En un momento crítico para las bibliotecas y museos de Estados Unidos, una decisión judicial reciente representa una victoria significativa para la defensa de estos pilares culturales y educativos. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una orden temporal que detiene el plan administrativo para desmantelar la Institución de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS, por sus siglas en inglés), la única agencia federal dedicada a brindar apoyo y financiamiento a bibliotecas y museos en todo el país. Esta acción judicial surge en respuesta a una demanda interpuesta por la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) y la Federación Americana de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME). La controversia se detonó a raíz de la Orden Ejecutiva 14238, firmada por el entonces presidente Trump el 14 de marzo, que establecía la eliminación de la IMLS. Consecuentemente, la administración inició una serie de medidas que incluyeron la suspensión administrativa de casi todo el personal de esta agencia, la cancelación masiva de subvenciones, el despido de todos los integrantes del consejo directivo y la paralización de investigaciones y recolección de datos cruciales para el cumplimiento legal y el apoyo a las comunidades.
Estas acciones originaron una grave interrupción en la capacidad de las bibliotecas para seguir brindando servicios esenciales a millones de estadounidenses, quienes dependen de estos espacios para el acceso a la información, la educación y la cultura. La presidenta de la ALA, Cindy Hohl, enfatizó la relevancia de la orden temporal, calificándola como un triunfo para las bibliotecas y la ciudadanía en general. Señaló que la corte reconoció la urgencia y la necesidad inmediata de que la IMLS continúe operando, y destacó que esta medida detiene el proceso de desmantelamiento mientras se examinan los méritos del caso en profundidad. La orden llegó días antes de que se ejecutaran los despidos masivos previstos para el 4 de mayo, frenando así el proceso que dejaría a la agencia prácticamente paralizada. Sin embargo, Hohl también subrayó que la solución definitiva requiere una acción decisiva por parte del Congreso para garantizar la financiación continua de la IMLS y, con ello, la estabilidad y continuidad de los servicios bibliotecarios y museísticos a nivel nacional.
Paralelamente a la batalla legal, la ALA ha emprendido una campaña de movilización pública para asegurar que en el presupuesto fiscal de 2026 se incluya la financiación necesaria para el sostenimiento de esta agencia. La campaña invita a los defensores de las bibliotecas a contactar a sus representantes en el Congreso y pedirles que suscriban las cartas dirigidas a los responsables de asignaciones presupuestarias (‘Dear Appropriator’ letters), expresando su apoyo a la financiación federal para la IMLS. La ventana para esta participación ciudadana se espera que cierre a mediados de mayo, por lo que la ALA enfatiza la importancia de actuar rápidamente para hacer oír la voz de las comunidades y proteger recursos esenciales para millones de personas. La IMLS juega un papel fundamental no solo en la financiación de programas y proyectos, sino también en la recopilación de información y el desarrollo de investigaciones que permiten evaluar y mejorar el impacto de bibliotecas y museos en la sociedad. La interrupción de sus actividades representa un riesgo enorme para el acceso equitativo a la información y la educación, especialmente para comunidades vulnerables.
La colaboración entre organizaciones como la ALA y la AFSCME, y el respaldo legal proporcionado por firmas especializadas y Democracy Forward, demuestra la fuerza del activismo conjunto para enfrentar decisiones políticas que afectarían gravemente el ecosistema cultural y educativo. De igual modo, este episodio evidencia la importancia de la población civil para proteger y promover el valor de las bibliotecas como espacios inclusivos y motores de desarrollo social. La defensa de la IMLS no solo es una defensa institucional, sino un compromiso con la democracia y el acceso universal a la información. Además del impacto inmediato en la agencia, esta situación ha generado un amplio debate sobre la inversión de los gobiernos en cultura, educación e infraestructura pública. La controversia pone en evidencia las tensiones entre políticas administrativas que buscan reducir presupuestos y la necesidad social de garantizar espacios que fomenten la diversidad, la creatividad y el aprendizaje constante.
La movilización ciudadana y las acciones legales pueden servir de ejemplo para futuras iniciativas en favor de mantener y fortalecer las instituciones culturales frente a desafíos políticos y económicos. Por otra parte, la ALA continúa monitoreando de cerca las acciones del gobierno y trabaja para garantizar que los empleados del IMLS puedan regresar a sus puestos con las garantías que requieren para seguir impulsando sus funciones vitales. La reciente reincorporación de parte del personal y la reinstauración de algunas subvenciones han sido recibidas con optimismo cauteloso por parte de la comunidad bibliotecaria, conscientes de que la lucha aún no ha concluido. La relevancia de esta batalla trasciende el ámbito institucional y toca el corazón mismo del derecho a la información, a la educación y a la cultura para todos los sectores de la sociedad. Las bibliotecas, más allá de ser simples depósitos de libros, son centros dinámicos para el desarrollo personal y comunitario, la inclusión digital y la participación ciudadana.
