En un movimiento significativo hacia la adopción y regulación de los activos digitales, el estado de North Carolina ha dado un paso decisivo con la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley destinado a autorizar inversiones estatales en digital assets. Este avance legal llega en un contexto de creciente interés por parte de gobiernos estatales en los Estados Unidos para posicionarse a la vanguardia del desarrollo tecnológico y financiero relacionado con las criptomonedas y las tecnologías blockchain. El proyecto denominado "Digital Assets Investment Act", identificado como HB92, fue aprobado tras un proceso legislativo que ha reflejado la intención de North Carolina de modernizar su portafolio de inversiones estatales y explorar nuevas formas de crecimiento económico a través de la economía digital. La iniciativa ahora continúa su recorrido legislativo y se encuentra en trámite para ser debatida en el Senado estatal, donde se espera que la discusión gire en torno a la viabilidad y riesgos asociados a la inversión en activos digitales por fondos públicos. Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es la autorización que se otorga al Tesoro del Estado para invertir en activos digitales calificados, una medida que abre la puerta a la inclusión de criptomonedas dentro de las posibles estrategias financieras del estado.
Estas acciones no solo buscan diversificar las inversiones públicas, sino también incluir instrumentos innovadores que podrían ofrecer altos rendimientos frente a activos tradicionales. Otro punto clave que contempla la ley es la posibilidad de incluir activos digitales en los planes de retiro de los empleados estatales, un paso que puede servir para integrar las criptomonedas en la vida financiera cotidiana de miles de trabajadores. Para ello, el proyecto manda como tarea al departamento del Tesoro el desarrollo de materiales educativos que informen sobre los riesgos y beneficios relacionados a este tipo de inversiones, fomentando así una toma de decisiones más consciente y fundamentada. Paralelamente, el proyecto propone la realización de un estudio de factibilidad respecto a la creación de una reserva estatal de activos digitales que provengan de decomisos o confiscaciones, gestión que estaría supervisada en conjunto por la Oficina de Investigaciones del Estado y otras autoridades del orden público. Esta idea apunta no solo a la seguridad y legalidad en el manejo de criptoactivos, sino también a su posible uso estratégico para la economía estatal.
La urgencia por regular y adoptar activos digitales en North Carolina también se ve reflejada en otra iniciativa vinculada, el SB 327 conocido como "Bitcoin Reserve and Investment Act", que plantea permitir hasta un 10% de los fondos públicos en Bitcoin. Este segundo proyecto introduce además posibilidades como staking, préstamos y otras estrategias generadoras de rendimiento, consolidando a Bitcoin como una herramienta financiera innovadora para mejorar el perfil económico estatal. El contexto nacional favorece estas iniciativas, ya que el ex presidente Donald Trump ha mostrado un apoyo significativo a las criptomonedas a nivel federal, incentivando que diversas entidades estatales tomen el liderazgo en la creación de marcos regulatorios y estrategias que les permitan participar activamente en la economía digital. No obstante, no todos los estados comparten el mismo ritmo de avance. Mientras que Arizona, New Hampshire y Texas también trabajan en propuestas similares para establecer reservas de Bitcoin, otros estados han encontrado dificultades para aprobar legislación debido a preocupaciones sobre la volatilidad de los activos digitales y aspectos regulatorios.
Estas diferencias subrayan la necesidad de un análisis cuidadoso, equilibrado y responsable en la construcción de las normativas que guiarán la inversión pública en criptoactivos. En este sentido, North Carolina ha optado por reducir la propuesta inicial de un límite de inversión del 10% a un máximo del 5% en la reciente versión del HB92, reflejando una postura prudente sin renunciar a la innovación. Esto evidencia un enfoque estratégico: impulsar la adopción de las tecnologías financieras emergentes, al tiempo que se protege el patrimonio público mediante límites y controles claros. La legislación también abre la puerta al desarrollo de una cultura educativa en torno a los activos digitales en el ámbito gubernamental y comunitario. Además, la inclusión de actitudes que apuntan a la creación de reservas particulares de Bitcoin y digital assets como activos estatales con capacidad para generación de ingresos puede ser un modelo replicable en otros territorios que busquen innovar en sus portafolios y en la forma en que gestionan sus finanzas públicas.
