En un momento crucial para la industria de las criptomonedas en Estados Unidos, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, ha hecho un llamado urgente al Congreso para que apruebe cuanto antes una legislación específica para las stablecoins. La advertencia viene acompañada de un dato impactante: hasta 240 mil millones de dólares en capital institucional podrían salir del país si no se definen reglas claras y comprensibles para este segmento del mercado de criptomonedas. Esta cifra no solo representa un enorme valor económico, sino también un desafío para mantener la influencia y competitividad de Estados Unidos en el ecosistema financiero digital global. Las stablecoins, que son criptomonedas cuyo valor está respaldado por activos estables como el dólar estadounidense, se han convertido en un pilar fundamental dentro del mundo cripto. Actúan como puentes de liquidez y estabilidad, permitiendo que inversionistas institucionales y minoristas puedan operar con menores riesgos asociados a la volatilidad típica de otras criptomonedas.
Sin embargo, la ausencia de una regulación unificada y firme en Estados Unidos ha generado incertidumbre y dejó espacio para que emisores extranjeros ganen terreno y atraigan el capital que podría permanecer en suelo americano. La propuesta más notable en el Congreso es la llamada Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act), impulsada por el senador Bill Hagerty. Esta iniciativa busca establecer estándares claros en cuanto a reservas, auditorías y licencias para emisores de stablecoins. En conjunto con otro proyecto similar conocido como FIT21, que pretende aclarar las jurisdicciones regulatorias del SEC y CFTC sobre activos digitales, estos marcos legales aspiran a construir la primera plataforma federal que regule a fondo el sector de las stablecoins. A pesar del importante impacto potencial de esta legislación, el camino hasta su aprobación definitiva no está exento de obstáculos.
La Ley GENIUS exige una mayoría calificada en el Senado, concretamente al menos 60 votos, y enfrenta resistencia de algunos sectores, especialmente nueve senadores demócratas que señalan la falta de suficientes salvaguardas en materia de prevención de lavado de dinero y seguridad nacional. Este impasse político refleja la tensión entre promover la innovación tecnológica y garantizar la protección del consumidor y la integridad del sistema financiero. Para Brian Armstrong y otros líderes de la industria, el año 2025 representa el límite para avanzar en el establecimiento de estas reglas antes de que la ventaja que actualmente disfruta Estados Unidos en el ámbito de las stablecoins se diluya frente a otras jurisdicciones más amigables y rápidas en legislar. Se teme que la demora podría provocar que grandes fondos institucionales, que buscan operar bajo condiciones claras y reguladas, decidan trasladar sus operaciones a países con marcos legales más definidos y procesos más ágiles. Paralelamente a este debate en Washington, otros actores internacionales están expandiendo su presencia y consolidando sus stablecoins con respaldo estatal o corporativo.
Un claro ejemplo es la aparición de USD1, una stablecoin vinculada a la familia Trump y respaldada en dólares estadounidenses, que ha ganado impulso significativo con una capitalización de mercado que supera los 2 mil millones de dólares. Este token ha establecido asociaciones estratégicas para inversiones multimillonarias, como un acuerdo de 2 mil millones de dólares con la firma MGX de Abu Dhabi, fortaleciendo así una nueva corriente de stablecoins con tintes políticos y financieros que podrían impactar el mercado estadounidense. Además, empresas tecnológicas y financieras líderes están desarrollando soluciones innovadoras alrededor de las stablecoins. Stripe, por ejemplo, está probando un sistema de pagos con stablecoins en dólares para empresas fuera de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, lo que representa un avance significativo en la adopción institucional y comercial de estas monedas digitales. En la región de Medio Oriente y Norte de África, First Abu Dhabi Bank junto con inversionistas soberanos están lanzando stablecoins respaldadas en dirhams, destinadas a facilitar comercio y pagos transfronterizos, mostrando que la expansión global de este tipo de activos no se detiene y exige una respuesta regulatoria adecuada en Estados Unidos.
La respuesta regulatoria actual en EE.UU. contrasta con la Unión Europea, donde el reglamento MiCA está construyendo un marco claro y unificado para todas las stablecoins dentro del bloque económico. Esta diferencia genera una dinámica competitiva en la que Estados Unidos podría perder su liderazgo si no logra adoptar medidas legales robustas y coherentes. Más allá de la regulación, existen preocupaciones sobre el impacto de las stablecoins en la estabilidad económica, especialmente en economías emergentes.
Aunque estas monedas digitales pueden mejorar la eficiencia de pagos y reducir costos de remesas, también pueden introducir riesgos como flujos repentinos de capital que afectan el tipo de cambio local y la liquidez bancaria. Esto plantea la necesidad de políticas que equilibren la innovación con la supervisión estricta para prevenir efectos negativos. En el sistema bancario tradicional, la proliferación de stablecoins también podría representar un reto considerable. Al atraer depósitos y liquidez fuera del sistema convencional, se generan brechas regulatorias y vulnerabilidades que los bancos y reguladores deberán gestionar para evitar crisis de liquidez o problemas sistémicos. En resumen, el llamado de Brian Armstrong es más que un simple pedido: es una señal estratégica para que Estados Unidos aproveche esta ventana de oportunidad antes de que se escape un capital institucional gigantesco y que la supremacía en stablecoins se desplace hacia otras regiones con marcos normativos más flexibles y rápidos.
