Corea del Norte ha dado un paso significativo hacia la consolidación de su dominio digital con la promulgación de una versión revisada de su Ley de Tecnología de la Información en 2022, que representa una transformación total en la manera en que el país administra su infraestructura tecnológica y regula el uso de las tecnologías de la información. Esta ley, que consta de cinco capítulos y 43 artículos, traza un marco riguroso para el control de todos los aspectos de la tecnología digital, desde la planificación y ejecución hasta la inspección operativa y la seguridad de los sistemas informáticos. El texto completo obtenido por Daily NK revela un enfoque sistemático para llevar a cabo una supervisión estricta sobre las instituciones, empresas y organizaciones coreanas, obligándolas a presentar planes detallados sobre los proyectos tecnológicos que deseen implementar, los cuales deben recibir la aprobación de las agencias estatales de planificación. Además, bajo esta legislación se exige la inscripción formal en la agencia de supervisión tecnológica y la presentación continua de informes que permitan monitorear el progreso y cumplimiento de dichas iniciativas tecnológicas. Uno de los pilares fundamentales de la ley es la estandarización tecnológica.
Cada solución y equipo tecnológico debe construirse y ajustarse según las especificaciones y documentos de diseño validados por el propio Estado. Posteriormente, estas infraestructuras y sistemas están sujetos a inspecciones operativas obligatorias para certificar su conformidad y seguridad. De esta manera, el Gobierno norcoreano crea un entorno legal que prioriza la homogeneización y un control centralizado de todos los avances e infraestructuras tecnológicas nacionales. La seguridad de la información cobra una importancia crucial en este marco regulatorio. En particular, el Artículo 19 establece que todos los sistemas de información deben contar con medidas de seguridad adecuadas conforme a estándares nacionales y, además, están sujetos a revisiones y registros obligatorios.
Esta exigencia no solo subraya la preocupación del régimen por evitar fugas de información o ataques externos, sino que también se inscribe dentro de una agenda mayor orientada a consolidar la protección política y de inteligencia en el espacio digital, elemento heredado de sus históricas políticas de seguridad estatal. Sumado a ello, el Artículo 24 enfatiza la responsabilidad rigurosa en la gestión de los recursos informáticos, señalando que cada entidad debe administrar sus datos y sistemas con diligencia y siguiendo normativas estrictas, reforzando así la vigilancia y el control a nivel operativo. Pero quizás uno de los aspectos más representativos de esta ley es su impulso a la autosuficiencia tecnológica, reflejado claramente en el Artículo 27. Aquí se exige que todo el equipamiento y software relacionado con tecnología de la información sean producidos según planes estatales definidos, promoviendo lo que denominan "tecnología al estilo propio", apuntando a fomentar una industria tecnológica doméstica fuerte y autónoma. Este enfoque responde a la necesidad de Corea del Norte de reducir drásticamente su dependencia de la tecnología extranjera, especialmente en un contexto marcado por severas sanciones internacionales y aislamiento económico.
El régimen busca construir un ecosistema de tecnología de la información independiente, donde se prioricen los desarrollos locales y se evite la infiltración de productos o software externos que puedan comprometer la seguridad nacional o la soberanía digital del país. La ley también establece mecanismos económicos para sostener la inversión en proyectos informáticos, destacando la creación de fondos dedicados específicamente a este fin. No obstante, expertos alertan sobre las dificultades prácticas que Corea del Norte podría enfrentar debido a sus limitaciones económicas, lo que podría afectar la sostenibilidad de tales iniciativas por el largo plazo. En términos de cumplimiento y sanciones, la ley parece haber tomado una postura más estricta y punitiva respecto a las violaciones de las normas establecidas. El Artículo 42 detalla diversas infracciones posibles, que incluyen incumplir los planes de tecnología, presentar informes falsos, operar sistemas sin autorización o ignorar las revisiones de seguridad.
Las consecuencias para tales actos varían, pudiendo ir desde advertencias y trabajos forzados sin remuneración hasta la educación laboral, la remoción o degradación dentro de las estructuras administrativas. Además, el Artículo 43 abre la puerta a que ciertos incumplimientos puedan considerarse delitos penales según las disposiciones más amplias del código criminal norcoreano, subrayando que la gestión tecnológica en Corea del Norte no es meramente una cuestión administrativa, sino también una cuestión de seguridad nacional con repercusiones legales severas. El contexto en el que se desarrolla esta ley es también relevante para comprender su importancia y sus motivaciones. Corea del Norte enfrenta presión constante por parte de la comunidad internacional y sanciones económicas que afectan su capacidad para acceder libremente a equipos y tecnologías avanzadas. Ante este escenario, la estrategia gubernamental se orienta no solo a regular estrictamente el espacio digital interno, sino a promover la innovación y producción tecnológica interna para mantener la funcionalidad de sus instituciones y empresas bajo su propio control.
Este renovado enfoque legal refleja así una combinación de objetivos: incrementar la eficacia administrativa y económica a través de la tecnología, crear un ambiente más sistemático y científico para la gestión estatal y empresarial, y proteger los sistemas de información de amenazas externas o internas que pudieran desestabilizar el régimen. Expertos en la materia interpretan que la Ley de Tecnología de la Información consolidada por Corea del Norte simboliza una suerte de “cortina digital”, un intento de reforzar el aislamiento tecnológico y fortalecer la vigilancia y el control estatal frente a las transformaciones aceleradas que vive el mundo en materia digital. Al establecer una infraestructura técnica robusta, promover la autosuficiencia y criminalizar las infracciones relacionadas con la tecnología, el régimen busca mantener una posición dominante en la nueva era digital, preservando su estabilidad y control político. Asimismo, este control ampliado y la búsqueda de desarrollo tecnológico interno tienen implicaciones directas para las relaciones internacionales y la seguridad regional. La capacidad de desarrollar sistemas tecnológicos propios puede facilitar a Corea del Norte avances en sectores claves, desde telecomunicaciones hasta capacidades militares y cibernéticas, lo cual puede alterar el equilibrio estratégico en el Este Asiático.
Finalmente, aunque la ley refleja avances formales en la regulación y planificación tecnológica en Corea del Norte, muchas interrogantes persisten sobre su aplicación práctica. La economía norcoreana enfrenta grandes desafíos y limitaciones estructurales para sostener inversiones de largo plazo. Además, la capacidad técnica y humana para desarrollar tecnologías avanzadas independientemente sigue siendo incierta. Sin embargo, está claro que el régimen norcoreano se compromete en mantener y expandir su control absoluto sobre el espacio digital, adoptando medidas legales robustas para garantizar su dominio interno frente a un mundo cada vez más interconectado. En conclusión, la revisada Ley de Tecnología de la Información representa un hito en la política tecnológica y digital norcoreana, donde se fusionan la seguridad nacional, la autosuficiencia y la regulación estricta en un intento por establecer un sistema tecnológico cerrado y controlado.
Su análisis aporta claves fundamentales para comprender cómo funciona el régimen en el siglo XXI y qué estrategias despliega para preservar su poder en la era digital.
