En los últimos años, Corea del Sur se ha enfrentado a un problema emergente y alarmante que va más allá del simple acoso en línea: el porno deepfake. Esta forma de manipulación audiovisual utiliza tecnología de inteligencia artificial para superponer rostros de personas en videos explícitos sin su consentimiento. Aunque la práctica de compartir imágenes íntimas sin permiso no es nueva, la sofisticación tecnológica ha permitido que cualquier persona pueda convertirse en víctima, incluso sin haber tomado o enviado fotos comprometedores alguna vez. La historia de Ruma, una joven universitaria de 27 años, ejemplifica el impacto devastador que puede tener este fenómeno en la vida de las personas afectadas. En un día cualquiera de verano en 2021, su teléfono comenzó a recibir una avalancha de notificaciones con imágenes que mostraban su rostro montado sobre cuerpos desnudos.
Estas fotografías falsas se viralizaron en grupos de Telegram, un espacio conocido por su privacidad y encriptación, a la vez que recibía mensajes acosadores y amenazas para divulgar las imágenes aún más ampliamente. El efecto emocional y psicológico no se hizo esperar: la confianza, la seguridad y la estabilidad emocional de Ruma quedaron profundamente dañadas. Relató que la experiencia quebrantó su forma de ver el mundo, pues descubrió lo fácilmente vulnerable que uno puede estar frente a estas agresiones digitales. Corea del Sur lleva años lidiando con crímenes digitales relacionados con la sexualidad y la privacidad. Desde el escándalo de cámaras ocultas en baños públicos hasta las multimillonarias operaciones contra grupos de Telegram que explotaban sexualmente a mujeres y menores, el país ha enfrentado retos constantes para proteger a sus ciudadanos.
No obstante, la aparición de la tecnología deepfake ha llevado esta problemática a una nueva dimensión, especialmente preocupante entre estudiantes y docentes. Datos oficiales del Ministerio de Educación muestran que entre enero y noviembre de 2024 más de 900 casos relacionados con deepfakes en colegios fueron reportados. Las universidades tampoco han quedado exentas, enfrentando también un aumento de reportes. La implicación de menores en esta cadena de victimización eleva la urgencia por respuestas efectivas. Ante esta crisis, el gobierno surcoreano ha tomado medidas legales significativas.
Se promulgó una enmienda que endurece las penas, haciendo ilegal no solo la creación y distribución sino también la simple posesión o visualización de contenido sexual manipulado mediante IA. Las sanciones incluyen hasta siete años de prisión para quienes produzcan o compartan material sin el consentimiento de las víctimas y multas millonarias para los consumidores de estos videos. Además, la Agencia Nacional de Policía exhorta a sus agentes a intensificar la erradicación de estos delitos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y la legislación reformada, la aplicación práctica enfrenta obstáculos: de 964 casos reportados solo 23 personas fueron arrestadas en un período reciente, evidenciando problemas en las investigaciones y la dificultad para identificar a los perpetradores en plataformas protegidas por encriptación y políticas de privacidad estrictas. Los procedimientos policiales y judiciales tampoco siempre ofrecen a las víctimas el soporte deseado.
Ruma, por ejemplo, experimentó frustración cuando la policía le explicó que solicitarían información a Telegram, pero sabían que esta plataforma es reticente a compartir datos de usuario por su enfoque en la privacidad. La culpa y la desesperanza pueden aislar aún más a las víctimas, y por esta razón muchos afectados deciden tomar la justicia en sus manos. Con la ayuda de activistas como Won Eun-ji, reconocida por haber destapado uno de los mayores casos de explotación digital en Telegram en 2020, Ruma y otros lograron infiltrar grupos exclusivos y reunir evidencia suficiente para un operativo policial exitoso. Dos exalumnos de la prestigiosa Universidad Nacional de Seúl fueron arrestados en 2024, uno con una condena de nueve años y otro con 3.5, bajo cargos de producción y distribución de material sexual explícito sin consentimiento.
Las implicaciones sociales son, sin embargo, más vastas que los procesos judiciales. Casos como los de la profesora Kim, cuyo cuerpo fue alterado en imágenes profundamente reales y difundidas en Twitter, muestran cómo la experiencia deja una marca imborrable. La doble victimización persiste: las propias instituciones o la sociedad en general pueden mostrar apatía o incluso cuestionar la gravedad del delito, argumentando que el cuerpo no es real o que las imágenes son falsas. Este escepticismo contribuye al estigma y desalienta a muchos a denunciar o buscar ayuda. En el ámbito tecnológico, plataformas como Telegram han sido señaladas como espacios donde prosperan este tipo de delitos debido a la encriptación fuerte y la dificultad para rastrear a los usuarios.
Sin embargo, la presión gubernamental y social está modificando este panorama. Telegram anunció medidas para incrementar la colaboración con autoridades, incluyendo la creación de un canal directo para eliminar contenido ilegal tras solicitudes oficiales. Este avance fue reforzado después de que el CEO Pavel Durov enfrentara una orden de arresto en Francia por no moderar adecuadamente el contenido. Aunque la cooperación aún es limitada y genera cierta desconfianza entre observadores expertos, representa un paso hacia adelante en la lucha contra el porno deepfake. La problemática del deepfake en Corea del Sur no solo es un desafío legal y tecnológico, sino también un reto cultural.
La normalización o trivialización de la explotación sexual digital perpetúa un ciclo de impunidad y miedo. Instituciones educativas han respondido con programas de concienciación y educación preventiva, buscando desde la raíz modificar el entorno que permite que estos crímenes se expandan. En tanto, activistas llaman a una reforma social que incluya mayor empatía hacia las víctimas, castigos ejemplares para los agresores y un entorno digital más seguro. A pesar de todas las dificultades, el camino hacia la justicia y la protección es posible y necesario. Historias como la de Ruma y Kim evidencian la resiliencia y la lucha constante contra un fenómeno que usa la tecnología para explotar y destruir vidas reales.
El compromiso conjunto de autoridades, plataformas digitales y la sociedad civil es imperativo para detener esta ola de violencia digital. Solo así Corea del Sur podrá enfrentar y superar el reto que representa el porno deepfake, protegiendo la dignidad, la privacidad y la seguridad de sus ciudadanos en la era digital.
