En los últimos años, el auge de las criptomonedas y los tokens no fungibles, conocidos como NFT, ha revolucionado la forma en que concepcionamos el valor digital. Estas piezas digitales únicas, que han encontrado popularidad en áreas como el arte, la música y los coleccionables, también han atraído la atención de grandes corporaciones con la intención de expandir su alcance en el mundo digital. Un ejemplo reciente y trascendental es la polémica que involucra a Nike, la reconocida marca global de ropa deportiva, que actualmente enfrenta una demanda colectiva en Nueva York por parte de compradores de NFTs que denuncian una supuesta estafa criptográfica. Esta situación no solo destaca los riesgos inherentes a las inversiones en activos digitales, sino que también pone en tensión el marco regulatorio y legal vigente, generando un debate crucial sobre la responsabilidad corporativa y los derechos del consumidor en el ecosistema digital. En el 2022, Nike lanzó en conjunto con RTFKT, una subsidiaria que adquirió para incursionar en el mundo de los activos digitales, una colección de NFT denominada Dunk Genesis CryptoKick.
Estos tokens prometían ser no solo un producto digital coleccionable sino una experiencia que combinaba moda, cultura urbana y tecnología blockchain. El lanzamiento inicial fue limitado a un pequeño número de compradores selectos, sin embargo, lo que parecía ser una apuesta innovadora terminó en una polémica judicial que ahora pone a Nike en el centro de atención por denuncias de prácticas engañosas y violaciones a leyes de valores no registradas. Los demandantes alegan que la empresa utilizó estrategias de mercadotecnia agresivas para atraer inversores hacia estos activos digitales, prometiendo beneficios y valor futuro que finalmente no se materializaron. Tras el cierre inesperado de RTFKT, muchos compradores se quedaron con activos criptográficos sin valor real ni respaldo, describiendo la situación como una verdadera “estafa” o “rug pull”, término empleado en la comunidad cripto para señalar proyectos que abandonan a sus inversores tras captar dinero de forma fraudulenta. Estas acusaciones no solo reflejan la frustración de los afectados, sino que también subrayan las dudas sobre la regulación de estos activos que, en muchos casos, tienen características similares a las de valores financieros, pero cuya regulación exacta sigue en disputa bajo las autoridades reguladoras, como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
En este contexto, los abogados y expertos en activos digitales señalan que la demanda contra Nike se presenta en un momento complicado debido a la evolución de la política regulatoria estadounidense en materia de criptomonedas. Durante la administración Trump, la SEC adoptó un enfoque particular sobre qué constituye un valor digital, sancionando algunos proyectos y dando una apariencia más estricta a la regulación. Sin embargo, cambios posteriores han llevado a una mayor incertidumbre, lo cual ha incentivado que muchos demandantes recurran a leyes estatales de protección al consumidor en lugar de leyes federales de valores. Esta estrategia legal puede resultar más efectiva dada la ambigüedad en torno a si ciertos NFTs pueden clasificarse formalmente como valores. En palabras de Nicolle Lafosse, abogada especializada en activos digitales, las denuncias de valores no registrados y prácticas engañosas habrían tenido mayor peso si esta demanda se hubiera presentado antes del cambio de enfoque regulatorio.
Más allá del caso específico de Nike, esta demanda es ilustrativa del panorama legal global respecto a los NFTs y otros activos digitales. Por un lado, compañías reconocidas buscan innovar y aprovechar el hype tecnológico para atraer a nuevos públicos, expandiendo sus modelos de negocio hacia sectores previamente inéditos para ellas. Por otro lado, la falta de claridad regulatoria, junto con prácticas empresariales cuestionables en algunos casos, ha generado un aumento en los litigios que exigen mayor responsabilidad y transparencia. Para los consumidores y compradores de NFTs, esta situación pone sobre aviso la importancia de entender los riesgos inherentes a la compra de activos digitales. A diferencia de los bienes materiales, los NFTs dependen íntegramente de una infraestructura digital y de la valoración que el mercado les otorgue en cada momento, lo que puede generar una enorme volatilidad y potencial pérdida total de la inversión.
Además, como evidencia el litigio contra Nike, no basta con confiar en la marca o en la publicidad; es fundamental analizar las condiciones legales, la transparencia del proyecto y la reputación del equipo detrás de cualquier lanzamiento. No es menos importante destacar que la tendencia de “rug pulls” o estafas similares comenzó siendo un problema particularmente frecuente entre proyectos descentralizados y emergentes con poca supervisión. El hecho de que ahora grandes corporativos se vean vinculados en este tipo de controversias revela que ningún actor está exento de riesgos legales y reputacionales cuando incursionan en este mercado. Además, la audiencia global está muy atenta y es crítica respecto a cómo se manejan los recursos y promesas hechas en el entorno digital. La demanda a Nike, por tanto, es un llamado de atención no solo para la industria tecnológica y financiera, sino también para los reguladores, quienes enfrentan el desafío de actualizar y adaptar las normativas tradicionales para proteger al consumidor sin sofocar la innovación.
