El conflicto en la Franja de Gaza ha alcanzado niveles de devastación y violencia que han alarmado a la comunidad internacional y generado un debate urgente sobre la naturaleza y la gravedad de las acciones cometidas. Un informe reciente de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, publicado para el Consejo de Derechos Humanos, revela una realidad estremecedora: tras meses de operaciones militares, Gaza ha sido prácticamente destruida y la población palestina ha sufrido consecuencias que podrían reunir los elementos que definen un genocidio bajo el derecho internacional. El informe detalla impactos catastróficos en la vida de más de dos millones de personas, con más de 30.000 palestinos muertos, más de 13.000 de ellos niños, y decenas de miles más heridos, muchos de forma permanente.
Las proporciones de destrucción son igualmente alarmantes, con el 70% de las áreas residenciales destruidas y un 80% de la población desplazada forzosamente, obligada a huir de sus hogares y ver cómo muchas familias han sido literalmente borradas o se han quedado sin la posibilidad de enterrar y llorar a sus seres queridos. Este contexto constituye la base sobre la cual la Relatora Especial sostiene que existen fundamentos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que define la comisión de actos genocidas. Según el informe, la intención de destruir física, cultural y socialmente a un grupo como tal está presente en las políticas y acciones militares dirigidas contra la población palestina de Gaza. Aspectos fundamentales del derecho internacional humanitario, como los principios de distinción y proporcionalidad, habrían sido deliberadamente subvertidos para legitimar una violencia que, lejos de ser accidental o colateral, persigue el daño sistemático hacia un pueblo. Uno de los hallazgos más críticos del reporte es que tanto el liderazgo militar y político israelí, así como los soldados en el terreno, han distorsionado principios jurídicos para enmascarar crímenes internacionales bajo una apariencia de cumplimiento legal.
Esto implica que, bajo el pretexto de combatir el terrorismo, toda la población y la infraestructura esencial para su supervivencia han sido convertidas en objetivos legítimos de destrucción, lo cual representa una violación grave y sostenida del derecho internacional. La violencia desplegada no es un fenómeno aislado o reciente, sino que es parte de un proceso prolongado de colonización y desplazamiento que se ha extendido por más de siete décadas. Este proceso busca la expropiación y el control de territorios y recursos, al tiempo que afecta de forma profunda y continua la demografía, la cultura, la economía y la política del pueblo palestino. La llamada Nakba —la gran catástrofe que dio origen al desplazamiento masivo y la desposesión— no ha terminado; más bien, está lejos de resolverse y continúa siendo el eje central de un conflicto que se reproduce y se intensifica. El informe hace un llamado a la comunidad internacional para que actúe con determinación, implementando un embargo de armas inmediato a Israel y adoptando medidas económicas y políticas que garanticen un alto el fuego definitivo.
Además, urge a que se someta la situación ante la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales para que se realicen investigaciones exhaustivas y transparentes sobre los posibles crímenes cometidos, incluidas las denuncias de genocidio y crímenes de guerra. Se destaca la importancia de aplicar el principio de jurisdicción universal, que permite a los Estados investigar y juzgar a individuos sospechosos de crímenes internacionales, incluso si los delitos fueron cometidos fuera de su territorio. Este mecanismo es esencial para evitar la impunidad y garantizar que responsables directos y cómplices sean llevados ante la justicia. Más allá de la justicia penal, el informe insiste en la necesidad de una reparación integral para las víctimas y la reconstrucción sustentable de Gaza. Esto implica reconocer el daño humillante y devastador cometido, y diseñar un proceso de compensación que contemple tanto el costo material como el costo social y psicológico de lo vivido por la población.
Solo a través de estos elementos puede haber una esperanza real de prevención y no repetición futura. En el plano político, se sugiere que la Asamblea General de las Naciones Unidas tome medidas concretas para resolver las causas profundas del conflicto. Entre ellas, se recomienda la reactivación del Comité Especial contra el Apartheid, lo que permitiría enfrentar de manera integral las desigualdades y violaciones sistemáticas de derechos que caracterizan esta crisis. Además, se debe preparar una estrategia diplomática, económica y política que pueda ser puesta en marcha si persisten las violaciones por parte de Israel, en claro respaldo a la legalidad internacional y los derechos humanos. La presencia internacional también desempeña un papel crucial, pues es necesario contar con mecanismos temporales para proteger efectivamente a la población palestina en el territorio ocupado, evitando nuevas violencias y posibles represalias.
Al mismo tiempo, debe garantizarse que organismos como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) cuenten con los recursos necesarios para enfrentar el aumento exponencial de necesidades humanitarias. Este informe, en suma, no solo alerta sobre una crisis humanitaria sin precedentes sino que exige una respuesta global obligada y coordinada, no solo para detener la violencia actual, sino para afrontar las raíces históricas que la alimentan y evitar que se reproduzca indefinidamente. La importancia de la aplicación estricta de las convenciones internacionales, incluyendo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, vuelve a quedar patente como un instrumento indispensable para proteger a los pueblos frente a la intención explícita de destrucción. El caso de Gaza es un claro recordatorio de que la comunidad internacional no puede mantenerse pasiva frente a la violencia masiva y sistemática contra grupos enteros. El desafío es inmenso y complejo, pero la defensa incondicional de los derechos humanos y la justicia internacional deben prevalecer como principios fundamentales para garantizar un futuro de paz y dignidad para todos los pueblos afectados por conflictos de esta naturaleza.
La historia contemporánea de Palestina y la tragedia que vive su población nos debería llevar a reflexionar profundamente sobre los mecanismos internacionales, la responsabilidad de los Estados y organizaciones, y sobre la urgente necesidad de un orden mundial donde las reglas jurídicas sean respetadas y la vida humana protegida por encima de cualquier interés particular o político. En este contexto, el informe de la ONU representa un documento esencial para comprender la magnitud y las implicaciones del genocidio que se podría estar llevando a cabo y para impulsar la acción efectiva de toda la comunidad internacional.
