En una jugada innovadora que marca un antes y un después en la administración pública, Panamá se convierte en el primer organismo gubernamental en aceptar criptomonedas para el pago de servicios públicos. La ciudad de Panamá ha integrado oficialmente Bitcoin, Ethereum, USD Coin y Tether, ofreciendo a los ciudadanos la opción de utilizar activos digitales para efectuar pagos de impuestos y otras transacciones públicas. Este avance representa un paso decisivo hacia la modernización financiera y reglamentaria del país. El anuncio fue hecho por el alcalde Mayer Mizrachi Matalon a través de su cuenta en X, explicando que esta decisión no solo posiciona a Panamá como un pionero global en la integración de criptomonedas en el sector público, sino que también responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías emergentes y diversificar las opciones de pago disponibles para los habitantes. Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es la solución encontrada para continuar cumpliendo con la ley que establece pagos en dólares estadounidenses.
Panamá ha desarrollado una alianza estratégica con un banco local que gestiona las conversiones de criptomonedas a dólares, garantizando que el gobierno pueda recibir fondos en la moneda oficial, mientras que los ciudadanos disfrutan de la comodidad y seguridad de pagar con criptomonedas. La elección de Bitcoin y Ethereum como principales criptomonedas aceptadas responde a su popularidad y consolidación en el mercado global. Sumado a estos, los stablecoins USD Coin y Tether ofrecen estabilidad y fluidez, aspectos cruciales para transacciones financieras en el ámbito público. Además, estas criptomonedas son ampliamente reconocidas para operaciones internacionales, lo que fortalece el propósito de internacionalización del sistema financiero panameño. Este proyecto forma parte de una estrategia nacional más amplia dirigida a transformar y modernizar los sistemas financieros y regulatorios del país.
La reciente propuesta de ley para la regulación del sector cripto pretende establecer un marco legal claro, que al mismo tiempo permita la adopción opcional de transacciones digitales a nivel nacional, facilitando una economía más inclusiva y alineada con los avances tecnológicos. La creación del Consejo Nacional de Activos Digitales (CONAD) es un hito fundamental dentro de esta legislación. Esta entidad tendrá la responsabilidad de supervisar y diseñar regulaciones para el uso de criptoactivos en diferentes sectores económicos, civiles y comerciales. Su rol es crucial para asegurar que la adopción de las criptomonedas se realice bajo estándares de transparencia y seguridad, minimizando riesgos para usuarios y el sistema financiero en general. Además, la norma exige que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) cumplan con los requisitos regulatorios nacionales e internacionales, aumentando así la confianza en las operaciones y promoviendo buenas prácticas en el uso de tecnología blockchain en el territorio panameño.
Más allá de la regulación, el gobierno promueve la integración de la tecnología blockchain en otras aplicaciones públicas como programas de identificación digital, contratos inteligentes y mecanismos que fomentan la transparencia en la gestión pública. Estos avances no solo buscan optimizar la operatividad estatal, sino también abrir camino hacia un gobierno digital moderno, eficiente y accesible para toda la población. El impacto de la aceptación de criptomonedas en el sistema de pagos públicos es trascendental y abarca aspectos económicos, sociales y tecnológicos. Desde la perspectiva económica, esta medida puede impulsar la innovación financiera en Panamá, atrayendo inversiones tecnológicas y fortaleciendo el ecosistema fintech local e internacional. En términos sociales, la implementación de pagos con criptomonedas fomenta la inclusión financiera, especialmente para aquellos sectores de la población que no cuentan con acceso a la banca tradicional, pero sí disponen de billeteras digitales.
Esto amplía el acceso a servicios públicos y facilita la participación ciudadana en el sistema financiero formal. La transparencia y eficiencia en las operaciones públicas son otros beneficios esenciales que podrían derivarse del uso de tecnologías basadas en blockchain. Al registrar transacciones de forma inmutable y verificable, es posible reducir vulnerabilidades a la corrupción y mejorar el control ciudadano sobre la gestión fiscal y administrativa. Panamá también se posiciona con esta iniciativa como un referente regional en temas tecnológicos y de innovación. Al ser uno de los primeros gobiernos del mundo en aceptar criptomonedas como método oficial de pago, el país proyecta una imagen de país vanguardista y adaptable a la economía digital global, lo que puede atraer talento, empresas tecnológicas y capital extranjero.
La colaboración entre la administración pública y el sector privado, ejemplificada en la asociación con el banco local, demuestra un modelo eficaz de integración tecnológica y financiera. Esta cooperación impulsa la creación de soluciones que respetan las normativas vigentes y resuelven desafíos técnicos y legales que podrían surgir en la adopción de nuevas formas de pago. Aunque esta iniciativa está en fase piloto, el programa podría sentar las bases para que otras ciudades y países sigan el ejemplo, creando un efecto en cadena para adoptar modelos de pago digitales en el sector público en todo el mundo. La experiencia de Panamá será un caso de estudio clave para evaluar la eficacia, riesgos y oportunidades de utilizar criptomonedas en la administración pública. En definitiva, al aceptar criptomonedas para pagos públicos, Panamá fortalece su misión de impulsar un ecosistema financiero y regulatorio moderno, inclusivo y tecnológico.
Este movimiento audaz muestra cómo los gobiernos pueden adaptarse a los cambios tecnológicos, brindando nuevos servicios a sus ciudadanos y generando mayor confianza en el manejo de los recursos públicos. El futuro que abre Panamá con esta medida podría inspirar una nueva era en la gobernanza digital, donde las criptomonedas y la tecnología blockchain jueguen un rol central en la administración pública y el desarrollo económico, beneficiando a la sociedad en su conjunto y posicionando al país a la vanguardia de la innovación global.
