En un momento decisivo para el mundo de las criptomonedas y la adopción institucional, el estado de Nuevo Hampshire ha logrado posicionarse como pionero en los Estados Unidos al aprobar una ley que autoriza a su tesorería estatal a invertir en Bitcoin y otros activos digitales. El gobernador Kelly Ayotte firmó el 6 de mayo de 2025 la House Bill 302 (HB 302), estableciendo un marco regulatorio que permite al estado diversificar sus reservas financieras mediante la incorporación de criptomonedas, convirtiéndose así en la primera entidad estatal en tomar este paso audaz. Esta legislación no solo simboliza un avance significativo en la integración de innovaciones financieras dentro de estructuras públicas tradicionales, sino que también podría influir en la adopción de iniciativas similares en otras jurisdicciones estadounidenses. La ley entrará en vigor dentro de 60 días, momento a partir del cual la tesorería podrá comenzar a adquirir Bitcoin, posicionando a Nuevo Hampshire a la vanguardia del cambio hacia una gestión financiera que reconoce el valor estratégico de los activos digitales. La decisión fue recibida con optimismo dentro de la comunidad cripto y por defensores de la innovación financiera, ya que marca un viraje hacia una mayor aceptación oficial y transparencia en el manejo de recursos estatales.
House Bill 302 fue introducida en enero de 2025 y establece que el máximo permitido para esta clase de inversiones será del cinco por ciento del total de los fondos estatales. Además, la ley impone estrictos controles para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo, recomendando que estos activos se gestionen mediante custodios regulados en Estados Unidos y con el uso de billeteras multifirma bajo control estatal para mantener elevados estándares de seguridad y transparencia. Esta estructura busca equilibrar la innovadora integración de activos digitales sin comprometer la estabilidad financiera y la responsabilidad fiscal, un desafío fundamental en la implementación de políticas pioneras. Además del Bitcoin, la ley limita las posibles inversiones digitales a aquellos activos con una capitalización de mercado superior a los 500 mil millones de dólares. Actualmente, Bitcoin es el único activo que cumple ese requisito, dado que Ethereum y otras criptomonedas aún no alcanzan dicha valoración, lo que focaliza inicialmente la inversión estatal en la criptomoneda por excelencia y más consolidada.
La aprobación de HB 302 ha generado un efecto dominó en el panorama regulatorio nacional, incrementando las expectativas de que otros estados puedan legislar en favor de reservas estratégicas en criptomonedas. Organizaciones como Satoshi Action, que han impulsado hasta la fecha la promulgación de seis leyes pro-Bitcoin y el patrocinio de más de veinte iniciativas similares a nivel nacional, avalan esta legislación y prevén un aumento en la probabilidad de que más estados sigan el ejemplo de Nuevo Hampshire. El mensaje emitido por la gobernadora Ayotte en la red social X destacaba con orgullo el liderazgo del estado: “Nuevo Hampshire vuelve a ser el primero en la nación. Acabo de firmar una nueva ley que permite a nuestro estado invertir en criptomonedas y metales preciosos.” Esta declaración refleja no solo la aceptación de Bitcoin como un activo valioso, sino también una visión estratégica que conecta la innovación financiera con la historia y cultura local, conocida por su lema “Live Free or Die”.
Contrariamente, varios estados con potencial para sumarse a esta tendencia han mostrado resistencia o retrocesos. Recientemente, Florida decidió suspender indefinidamente dos proyectos de ley similares que habrían permitido invertir hasta un 10% de ciertos fondos estatales en Bitcoin, lo cual representa un enfoque cauteloso frente a la volatilidad y los riesgos asociados con los activos digitales. Por otro lado, Arizona experimentó un revés cuando la gobernadora Katie Hobbs vetó una ley equivalente citando que las criptomonedas representan inversiones aún no probadas, lo cual ralentiza el avance legal en ese estado, aunque otras iniciativas legislativas aún permanecen en consideración. El movimiento de Nuevo Hampshire podría capitalizarse como un caso de estudio ejemplar para demostrar cómo los gobiernos pueden acceder a nuevas oportunidades financieras sin sacrificar la responsabilidad fiscal. La diversificación de activos bajo gestión pública ofrece un modelo que podría traer ventajas financieras significativas a largo plazo, especialmente ante un contexto macroeconómico mundial que se encuentra en constante evolución y que valora cada vez más las innovaciones tecnológicas aplicadas a las finanzas.
Desde el punto de vista económico y tecnológico, la inclusión de un porcentaje limitado de Bitcoin en los portafolios económicos estatales podría proporcionar estabilidad, potencial de alto retorno y mayor resiliencia contra la inflación o devaluaciones monetarias tradicionales. Asimismo, el marco regulatorio especificado en HB 302 busca fomentar un ambiente seguro para la custodia y gestión de estos activos, minimizando riesgos como el fraude o la pérdida de fondos y estableciendo precedentes para regulaciones futuras. Además de los impactos económicos y regulatorios, esta ley impulsa una percepción positiva en la sociedad sobre la legitimidad y la utilidad de las criptomonedas, contribuyendo a su incorporación en la esfera pública y generando confianza ciudadana en la innovación digital aplicada a la gestión de recursos colectivos. Así, se abre un panorama donde las criptomonedas pueden complementarse con activos más tradicionales como el oro y la plata, indicadores clásicos de resguardo de valor, en la configuración de reservas estatales. La conformación de un ecosistema que integre activos digitales en administraciones públicas podría acelerar la educación financiera de la población y el desarrollo de habilidades técnicas y regulatorias alineadas con los avances tecnológicos globales.
Nuevo Hampshire se posiciona como un referente para otros estados y países que buscan balancear tradición, innovación y los desafíos financieros que plantea el siglo XXI. En conclusión, la aprobación del proyecto HB 302 por parte de Nuevo Hampshire representa una ruptura importante en la historia del manejo de fondos públicos en Estados Unidos y una señal de confianza hacia el papel que las criptomonedas podrían tener en el futuro económico estatal y nacional. El estado se convierte en un pionero a nivel mundial y abre la puerta para que otras jurisdicciones consideren estrategias similares que podrían modificar el paisaje financiero público, promoviendo la innovación responsable y el progreso tecnológico al servicio de la estabilidad y crecimiento económico.
