En los últimos años, la regulación de las criptomonedas ha sido uno de los temas más complejos y debatidos a nivel global, en especial en Estados Unidos, donde la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha tenido un papel clave y, a menudo, controvertido. Recientemente, un giro significativo ha sido señalado por el comisionado de la SEC, Mark Uyeda, quien está impulsando una aproximación más colaborativa y flexible hacia la regulación cripto, retomando un enfoque inspirado en la era de la administración Trump. Esta perspectiva busca fomentar la innovación sin sacrificar la protección de los consumidores ni comprometer el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva global. La etapa reciente bajo la administración Biden se caracterizó por un incremento considerable en acciones legales y medidas de cumplimiento estrictas, que para muchos actores del ecosistema cripto dieron la señal de que Estados Unidos no era un terreno favorable para el crecimiento de esta industria. Numerosas demandas y procedimientos llevaron a que proyectos, inversores y desarrolladores optaran por trasladar sus operaciones o estrategias fuera del país, en busca de entornos regulatorios más flexibles y claros.
Mark Uyeda, quien ha servido como comisionado y en enero asumió brevemente como presidente interino de la SEC, ha anunciado cambios trascendentales. Su visión se centra en una regulación basada en principios, conformada mediante diálogo abierto con la industria y teniendo en cuenta las experiencias y aprendizajes de otros países. Para lograr esto, la SEC ha formado una fuerza especial que trabaja en estrecha colaboración con el Ejecutivo y el Tesoro, organizando mesas redondas públicas para recoger opiniones y definir con claridad las reglas que regirán a los activos digitales. Uno de los temas más complejos y que ha generado intensa discusión tanto en tribunales como en la esfera política es la definición de qué activos criptográficos deben considerarse valores bajo la legislación estadounidense. La SEC solo tiene jurisdicción sobre valores, lo que hace indispensable precisar cuáles tokens o criptomonedas encajan dentro de esta categoría para evitar incertidumbre jurídica.
El punto de partida para esta definición es la conocida prueba Howey, un criterio legal establecido en 1946 por la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta prueba determina si un activo representa una inversión de dinero en un negocio común con la expectativa razonable de beneficios derivados del esfuerzo de otros. Sin embargo, aplicar esta prueba a la variedad actual y a la naturaleza diversa de los criptoactivos resulta extremadamente complejo y sujeto a interpretaciones variadas. Uyeda ha adelantado que la SEC ya ha tomado postura frente a categorías específicas de monedas digitales. Por ejemplo, las monedas meme, que han sido muy populares en la última década, generalmente no son clasificadas como valores.
Además, estableció que las stablecoins que no ofrecen rendimientos ni intereses tampoco son consideradas valores bajo esta normativa, al igual que algunas criptomonedas que operan bajo mecanismos de prueba de trabajo (proof-of-work). Este enfoque es significativo porque muestra la intención de la SEC de ajustar sus regulaciones para adecuarse a las características particulares de diferentes tipos de activos, fomentando así un marco regulatorio más claro y adaptable, que aliente la innovación y la participación en el mercado estadounidense sin desplegar tácticas estrictas que han limitado la expansión del sector. El desarrollo de un marco regulatorio basado en principios implica que, en vez de una lista rígida de reglas, las normas se guiarán por valores fundamentales que busquen proteger a los inversores, evitar fraudes y mantener la integridad del mercado, pero que permitan flexibilidad a la industria y ventajas competitivas para las empresas estadounidenses en la escena global. Esta estrategia también contempla el aprendizaje constante y la adaptación, tomando en cuenta el feedback del sector, así como la comparación con regulaciones efectivas aplicadas en otras jurisdicciones. Además, la SEC bajo Uyeda está trabajando en coordinación con otras entidades del gobierno para asegurar que las regulaciones no comprometan el papel del dólar como moneda de reserva internacional, un aspecto vital para la economía estadounidense que está indirectamente relacionado con la estabilidad y confianza en el mercado cripto.
Entre las actividades actuales de la SEC se destacan las mesas redondas y consultas públicas, en las que se discuten temas focalizados como la custodia de activos digitales. Estas iniciativas manifestan una apertura para construir una regulación inclusiva, que refleje una comprensión profunda de los aspectos técnicos y operativos de la industria cripto, y que incorpore la experiencia de reguladores, expertos, empresas y usuarios. La cooperación y coordinación con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro también apuntan a un esfuerzo integral para manejar la convergencia entre criptomonedas, inteligencia artificial y otros sectores tecnológicos emergentes, anticipando desafíos regulatorios y promoviendo un entorno donde la innovación tecnológica pueda avanzar sin obstáculos desmedidos. Secuencias como estas representan un cambio fundamental en la política regulatoria estadounidense, que bien podría sentar un precedente para otros países y contribuir a la consolidación de estándares globales. La búsqueda de un balance entre protección y flexibilidad es clave para evitar riesgos sistémicos, como fraudes o problemas financieros derivados de criptomonedas, al tiempo que se proporciona espacio para que startups y empresas consolidadas evolucionen.
No obstante, cabe mencionar que esta transformación en el enfoque regulatorio no implica la eliminación de mecanismos de control y cumplimiento. La SEC mantiene abierta la opción de acciones legales cuando se detecten violaciones o casos de mala praxis, pero el énfasis se orienta a brindar claridad normativa y evitar una atmósfera que fomente inseguridad jurídica o desaliente inversiones. El periodo actual del cambio en la SEC, encabezado por Mark Uyeda, refleja una nueva etapa en la relación entre gobierno y sector cripto en Estados Unidos. Los especialistas y actores del mercado están atentos a cómo se desarrollarán estas normativas, que tienen el potencial de fortalecer la confianza de los inversores y consolidar la posición del país como un entorno favorable para la innovación financiera basada en tecnologías digitales. A medida que el proceso evoluciona, la participación activa de la comunidad cripto y la vigilancia de los avances regulatorios serán esenciales para que las reglas finales respondan a las necesidades reales del mercado y protejan los intereses de todos los involucrados, sin obstaculizar el desarrollo tecnológico.
Este enfoque colaborativo y basado en principios marcó un antes y un después en la dinámica regulatoria, señalando que la era de una SEC estricta y sancionadora está dando paso a un organismo más receptivo, informado y atento a los imperativos de una economía digital en rápida expansión.
