El expresidente Donald Trump, conocido por sus políticas comerciales proteccionistas y su enfoque agresivo hacia el uso de aranceles, planteó durante su administración una idea que llamó la atención de economistas, políticos y analistas en general. Su propuesta consistía en eliminar el impuesto federal sobre la renta y sustituirlo por un sistema de aranceles que gravara las importaciones en una escala mucho más amplia y elevada. Para Trump, esta medida representaba no solo una política comercial sino un mecanismo para financiar los gastos públicos sin necesidad de que los estadounidenses pagaran impuestos sobre sus ingresos. Sin embargo, numerosos expertos y economistas consideran que este plan es prácticamente imposible de implementar debido a una combinación de limitaciones económicas, legales y de mercado. Para entender por qué el reemplazo del impuesto sobre la renta con aranceles es una idea irrealizable, es necesario examinar el papel que desempeñan ambos tipos de impuestos en la economía estadounidense y el volumen que representan en los ingresos del gobierno federal.
Actualmente, los impuestos sobre la renta representan aproximadamente tres billones de dólares al año, siendo la principal fuente de ingresos para financiar servicios públicos, defensa, infraestructura y otros gastos gubernamentales. Por otro lado, el total de importaciones de Estados Unidos ronda también esa cifra, con un valor aproximado de tres billones de dólares anuales. Esto lleva a una conclusión simple en teoría pero compleja en la práctica: para igualar los ingresos generados por el impuesto sobre la renta únicamente mediante aranceles, se necesitarían tasas de gravedad extraordinariamente altas, que para cubrir el monto exacto serían del 100% o incluso superiores. La imposición de aranceles del 100% sobre todos los productos importados supone que los consumidores estadounidenses pagarían el doble del precio original de dichos productos. Sin embargo, los estudios y análisis económicos señalan que un aumento tan abrupto y desproporcionado en los costos de importación tendría efectos devastadores en el consumo, la cadena de suministro y, en última instancia, en la economía en general.
El efecto lógico sería una disminución considerable en la demanda de productos importados, lo que a su vez reduciría el flujo de los mismos y, por consiguiente, el ingreso real recaudado por aranceles sería mucho menor al estimado inicialmente. Este fenómeno ya se ha observado en la práctica. Por ejemplo, durante la administración Biden, se impuso un arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos importados desde China con el argumento de proteger a la industria automotriz nacional. Esta medida prácticamente eliminó las importaciones de ese tipo de vehículos, lo que demostró que cuando los aranceles son excesivos, el comercio se reduce drásticamente, impidiendo que el gobierno reciba ingresos significativos de estos gravámenes. Además de los efectos económicos, un punto esencial que descarta la viabilidad del plan de Trump es el nivel actual de los aranceles y su contribución fiscal.
En la actualidad, los aranceles generan aproximadamente 170 mil millones de dólares anuales, una cifra que representa apenas una fracción comparada con los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta. Para que los aranceles sustituyan completamente dicha fuente de ingresos, estos tendrían que incrementarse de manera exponencial, estimándose que la tasa necesaria podría alcanzar hasta un 200% sobre todos los productos importados, una cifra que resulta insostenible desde cualquier análisis racional. Los economistas también advierten sobre las consecuencias macroeconómicas de implementar un sistema basado en aranceles tan elevados. En primer lugar, el aumento en los precios de los bienes importados sometería a presión a los consumidores, especialmente a las clases medias y bajas, quienes verían reducido su poder adquisitivo considerablemente. El efecto inflacionario derivado podría provocar una desaceleración en el consumo interno y un posible aumento en el desempleo en sectores afectados por la disminución de la demanda.
Por otro lado, los socios comerciales de Estados Unidos podrían reaccionar imponiendo sus propios aranceles, generando una escalada de medidas proteccionistas que perjudicaría la competitividad de las exportaciones estadounidenses y afectaría las cadenas globales de valor. Estas represalias comerciales son un riesgo real y probado en episodios anteriores donde las guerras comerciales han generado incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. Cabe destacar que los sistemas tributarios modernos basan su equilibrio en la diversificación de fuentes de ingresos. El impuesto sobre la renta, junto con otros tributos como el impuesto al consumo o a las propiedades, permite que la carga fiscal se distribuya como un mecanismo de justicia social y eficiencia económica. Concentrar toda la recaudación en un solo tipo de gravamen, y además uno sujeto a las fluctuaciones del comercio internacional, implicaría una alta volatilidad en los ingresos públicos y una dependencia casi exclusiva de factores externos, un riesgo financiero que la mayoría de economías maduras eluden cuidadosamente.
En el debate público, algunos partidarios del plan de Trump aseguran que los aranceles podrían estimular la producción nacional al proteger a las industrias locales de la competencia extranjera, generando empleo y fortaleciendo la economía. Sin embargo, los críticos responden que esta visión es simplista y no considera los costos indirectos asociados, como la pérdida de eficiencia, el aumento de precios para consumidores y empresas que dependen de insumos importados, y el daño reputacional que se genera en un entorno global interconectado. En síntesis, aunque la idea de eliminar impuestos sobre la renta y financiar al gobierno exclusivamente mediante aranceles comerciales pueda parecer atractiva desde una perspectiva simplificada, la realidad económica y fiscal demuestra que es inviable. La magnitud desproporcionada de las tasas necesarias, los efectos negativos en el consumo y la producción, así como los riesgos en las relaciones comerciales internacionales, hacen que esta propuesta sea descartada por expertos y analistas como un sueño imposible. Las políticas tributarias efectivas requieren un enfoque equilibrado que contemple la equidad y la sostenibilidad fiscal.
En este sentido, el incremento indiscriminado y elevado de aranceles como sustitución total de otros impuestos constituye un riesgo considerable para la estabilidad económica y social. Por lo tanto, el consenso general entre economistas es que mantener una estructura tributaria diversificada y adaptada a las realidades del mercado es vital para el bienestar económico de cualquier nación, incluyendo Estados Unidos.
