiento sostenible y seguro para sus clientes y el sistema financiero en general.
