En un nuevo capítulo de la evolución regulatoria en torno a las criptomonedas en Estados Unidos, dos estados, New Hampshire y Florida, han logrado importantes avances legislativos relacionados con la creación de reservas de Bitcoin dentro de sus finanzas estatales. Estos movimientos reflejan un creciente interés y un reconocimiento institucional hacia el potencial de los activos digitales como parte integral de la economía y las finanzas públicas a nivel estatal. New Hampshire ha marcado un hito significativo al convertirse en el cuarto estado norteamericano en que un proyecto de ley referido a reservas de Bitcoin ha superado una cámara legislativa. El proyecto de ley HB302 fue aprobado en la Cámara de Representantes del estado con una votación estrecha, 192 a favor frente a 179 en contra, el 10 de abril de 2025. Con esta aprobación, la propuesta ahora pasa a la consideración del Senado para su sanción final.
La esencia de HB302 radica en conceder al tesorero estatal la potestad para invertir hasta un 10% del fondo general y otros fondos autorizados en los que el estado tiene control, en activos como metales preciosos y criptomonedas específicas. Este proyecto establece criterios concretos sobre las inversiones digitales elegibles, limitándolas a criptomonedas con una capitalización de mercado superior a los 500 mil millones de dólares, categoría dentro la cual actualmente solo Bitcoin cumple. Este enfoque regulatorio muestra un interés claro por parte de New Hampshire en no solo permitir, sino también regular y custodiar tales activos de manera segura, sentando un precedente en la integración de criptomonedas como componente estratégico en las reservas estatales. La importancia de esta legislación no solo reside en el reconocimiento oficial del Bitcoin, sino en la estrategia financiera que representa diversificar las inversiones estatales hacia activos digitales con potencial de valorización a largo plazo. El debate que precedió a la votación fue intenso y revelador sobre las perspectivas divergentes dentro del legislativo.
El representante demócrata Terry Spahr manifestó su preocupación, señalando que el proyecto podría ser redundante, ya que el tesorero estatal aseguró tener ya la autoridad para realizar estas inversiones. Destacó también la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, apuntando que fijar protocolos rígidos en medio de un ecosistema tan cambiante podría poner en riesgo los activos digitales estatales a futuro. Por otro lado, la voz republicana del representante Jordan Ulery defendió enfáticamente el proyecto, destacando su potencial para generar ganancias sustanciales para el estado a partir de estas inversiones. Para muchos legisladores, esta iniciativa representa una apuesta visionaria para posicionar a New Hampshire en la vanguardia de la innovación financiera y tecnológica. Además del proyecto HB302, New Hampshire está impulsando otras iniciativas relacionadas con el ámbito cripto y blockchain.
Entre ellas, se encuentran iniciativas que abordan el desarrollo y regulación de stablecoins, así como la tokenización de activos del mundo real, lo que refleja una tendencia estatal clara hacia fomentar un entorno propicio para el avance tecnológico en finanzas digitales. En paralelo, Florida ha dado pasos importantes en la misma dirección. La Comisión de Seguros y Banca de la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley similar, el HB487. Este avance se realizó con un respaldo unánime, demostrando una robusta aceptación bipartidista sobre la conveniencia de incorporar inversiones en Bitcoin dentro de las finanzas estatales. Este proyecto otorga al Oficial Financiero Principal de Florida y a la Junta Estatal de Administración la facultad para invertir hasta el 10% de ciertos fondos estatales, incluyendo el Fondo General de Ingresos y el Fondo de Estabilización Presupuestaria, en Bitcoin.
El planteamiento se asemeja mucho al de New Hampshire, subrayando la intención de sumar a las rentas públicas una alternativa financiera moderna que aproveche el crecimiento y la consolidación del mercado criptográfico. El patrocinador de HB487, el representante republicano Webster Barnaby, enfatizó la importancia del proyecto en su discurso ante la comisión. Destacó que la ley pondría a Florida en la punta de lanza en la adopción de tecnologías emergentes y que sería un paso firme para asegurar un futuro financiero más dinámico y competitivo para el estado. Lo interesante de esta legislación es que también incluye mecanismos de seguridad y custodia específicos para garantizar la protección de los activos digitales, incluyendo opciones para inversión directa o a través de custodios calificados y productos cotizados en bolsa relacionados con Bitcoin. Esta regulación apunta a mitigar riesgos y proporcionar un marco claro para la gestión institucional de criptomonedas en el ámbito gubernamental.
Estas iniciativas en New Hampshire y Florida se producen en un contexto más amplio donde estados como Arizona y Texas también están pujando para establecer sus propias reservas estratégicas en Bitcoin, reflejando una tendencia nacional hacia la integración formal de criptomonedas en la estructura financiera estatal. Por ejemplo, en Arizona, varios proyectos de ley relacionados con reservas digitales han avanzado en las etapas legislativas, y el debate sobre este tema se ha intensificado con el objetivo de convertirse en pionero en la consolidación de reservas estatales en Bitcoin. Sin embargo, su materialización depende de la firma del gobernador demócrata Katie Hobbs, quien debe sopesar los beneficios y riesgos propios de esta innovación regulatoria. El avance de estas legislaciones responde a múltiples factores. En primer lugar, el crecimiento sostenido del mercado de criptomonedas y su mayor consolidación como un activo financiero legítimo.
Por otro lado, el interés de los gobiernos estatales en diversificar sus portafolios y buscar nuevas fuentes de ingreso y estabilidad financiera frente a un entorno económico global cada vez más incierto. Además, estas leyes reconocen la importancia de establecer un marco regulatorio claro que tranquilice tanto a inversionistas institucionales como a la población en general, ofreciendo transparencia, seguridad y un manejo profesional de estos activos. Sin embargo, estas iniciativas no están exentas de desafíos. El carácter volátil de las criptomonedas plantea preguntas sobre la estabilidad y los riesgos asociados a su inclusión en reservas públicas. Asimismo, la cuestión de la custodia y la protección contra posibles ataques cibernéticos es crítica para evitar pérdidas significativas.
También existen posturas críticas que cuestionan si los gobiernos deben involucrarse en mercados tan fluctuantes y en tecnologías que todavía están en fases tempranas de adopción masiva. El debate continúa siendo intenso y combina la visión innovadora con la prudencia financiera tradicional. En conclusión, el desarrollo y avance de los proyectos de ley sobre reservas de Bitcoin en estados como New Hampshire y Florida señalan un cambio significativo en la percepción y adopción institucional de las criptomonedas en Estados Unidos. A medida que estas leyes progresen y eventualmente se sancionen, podrían definir un nuevo estándar para la gestión financiera pública y posicionar a estos estados como referentes en la innovación fintech y blockchain. El interés en diversificar fondos estatales mediante la inclusión de activos digitales con gran capitalización de mercado muestra una mentalidad proactiva para aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología sin descuidar la seguridad y la regulación adecuada.
Estos avances, sin dudas, serán observados de cerca por otros estados y podrían marcar el inicio de una era en la cual las criptomonedas formen parte esencial del panorama financiero estatal en los Estados Unidos.
