En marzo de 2025, World Liberty Financial (WLFI), un proyecto criptográfico vinculado a la familia Trump, anunció el lanzamiento de USD1, un stablecoin que promete estar respaldado en un 100% por activos líquidos como bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, depósitos en dólares y otros equivalentes en efectivo. Esta noticia ha puesto en alerta a expertos, legisladores y observadores internacionales, aumentando las preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y riesgos sistémicos relacionados con la implicación del expresidente Donald Trump en el sector cripto. WLFI no es ajeno a la polémica. En enero de 2021, justo antes de la inauguración presidencial de Donald Trump, lanzó un memecoin que experimentó una escalada abrupta en su precio para luego desplomarse en cuestión de días. Este patrón despertó acusaciones de esquemas de pump-and-dump, prácticas fraudulentas consistentes en inflar artificialmente el valor de un activo para venderlo rápidamente y obtener beneficios a costa de otros inversores.
No solo eso, sino que WLFI ha realizado adquisiciones multimillonarias de tokens criptográficos justo antes de eventos y anuncios clave en los que Trump estaba involucrado, como la compra de 20 millones de dólares en criptomonedas anticipándose a la Cumbre de Cripto de la Casa Blanca del 7 de marzo, lo que alimenta especulaciones acerca del posible uso de información privilegiada. La combinación de la creciente cartera de WLFI y la relativa ausencia de supervisión regulatoria en la industria cripto lleva a expertos y académicos legales a expresar su inquietud sobre cómo esta situación podría deteriorar la confianza en los mercados y erosionar la integridad de las instituciones públicas. Desde el punto de vista legal, el vínculo estrecho entre el proyecto de stablecoin y el expresidente pone en cuestión la posible violación de la cláusula de emolumentos de la Constitución de Estados Unidos, que busca evitar que miembros del gobierno reciban ganancias inapropiadas o influencias externas a través de sus cargos públicos. Andrew Rossow, abogado especializado en derecho cibernético y medios digitales, ha señalado que la emisión de USD1 representa una amenaza directa a salvaguardas constitucionales diseñadas para prevenir conflictos de interés. Con la familia Trump controlando el 60% de la participación accionaria en World Liberty, la stablecoin USD1 podría facilitar ganancias financieras indirectas o incluso influencias extranjeras indebidas, especialmente si entidades foráneas deciden invertir o utilizar esta moneda digital.
Este aspecto es particularmente preocupante dado el énfasis del proyecto en facilitar transacciones transfronterizas seguras y sin fricciones, abriendo potencialmente la puerta a actores internacionales con intereses políticos o económicos en influir sobre políticas estadounidenses. Además, Corey Frayer, exfuncionario de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que trabajó en políticas relacionadas con criptomonedas bajo la administración Biden, ha manifestado su inquietud acerca de la opacidad que rodea este mercado y las conexiones pasadas con actividades financieras ilícitas. En sus declaraciones a prestigiosos medios, ha destacado que la combinación de la influencia política y la tecnología financiera puede socavar la estabilidad y la integridad del mercado, fomentando prácticas que podrían distorsionar la competencia y beneficiar desproporcionadamente a ciertos actores cercanos al poder. El tema ya ha sido objeto de atención en el Congreso de Estados Unidos, donde figuras como la representante demócrata Maxine Waters han alertado sobre el hecho de que cualquier persona en el mundo, incluyendo individuos sancionados o prohibidos en los mercados financieros estadounidenses, podría especular y obtener ganancias a través del memecoin $TRUMP en plataformas no reguladas. Este argumento fortalece el temor a que la criptomoneda conectada a la familia Trump actúe como un canal para lavado de dinero o para financiar actividades que vulneren sanciones internacionales, agravando así los riesgos geopolíticos.
El debate también se extiende al potencial impacto financiero más amplio. Críticos han señalado que un presidente en funciones o con fuerte influencia política involucrado en la emisión de instrumentos respaldados por deuda pública podría ser un precedente peligroso. Heath Mayo, fundador de Principles First, un movimiento conservador alternativo a Trump, ha calificado esta iniciativa como una muestra de incentivos corruptos y uso indebido del crédito de los contribuyentes estadounidenses. En este sentido, la combinación de poder político y capital privado en la esfera cripto genera tensiones sobre la transparencia, la equidad y el respeto a los límites legales establecidos para preservar la confianza pública. A nivel regulatorio, la iniciativa de WLFI representa un desafío enorme.
A pesar de cambios en la administración de la SEC, la falta de claridad en la regulación de activos digitales dificulta la supervisión efectiva. Algunos expertos, como Rossow, recomiendan que otras agencias federales, como la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), intensifiquen sus investigaciones para prevenir abuso y fraude. Además, los reguladores estatales y fiscales tienen un papel fundamental para proteger a los consumidores bajo leyes locales más estrictas. La dimensión internacional tampoco puede ser ignorada; dado el alcance global de las criptomonedas, organismos de otros países pueden coordinar presiones para implementar una regulación más robusta que limite abusos y preserve la integridad financiera. Por otro lado, no todas las opiniones son críticas.
Algunos sectores de la industria ven con buenos ojos la entrada de figuras conocidas y marcas fuertes en el mundo cripto, interpretándolo como un signo de madurez y adopción creciente. Chris Barrett, director de comunicaciones en Chainlink, ha felicitado el proyecto señalando que la influencia global del dólar estadounidense se fortalecerá con la aparición de stablecoins y su adopción en mercados financieros tradicionales. Arnoud Star Busman, CEO de Quantoz Payments, ha afirmado que USD1 representa la validación de cómo las stablecoins están abriendo caminos para que instituciones financieras incorporen activos tokenizados y activos del mundo real, acercando así la tecnología blockchain a sectores convencionales. El impacto político es, sin embargo, ineludible. La posibilidad de que un expresidente ejerza un papel tan decisivo en un mercado financiero emergente y poco regulado complique las dinámicas democráticas y erosione la separación entre intereses públicos y privados.